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Como ya hizo con el bombardeo de Gernika del 26 abril 1937, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobará este martes una declaración institucional, con la que pretende escenificar un gesto en el 50º aniversario de la actuación de la Policía Armada española que arrebató la vida a cinco trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres confirman a Grupo Noticias que aprobarán una declaración, pero no ofrecen detalles sobre su alcance y sus términos concretos a la espera de que se hagan públicos en la rueda de prensa posterior al Consejo. En cualquier caso, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, siguió hablando este lunes en términos de “condena” de los hechos y “reconocimiento” hacia las víctimas, y rechazó de manera categórica la posibilidad de reconocer alguna “responsabilidad” por parte del Estado.
Aunque la responsabilidad la asumirían en nombre del Estado porque fueron sus estructuras las que cometieron la masacre, los socialistas siguen tomándose estas exigencias como algo personal y dicen que ellos mismos fueron víctimas, porque los cinco trabajadores muertos estaban defendiendo reivindicaciones laborales en una huelga general. Y recalcan que los hechos tuvieron lugar antes de las primeras elecciones democráticas, aunque Franco ya hubiera muerto. El secretario de Estado situó los hechos en el marco del Gobierno “Arias-Fraga”, un Ejecutivo predemocrático y “continuista” del franquismo, y despachó el asunto pidiendo “que cada palo aguante su vela”. Las fuentes consultadas aseguran que el secretario se limitó a constatar que fue durante ese periodo cuando se produjo “la actuación desproporcionada” de la Policía Armada, pero no confirman que esos dos nombres vayan a aparecer expresamente en la declaración institucional. La otra gran pregunta que podía surgir es si, además de la declaración institucional, el Consejo de Ministros optará por desclasificar los documentos sobre el caso este mismo martes, sin esperar a que se reforme la Ley de Secretos Oficiales. Lo acaba de hacer con los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F. Sin embargo, las fuentes consultadas se remiten al proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso y que “depende de los grupos políticos”. Hasta ahí pueden leer.
Por tanto, de momento no hay desclasificación, aunque también es cierto que, con el 23-F, se presentó como una decisión personal del presidente español y fue Sánchez quien lo anunció en sus redes sociales. Fue el secretario general del PSE, Eneko Andueza, quien levantó la liebre este lunes en Radio Euskadi sobre una posible declaración institucional, aunque él fue más allá y, en otra pregunta, añadió que sería “buen momento” para desclasificar los secretos, porque los documentos del 23-F han sido “un primer paso y no van a ser el último”.
La Asociación 3 de Marzo ha solicitado al Gobierno español que reconozca expresamente la responsabilidad directa del Estado más allá de condenar lo sucedido o reconocer a las víctimas. Es un término que quizás podría tener alguna consecuencia jurídica o administrativa para facilitar una mayor reparación, toda vez que los acontecimientos siguen envueltos en un halo de impunidad y tampoco se conoce toda la verdad. El PNV acordó con el PSE que los socialistas admitieran al menos el “papel” del Estado, una alternativa que está sobre la mesa aunque la Asociación cree que es insuficiente.
Lugar de memoria
Fernando Martínez acudió a Gasteiz para descubrir la placa que otorga la categoría de lugar de la memoria a la iglesia de San Francisco de Asís, donde se celebró la asamblea de trabajadores brutalmente reprimida a tiros. Arrebataron la vida a Pedro Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Franco había muerto ya, y el Gobierno lo presidía Arias Navarro. Manuel Fraga (a la postre, fundador de Alianza Popular y más tarde líder del PP) era el ministro de Gobernación, pero se encontraba de viaje en Alemania. Su puesto lo cubría entonces Adolfo Suárez, quien se convertiría poco después en el primer presidente español electo tras la dictadura. En el acto de la placa participaron la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; la alcaldesa también socialista de Gasteiz, Maider Etxebarria; el diputado general de Araba, el jeltzale Ramiro González, y el obispo de Gasteiz, Juan Carlos Elizalde.
Mientras tanto, sigue el desencuentro por la lectura del 3-M. Andueza repitió que “EH Bildu ha tratado de darle un barniz nacionalista” haciendo una comparación con el Bloody Sunday norirlandés, pero las víctimas del 3-M eran “inmigrantes”, trabajadores que hacían reivindicaciones laborales. También le recriminó su “ímpetu” a la hora de exigir la desclasificación de estos papeles mientras son “tremendamente laxos” para esclarecer los más de 300 atentados de ETA sin resolver. Deslizó que alguna diputada debería “arrojar luz” sobre los atentados, en referencia a Mertxe Aizpurua, que escribió la biografía de Argala, ideólogo de ETA. Pello Otxandiano se reunió este lunes con una delegación relacionada con el trágico Bloody Sunday norirlandés, y pidió al Gobierno español que asuma la responsabilidad como hizo el británico con una investigación oficial que arrojó luz sobre lo ocurrido. Explicó con ese argumento el paralelismo que traza EH Bildu.