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Política

Rodrigo Rato pide que el ex ministro Rafael Catalá testifique en su juicio

Rato a su llegada para declarar por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
Rato a su llegada para declarar por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

El ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía Rodrigo Rato ha presentado este mismo lunes su escrito de defensa, de cara al juicio sobre el presunto origen ilegal de su patrimonio, solicitando que con carácter previo se le exonere de todos los delitos que se le imputan, porque alega que es víctima de una "causa general", si bien en caso de que eso no suceda ha propuesto que el ex ministro de Justicia Rafael Catalá declare como testigo.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa interesa a la Audiencia Provincial de Madrid que se celebre una vista antes del juicio para acodar en el trámite de cuestiones previas el archivo del caso contra Rato. En la misma línea, de forma subsidiaria exige su "libre absolución", así como la condena por las costas totales a las acusaciones.

Asimismo, en el escenario de que rechazadas sus cuestiones previas se celebrara el juicio, pide que Catalá testifique por unas declaraciones que hizo el 16 de abril de 2015 en las que comunicó que Rato "había presentado el modelo 750" y "las investigaciones que se estaban llevando a cabo de 'hasta 705 personas de lo que se considera, de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente".

Plantea igualmente que testifique el ex director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez, "en relación con sus declaraciones públicas sobre las investigaciones previas a la denuncia temprana que realizaron los funcionarios que él dirigía" y que dio lugar al inicio de la causa.

El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, donde se ha investigado este asunto, dictó auto de apertura de juicio oral el pasado 1 de junio, señalando a Rato por la presunta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción en los negocios. La Fiscalía Anticorrupción pide 70 años para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.

Sin embargo, la defensa afirma que Rato "no ha cometido delito fiscal alguno", ni de ningún otro tipo, al tiempo que resalta el hecho de que "ha sido un destacado político, ocupando puestos de gran relevancia tanto a nivel nacional, en el Gobierno de España, como a nivel internacional, como director general del Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Una mera "diferencia de criterios"

Desgrana las acusaciones contra el ex dirigente 'popular' para defender, respecto al presunto delito fiscal, que "se reduce a una disconformidad de la Agencia Tributaria con el modo en que habría decidido tributar las rentas percibidas por sus trabajos de asesoramiento y consultoría --a través de sociedades profesionales en lugar de directamente en su IRPF--", una "diferencia de criterios" que cree que, como mucho, debería solucionarse en la vía contencioso-administrativa, no penal.

"No solo no ocultó sino que declaró voluntariamente a la AEAT la titularidad de sus sociedades en el exterior, conforme a la legalidad vigente. (...) En consecuencia, no existía opacidad ni ocultación, sino transparencia con la AEAT", asevera.

En cuanto a los contratos de publicidad adjudicados por Bankia a Zenith y Publicis, que también son objeto de esta causa, la defensa mantiene que estas empresas "ganaron los concursos sin ninguna intervención de Rato". Y añade que "no consta en la causa la existencia de ofertas mejores a las que se presentaron las ganadoras de los concursos, tampoco que se haya incumplido ningún procedimiento interno".

Por último, en lo relativo al presunto blanqueo de capitales determina que no se ha conseguido acreditar un ilícito anterior del que procedieran los fondos lavados, por lo que "sin delito antecedente no puede haber delito de blanqueo de capitales".

"Patente de corso"

En su escrito, de 101 páginas, el ex ministro de Economía viene a denunciar que ha sido víctima de una "causa general", "por cuanto el objeto del presente procedimiento, por más que se trate de maquillar por parte del Ministerio Fiscal, no es otro que la persona de Rodrigo Rato".

En este sentido, sostiene que los investigadores han llevado a cabo una "fishing expedition" o "investigación prospectiva" para "recabar información sobre determinadas personas o sobre determinados entornos sociales, políticos o de cualquier otra índole, sin más base que el simple prejuicio consistente en que aquellos entornos o círculos suelen ser campos abonados a la delincuencia".

En concreto, cree que la autorización judicial para la entrada y registro se utilizó como una "patente de corso" para poder investigar su "vida entera", apostillando que, como "consecuencia de la incautación masiva de documentación, su volcado y análisis, se hizo imposible por las partes analizar los más de 12 millones de documentos incautados para poder expurgar dichos dispositivos y documentación incautada".

"Nos encontramos ante una causa general y prospectiva, en la que se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con mi patrocinado", alerta la abogada de Rato.

El auto de entrada y registro, "nulo de pleno derecho"

Por otro lado, la defensa dedica buena parte de su escrito a hacer un extenso análisis de las cuestiones previas. En la primera, asegura que el auto que acordó las entradas y registros practicadas en numerosos domicilios "no cumple con los requisitos jurisprudenciales exigibles de idoneidad, necesidad y proporcionalidad", por lo que lo considera "nulo de pleno derecho". "Y, en consecuencia, todo lo actuado en el presente procedimiento está afecto de dicha nulidad", remata.

A su juicio, "la patente y exorbitante extralimitación en la incautación de documentación fuera del amparo de cualquier resolución judicial o precepto legal supone la nulidad radical de todo lo incautado sin amparo legal y, en consecuencia, de todas las pruebas de cargo que se sustentan en información obtenida con vulneración del derecho a la intimidad", denuncia su representación.

La letrada también estima que se ha producido una "violación de numerosos derechos fundamentales", tanto de Rato como "de terceros ajenos a esta causa", después de que el magistrado facilitase a todas las partes dispositivos sin filtrar su contenido, entre el que se encontraba fotografías de carácter personal o comunicaciones protegidas por el secreto profesional.

Afirma igualmente que el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal es nulo en tanto que introdujo hechos nuevos que fueron rechazados en su día por el instructor por considerarlos prospectivos y que, suma, "no han formado parte de la extensísima instrucción practicada durante seis años".

La representación de Rato también recuerda que, aunque que la acusación se dirige contra él, entre otros, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública en relación con el IRPF correspondiente a los ejercicios 2005 a 2015, en el momento de apertura de la presente causa cualquier delito fiscal en relación con el IRPF de los ejercicios 2008 y anteriores "estaba ampliamente prescrito".

En relación con la Fiscalía, su abogado pide asimismo que se excluyan los informes de las Unidades de Apoyo por "ser contrarios a la legalidad, el derecho de defensa y el principio de igualdad en el proceso penal". Y todo ello al tratarse, argumenta, de "verdaderas investigaciones y actuaciones efectuadas al margen del órgano de jurisdicción".

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