La Autoridad Vasca de la Competencia ha impuesto sanciones económicas a 31 empresas de transporte escolar por su participación en un boicot al Departamento de Educación del Gobierno Vasco durante el proceso de contratación del curso 2023/2024. La resolución, hecha pública este jueves, concluye que existió una actuación coordinada entre las compañías, considerada una infracción "muy grave" de la normativa de competencia.
El expediente, abierto en septiembre de 2023, ha sido resuelto por el Consejo Vasco de la Competencia, que determina la vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. En total, las sanciones alcanzan los 867.000 euros, con importes individuales que van desde los 1.500 hasta los 178.447 euros.
Conductas coordinadas
Según detalla la resolución, las empresas incurrieron en una serie de prácticas que evidencian una estrategia común para obstaculizar la contratación pública. Entre ellas figuran el escaso número de ofertas presentadas a las licitaciones, la entrega de propuestas incompletas sin subsanación en plazo o la negativa a prestar el servicio en las mismas condiciones que el curso anterior.
Asimismo, se constató el incumplimiento de órdenes de ejecución forzosa y retrasos generalizados en el inicio del servicio, que en muchos casos no se produjo hasta el 18 de septiembre de 2023, ya con el expediente sancionador en marcha.
El órgano regulador subraya que estas actuaciones se produjeron "de manera uniforme y en un periodo coincidente", lo que refuerza la conclusión de que existió coordinación entre las empresas implicadas.
Casi la mitad, sin sanción
De las compañías investigadas, 28 han quedado finalmente exentas de sanción al no haberse acreditado su participación en prácticas prohibidas. En cambio, las 31 sancionadas deberán hacer frente a multas calculadas en función de la gravedad de los hechos y su volumen de negocio, tal y como permite la legislación vigente, que contempla penalizaciones de hasta el 10% de la facturación anual.
La resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia agota la vía administrativa. No obstante, las empresas afectadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses.