La cifra pone los pelos de punta. Desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse las víctimas de violencia vicaria, han sido asesinados en todo el estado 65 niños y niñas. El año pasado fueron nueve, este año ya han sido tres. Por ello, el Gobierno español ha dado un primer paso aprobando en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria. Norma, que de superar el tramite parlamentario, tipificará la violencia vicaria en el código penal como un delito contra la integridad contemplando penas de prisión de hasta 3 años.

Sobre esta cuestión hemos charlado en Onda Vasca con voces expertas, con Mireia Saiz del Centro Asesor de la Mujer (Argitan), Jone Gurrea de la consultoría Sortzen y José Miguel Fernández de la asociación Clara Campoamor. Se muestran satisfechos por la aprobación del anteproyecto, aunque consideran necesario que se traduzca en hechos.

Mireia Saiz opina que todos los avances legislativos son "totalmente necesarios", aunque "hay que aterrizar" dicha cuestión para que no quede en "papel mojado". Saiz, destaca que conocemos numerosos casos, aunque desliza que existen muchos otros que a día de hoy se mantienen en silencio por el temor a represalias. "Conocemos los casos que nos ponen los pelos de punta, como los asesinatos. Aun así, realmente, en la mayoría de los casos, con la simple amenaza ya es suficiente como para frenar a una mujer a que pueda poner un pie fuera de esa situación o a que pueda escapar. Ante eso tenemos que intervenir y debemos actuar, no nos pueden poner cortapisas", asegura Saiz.

Jone Gurrea de la consultoría Sortzen comparte los argumentos expuestos por Mireia Saiz. Destaca que a pesar de que vaya a haber un reconocimiento legal, encuentran en el día a día muchas situaciones de desprotección. Además, opina que en situaciones se viven momentos de notable incoherencia. "En el ámbito jurídico se han incrementado las órdenes de protección, sin embargo no ha ido a la par la suspensión de los regímenes de visitas o la suspensión de la patria potestad. Continúa habiendo visitas, en algunos casos visitas tuteladas. En algunos incluso hay incoherencias porque se suspenden las visitas pero luego tienen vacaciones con el padre maltratador", añade Gurrea.

Por su parte, José Miguel Fernández, abogado de la asociación Clara Campoamor, detalla que a los operadores jurídicos "no les entra en la cabeza" que una persona que maltrata a la madre de sus hijos no puede ser un buen padre. Considera que "no somos compartimentos divididos", por lo que un padre maltratador no puede ser "un buen padre", al estar haciendo daño a lo que más quieren sus hijos. En otro orden de cosas, asegura que escuchar a los menores es imprescindible, aunque opina que esta labor se está haciendo de la peor manera. "Lo estamos haciendo mal no, fatal no, peor que mal y fatal. Tal es el punto que en el último Congreso de abogados españoles de familia, el ponente dijo que por él ya no teníamos que escuchar más a los menores. No hay los medios adecuados para escuchar a ese menor, por mucho que intentemos hacer exploraciones especiales a los menores, al final acaban siempre entre la espada y la pared. Las manipulaciones que puede sufrir ese menor para no decir cosas son tremendas", asegura el abogado de la asociación Clara Campoamor.