El Gobierno español de Pedro Sánchez ha querido tener un gesto este martes con motivo del 50º aniversario del 3 de marzo de 1976 de Gasteiz, pero no ha cumplido las expectativas generadas, ni tampoco ha querido dar continuidad al paso que habían dado los socialistas vascos cuando reconocieron el "papel" del Estado en una declaración pactada con el PNV en el Parlamento Vasco. El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional que "condena la actuación desproporcionada" de la Policía Armada, aunque no menciona al Gobierno de la época, el Ejecutivo de Arias Navarro, constituido tras la muerte de Franco y antes de las primeras elecciones generales democráticas. La declaración reconoce el sufrimiento de las víctimas, de los cinco trabajadores muertos (Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda) y de la multitud de heridos que provocó la carga a tiros de la Policía para reprimir la asamblea de trabajadores en una jornada de huelga general. Pero no reconoce la responsabilidad directa del Estado, como habían pedido la Asociación 3 de Marzo y partidos como EH Bildu, ni tampoco asume la alternativa que consiguió pactar el PNV con sus socios del PSE, el "papel" del Estado. De hecho, tampoco menciona por escrito cuál era el Gobierno de la época y no se señalan responsabilidades más allá de la Policía. Además, aunque la semana pasada sacó a la luz los documentos sobre el intento fallido de golpe de Estado del 23-F, esta vez no ha querido hacer lo mismo y no ha anunciado ninguna desclasificación de secretos oficiales relacionados con el 3 de marzo para esclarecer este episodio. Un día antes, el secretario de Estado de Memoria Democrática sí se había referido al responsable de Gobernación, Manuel Fraga (posterior fundador de Alianza Popular y líder del PP). Aquel fatídico día, Fraga se encontraba en Alemania y ocupaba su cargo en funciones Adolfo Suárez.
Declaración institucional
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno español, la socialista navarra Elma Saiz, ha leído un pequeño extracto de la declaración. El texto íntegro sitúa el 3 de marzo en un contexto de conflictos laborales y huelga, y relata cómo las fuerzas policiales rodearon la iglesia de San Francisco de Asís y se ordenó el desalojo "sin que constara incidente previo que lo justificara". La Policía, como recuerda la declaración, lanzó botes de humo para provocar la salida de los allí concentrados y los recibió con golpes y disparos. El Consejo de Ministros cita con nombres, apellidos y edades a los fallecidos (Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32; y Bienvenido Pereda, de 30), y recuerda también que hubo 26 heridos por impacto de bala y otros lesionados de diversa consideración. "No se debe olvidar que la lucha obrera fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades (...). Las víctimas del 3 de marzo de 1976 han sido reconocidas y reparadas por las instituciones vascas y estatales. Así, el Gobierno Vasco, la Diputación foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz y la Diócesis de Vitoria acordaron crear una Fundación y ubicar en la iglesia de San Francisco de Asís el Centro Memorial de las Víctimas del 3 de marzo de 1976, a la que el Gobierno de España ha aportado 600.000 euros", dice, para recordar que esta iglesia acaba de ser designada como lugar de la memoria.
"En esta declaración institucional, el Gobierno de España expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares. Asimismo, condena la actuación desproporcionada de la Policía armada en aquellos lamentables hechos y reconoce el sufrimiento y el dolor padecido por las víctimas y sus familiares, y la trascendencia histórica de lo sucedido. El Gobierno de España reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática", sostiene.
Los socialistas han defendido todo este tiempo que no debían hacerse responsables por una carga policial que tuvo lugar en un Gobierno predemocrático del que, además, se consideran víctimas. Han puesto el foco en que los trabajadores asesinados defendían sus derechos laborales. No obstante, las víctimas habían solicitado ese gesto como puerta de entrada a una mayor reparación, y quizás una verdad judicial, toda vez que este caso está envuelto en la impunidad y no han existido condenas judiciales, cuestión que no menciona la declaración. También se exigía una mención a esa responsabilidad del Estado porque las declaraciones de la época dejan ver que la carga de Gasteiz se orquestó como una medida ejemplarizante para otras protestas. Es cierto que el Consejo ha aprobado otra decisión, pero no aporta novedades a la reparación de los cinco fallecidos. En concreto, se ha aprobado un decreto ley que tendrá que convalidar el Congreso y que amplía el marco temporal de reparación por casos de muerte e invalidantes hasta la entrada en vigor de la Constitución española en 1978. El plazo anterior se extendía del 1 enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. En unas declaraciones posteriores, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha puesto en valor esta decisión y la declaración aprobada, porque supone "reponer la dignidad" de las víctimas y "defender la lucha sindical".
Insuficiente para el PNV
Desde el PNV, que conocía de antemano el contenido del texto, el presidente del EBB, Aitor Esteban, aseguró que la declaración se queda "corta", y lamentó que el PSE dio "un paso" en el Parlamento Vasco al mencionar el "papel" del Estado y condenar al Gobierno de la época, pero esos gestos no los ve "por escrito" reflejados en el acuerdo del Consejo de Ministros. La cuestión es que el acuerdo que alcanzó el PNV con los socialistas en el Parlamento fue muy criticado por otros grupos, pero que el Estado no haya asumido esos mismos términos demostraría que no eran unas palabras tan huecas o poco audaces como se trasladó de manera crítica desde la oposición al Gobierno Vasco. El PNV pidió a Sánchez que dé un paso adelante, y le recordó también que "la verdad solo puede conocerse a través de la desclasificación de documentos" o a través de una modificación de la Ley franquista de Secretos Oficiales y la apertura de todos los documentos que corresponden a los años en que ocurrieron los hechos, los anteriores y los posteriores. Pide un acceso libre a los documentos sin cortapisas para los investigadores y cualquier otra persona que los quiera conocer. "Si se quiere rendir un verdadero homenaje a las víctimas, lo que debe hacerse es modificar la ley", dijo, sin ocultar su "decepción".