La Inspección General de Administración Interna de Portugal (IGAI) informó este lunes de que ha abierto un "proceso administrativo" para analizar las cargas policiales de este fin de semana contra los manifestantes acampados de Lisboa y Oporto por el derecho a la vivienda.
"La IGAI informa de que, tras las noticias e imágenes divulgadas públicamente, se decidió la apertura de un proceso administrativo para determinar las circunstancias de las intervenciones policiales ocurridas en la madrugada del día 25 de octubre de 2026, en la Plaza D. Pedro IV, en Lisboa, y en la Plaza de D.João I, en Oporto", indicó la IGAI en una respuesta a EFE.
El IGAI es la entidad responsable de controlar e inspeccionar el funcionamiento de las entidades cuya actividad es tutelada o regulada por el Ministerio de Administración Interna, entre ellas los cuerpos policiales. Este proceso administrativo también servirá para "analizar los procedimientos adoptados" durante esa noche, que según datos oficiales, se saldaron con 31 detenidos (25 en Lisboa y 6 en Oporto) y una decena de heridos.
Denuncias de violencia
Tras el operativo, el ministro del Interior, Luís Neves, defendió que la operación "no ha infringido la ley", y consideró que "es normal, aceptable y deseable que se haga todo lo posible para restablecer el orden público". Desde la acampada, denunciaron violencia policial y al menos una treintena de heridos.
La Policía de Seguridad Pública (PSP) inició la operación a las 02.00 hora local (misma hora GMT) en la plaza D. Pedro IV (Rossio), en Lisboa, y en la plaza D. João I, en Oporto. Decenas de personas llevan más de una semana acampando en Lisboa y Oporto por el derecho a una vivienda asequible pese a los varios desalojos impulsados por la Policía en ambas ciudades. El uso del espacio público para instalar acampadas contra la crisis de la vivienda ha abierto en Portugal un debate entre las autoridades, los movimientos ciudadanos y la opinión pública sobre los límites legales de estas formas de protesta.