Actualizado hace 2 horas
La geopolítica vuelve a marcar el ritmo de la política estatal. Este viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá ante los medios de comunicación tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado con un objetivo prioritario: presentar el plan integral de respuesta a las graves consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Tras días de intensas reuniones con agentes sociales, grupos políticos y los sectores más damnificados por la inestabilidad en Oriente Próximo, el Ejecutivo pondrá sobre la mesa una hoja de ruta que, según han avanzado fuentes gubernamentales, será "proporcional, perimetrada y focalizada".
Moncloa aprobará el viernes el plan de medidas para afrontar la guerra en Irán
El objetivo principal de Moncloa es claro: limitar el impacto directo de la escalada de precios en los combustibles y la electricidad, que amenaza con lastrar la recuperación económica y asfixiar a las familias y empresas más expuestas. Para ello, el plan se articula en torno a cuatro ejes fundamentales que pretenden ofrecer una respuesta tanto inmediata como estructural a la crisis energética.
Las cuatro dimensiones del escudo económico
El plan que detallará Sánchez no se limita según en Ejecutivo a parches temporales, sino que busca profundizar en la transición energética. La primera dimensión es la estructural, centrada en reducir la dependencia exterior mediante un impulso decidido a las energías renovables. El Ejecutivo apostará por incentivar las comunidades energéticas, fomentar el autoconsumo y promover el uso de bombas de calor y la electrificación de la economía, medidas que buscan blindar al país ante futuras crisis de precios en los mercados internacionales.
La segunda pata del plan es el paquete fiscal. El Gobierno busca minimizar el coste energético y eléctrico mediante ajustes en la fiscalidad, tratando de aliviar la carga que soportan los consumidores finales en sus facturas. Este bloque se complementa con una tercera dimensión crucial: la focalización en los sectores más afectados. Aquí, el foco se pone directamente sobre el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, sectores que por su propia naturaleza son extremadamente dependientes de los precios del carburante y la energía.
Escudo social
Finalmente, el cuarto pilar es el escudo social. En un contexto de inflación galopante, el Gobierno quiere asegurar la protección de los más vulnerables. Entre las medidas confirmadas destaca la prohibición de cortes de suministro energético para las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando que nadie se quede sin servicios básicos por culpa de la volatilidad del mercado.
Lo que se queda fuera
A pesar de la ambición del plan, el Ejecutivo ha optado por la prudencia en ciertos aspectos que generaron polémica en crisis anteriores. Lo que parece descartado por ahora es recuperar la bonificación general de 20 céntimos por litro de combustible, una medida que se aplicó durante la guerra de Ucrania pero que en esta ocasión no formará parte del decreto. Tampoco se contempla, de momento, una rebaja del IVA de los alimentos.
En el ámbito de la vivienda, la situación es más compleja. Tanto la vicepresidenta primera como el ministro de Economía han confirmado que el decreto no incluirá la prohibición de desahucios ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. La razón es meramente parlamentaria: el Ejecutivo reconoce que estos puntos no cuentan con el apoyo suficiente en la Cámara. "Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso", ha señalado la ministra Montero, enfriando las expectativas de socios como Sumar y otras fuerzas de izquierda.
Votación en el Congreso
El tiempo apremia. El Congreso de los Diputados debatirá y votará la convalidación de este decreto el próximo jueves, 26 de marzo. Aunque su entrada en vigor será inmediata tras la aprobación en el Consejo de Ministros, el trámite parlamentario es obligatorio para su continuidad. La Junta de Portavoces ya ha agilizado los plazos para que la Mesa de la Cámara lo califique con rapidez y se incluya en el Pleno de la próxima semana, evitando dilaciones en su aplicación.
Los líderes de la UE piden a Bruselas medidas "sin demora" para contener el alza de los precios
Por otro lado, la partida también se juega en Europa. La Comisión Europea ha trasladado que, por ahora, no habrá flexibilidad en las reglas fiscales a pesar del impacto del conflicto en Oriente Próximo. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda se mantiene la esperanza de que, si la guerra en Irán se prolonga en el tiempo, Bruselas acabe cambiando su posición para permitir un mayor margen de maniobra a los Estados miembros. El Gobierno asegura que el plan nace con la flexibilidad necesaria para ir adaptándose a una situación internacional que evoluciona día a día.
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