La política vasca recuperará su ritmo habitual en las próximas horas tras unas vacaciones que los partidos han aprovechado para recargar las pilas ante el vertiginoso y complejo curso político que se avecina. Por un lado, la maquinaria interna de las formaciones se va a volcar en los procesos de designación de los candidatos para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027 con todo lo que ello supone en términos de confrontación de proyectos políticos, y también miran de reojo hacia Madrid por si el presidente español, Pedro Sánchez, decide adelantar las generales y no apurar hasta el verano del año que viene. Esta es una realidad de la que no escapa ningún partido. EH Bildu ha empezado a constituir sus comisiones electorales para la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, y ha admitido en su nota a la prensa que este proceso tendrá "una incidencia significativa en la actividad política del curso 2026-2027"; el PSE también está pendiente de sus procesos de primarias; y el PNV ultima los preparativos para su Alderdi Eguna del 27 de septiembre, que esta vez tendrá un significado especial por ser su edición número 50 y por este contexto electoral.
El Gobierno Vasco de Imanol Pradales arrancará el curso este jueves con su tradicional reunión en el Palacio Miramar de Donostia, y no se ve directamente interpelado por las citas electorales que sobrevuelan el panorama. Pero los comicios sí pueden tensionar el clima y elevar la presión de los grupos hacia el Ejecutivo PNV-PSE: con las urnas a la vuelta de la esquina, no sería extraño que la oposición decidiera preservar su posición y sus propios postulados en las negociaciones, y que todo ello desembocara en una pugna electoral sostenida y continuada hasta los propios comicios autonómicos de 2028. Ese contexto complicaría la consecución de acuerdos, aunque la mayoría absoluta que suman PNV y PSE garantiza la aprobación de sus iniciativas e impide, en principio, que la acción de gobierno caiga en la parálisis institucional. Además, el desacuerdo no sería una situación muy diferente a la actual, porque sobran los dedos de una mano para contar las ocasiones en que el principal grupo de la oposición, EH Bildu, ha ofrecido su respaldo a iniciativas de calado: se abstuvo para aprobar la reforma jeltzale que blinda el euskera en el acceso al empleo público, y apoyó el endeudamiento adicional, pero los dos Presupuestos de Pradales se han aprobado sin apoyos, y la izquierda abertzale se desmarcó igualmente de las medidas de vivienda o del acuerdo de la mesa de salud, que Pello Otxandiano tildó de "no-pacto de salud". Hay mayoría absoluta, pero otra cuestión es el desgaste que la oposición pretenda o pueda generar al Gobierno, o el que pueda llegar desde otros ámbitos como el socioeconómico. Por ejemplo, los sindicatos de clase de enfermería y otros sectores descontentos tras el acuerdo con el Sindicato Médico prometen un otoño caliente, y el Ejecutivo trata de reconducir esta y otras situaciones de enfrentamiento. En cuanto a la convivencia dentro del propio Gobierno, la estrategia de Eneko Andueza de marcar un perfil propio para diferenciar a los socialistas del proyecto jeltzale ha tenido por ahora como punto álgido su rechazo a la reforma del euskera en las OPE, cuestión que está por ver si se puede reconducir con el decreto que tiene que elaborar desde el Gobierno la vicelehendakari Ibone Bengoetxea. Fuera del Gobierno Vasco, en Bizkaia, la reforma fiscal propuesta desde la Diputación para atraer talento ha generado debate y discrepancias por parte del PSE que se han tratado de solventar a través de la negociación. El desafío que tiene por delante el Ejecutivo de Pradales pasa por gestionar por encima del ruido preelectoral, con iniciativas como los propios Presupuestos o la ley para agilizar los trámites de la industria verde.
Más presencia policial y un pacto ante la crisis de valores
Por otro lado, la complejidad de este curso no se debe en exclusiva al ciclo electoral, sino también a la envergadura de los asuntos que Pradales quiere cerrar antes de que acabe diciembre. Antes del paréntesis de las vacaciones, el lehendakari y el consejero Zupiria dieron mucho protagonismo al Plan de Seguridad Integral 2026-2030, la gran iniciativa por excelencia que impulsó el Gobierno tras la mesa para el pacto de salud. El plan se va a presentar este año y pondrá la guinda a doce meses de reflexiones para combatir la percepción de inseguridad por los robos y los delitos violentos en determinados barrios urbanos, dentro de un análisis más amplio que abarca otros fenómenos que provocan una sensación de vulnerabilidad como lo son la emergencia climática o los ciberdelitos. El lehendakari destacó algunas aportaciones que ha recibido el foro de seguridad, lo que se interpretó como una manera de recoger el guante y asumir el reto: habló del proyecto Euskal Polizia Integral para garantizar una mayor presencia de los agentes en las calles y una mayor coordinación entre Ertzaintza, Policías locales y emergencias a partir del 112; y de "un Pacto social y político por un sistema de valores, participado y compartido" ante la crisis de autoridad no solo por las actitudes de hostigamiento que denuncia la Ertzaintza, sino por las situaciones que denuncian también los profesores, el personal sanitario o los conductores de autobuses. En su primer Consejo de Gobierno en Miramar, en 2024, Pradales ya propuso una especie de decálogo para ejercer la política sin el insulto ni los bulos que llegan desde otros puntos del Estado, aunque se quedó sin recorrido en el Parlamento y, si acaso, su heredera espiritual es la ponencia para la mejora de la calidad democrática que aprobará su informe en febrero.
Ceuta
Otro asunto que ha generado un encendido debate, esta vez a nivel estatal, ha sido la entrada de miles de migrantes en Ceuta y unas primeras semanas de inacción del Gobierno español para gestionar la situación. El PNV ha exigido al Estado que explore las opciones de reagrupar a los niños con sus familias, en lugar de optar por la tan manida vía del reparto entre comunidades autónomas, porque los recursos forales están sobrepasados. El ministro Torres asegura que la "prioridad" es la "devolución" a Marruecos, pero que hay que seguir un proceso largo, que no es fácil y hay fórmulas de tutela que pueden aplicarse.
Transferencias
A falta de conocer los asuntos que mencionará Pradales en Miramar o los que podrá detallar después en el pleno de política general de mediados de septiembre en el Parlamento, otro nudo gordiano que quiere desatar en otoño es el cumplimiento del Estatuto de Gernika 47 años después de su aprobación. Ha tenido que aplazar sin fecha la reunión con Sánchez prevista para julio por el bloqueo en las transferencias de los puertos de Bilbao y Pasaia y un paquete relacionado con la Seguridad Social (no incluye la gestión de las pensiones, sino las mutuas colaboradoras, la incapacidad temporal y las prestaciones contributivas familiares por nacimiento, riesgos y cuidados). El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, puso nombres y apellidos a esta cerrazón: culpó al secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, como desveló a Grupo Noticias. Está por ver si se resuelve. Mientras tanto, PNV, EH Bildu y PSE negocian sobre el nuevo estatus o la reforma del Estatuto de Gernika, con conceptos como el Concierto Político para proteger las competencias, y sin que haya trascendido mucho más hasta la fecha. El lehendakari Pradales decidió no llevar a cabo la ronda de partidos que había anunciado para julio y ha optado por dar margen a los grupos hasta que el asunto esté maduro. El Ejecutivo mantiene en su agenda otros retos relacionados con el despliegue de las medidas de vivienda, o la reducción de las listas de espera en Osakidetza.