Los ministros de Interior de la Unión Europea abordarán este jueves en Luxemburgo un nuevo plan de Bruselas para endurecer el control de la frontera exterior común y que abre la puerta a estudiar la suspensión del derecho de asilo en caso de amenazas híbridas que utilicen la llegada masiva de inmigrantes para desestabilizar a la Unión; una situación que preocupa cada vez más a las capitales, que ven en la crisis por el cruce ilegal de casi 80.000 personas de Marruecos a Ceuta el pasado julio una señal de alerta.
Con el Pacto de Migración y Asilo plenamente en vigor sólo desde el pasado junio y con la reforma para agilizar los retornos aún pendiente de aplicación, el comisario de Interior, Magnus Brunner, defendió que las estadísticas demuestran que la Unión está poniendo "la casa en orden" con la caída de las cifras en demandas de asilo y aumento de las deportaciones; pero avisó también de que las "imágenes de Ceuta eclipsan los buenos resultados" y apuntó a seguir tomando medidas.
Por ello, el comisario expondrá a los ministros las claves de un plan de cinco puntos cuyas acciones clave están aún por desarrollar, pero que insiste en la necesidad de estrechar la cooperación con países vecinos para contener el flujo irregular y acelerar los retornos, así como en endurecer aún más el control de la frontera exterior.
Como novedades, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen apunta el desarrollo de protocolos de alerta temprana y una mayor vigilancia de las redes sociales para poder anticipar movimientos masivos como los que se dieron en los días previos a la entrada a Ceuta sin que activara ningún tipo de respuesta coordinada de emergencia.
Otra de las claves que Brunner pondrá sobre la mesa --y que ya apuntó la presidenta de la Comisión Europea en el Debate sobre el Estado de la Unión Europea a principios de mes-- tiene que ver con crear un nuevo "marco europeo de respuesta a emergencias" que, según describió Von der Leyen, permita suspender por "tiempo limitado" los "estándares de los procedimientos" de expulsión de quienes lleguen en un contexto de "instrumentalización de la inmigración" por un ataque híbrido de un país tercero.
Sánchez conversa con Ursula Von der Leyen, en una imagen de archivo.
El PPE reclama poder suspender temporalmente el asilo
En vísperas de este debate y con la vista puesta en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebrará a mediados de octubre en Bruselas, el Partido Popular Europeo (PPE) ha ahondado en esta idea y reclamado en una resolución protocolos específicos que permitan a los gobiernos suspender el derecho al asilo temporalmente en situaciones de amenaza híbrida, es decir, que puedan denegarse las peticiones de protección internacional de manera generalizada sin evaluar caso por caso de manera individual, tal y como obliga la legislación comunitaria e internacional.
Esta idea la expondrá en particular la delegación de Grecia, según recoge el orden del día, aunque cuenta con el respaldo de otros países, si bien fuentes diplomáticas de varias capitales advierten de la complejidad "legal" y "política" que un protocolo tal plantea y cuestionan su compatibilidad con el respeto de los Derechos Fundamentales de los demandantes de asilo.
Con todo, tras la situación vivida en Ceuta, el sentimiento generalizado entre los socios europeos es que "puede haber lagunas en el Pacto" migratorio común y que "sigue habiendo vulnerabilidades" ante episodios de instrumentalización. Las fuentes consultadas insisten en que es una discusión "sensible" que plantea muchas dudas y que está por ver "qué se puede hacer dentro del marco de la legalidad", por ejemplo para definir cuándo se puede considerar que es un ataque híbrido y cómo evitar que un sólo Estado miembro pueda suspender el derecho de asilo en su territorio simplemente evocando ese escenario.
En todo caso, la Comisión Europea sólo ha evocado vagamente el diseño del marco de emergencia que no ha sido tampoco explicado en detalle a las capitales, por lo que los Estados miembro permanecen expectantes hasta conocer una propuesta detallada para la que los servicios comunitarios no tienen aún fecha. Por ello, añaden las fuentes, el debate de este jueves será la oportunidad de los socios para acotar las líneas rojas y retos que esperan que la iniciativa aborde.
Marlaska da cuenta de la situación en Ceuta
La reunión de los 27 en Luxemburgo arrancará primero con un encuentro en formato del Consejo Schengen, que incluye a los países no comunitarios que forman parte del espacio sin fronteras, y en ese momento los ministros esperan que el titular de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, haga balance de la situación en Ceuta, informe de los inmigrantes que deben ser aún expulsados y detalle las medidas de acogida y asistencia que se han puesto en marcha en la ciudad autónoma para hacer frente a la crisis.
Miles de inmigrantes llegando a nado a la ciudad autónoma.
Será la oportunidad también para Marlaska de abordar la reintroducción de los controles fronterizos de Italia con España a raíz de lo ocurrido en Ceuta --y a los que España respondió con controles recíprocos--, un momento en que según esperan fuentes diplomáticas, el ministro defenderá que no ha habido ningún movimiento secundario de la ciudad autónoma a territorio europeo continental, que se ha gestionado una operación de retorno sin precedentes y pondrá en valor las bajas cifras de entradas irregulares a la Unión por las rutas tradicionalmente de impacto para España, la Atlántica y la del Mediterráneo occidental.
Previsiblemente la situación de Ceuta marcará también otros debates ya en el formato a Veintisiete que seguirá a la reunión bajo el paraguas de Schengen, porque varias delegaciones insisten en que es una prueba de cómo la presión migratoria puede desestabilizar la Unión Europea y porque, mientras fuentes diplomáticas de un país socio afirman que "no se trata de acorralar a España", otras insisten en que es urgente que los miles de inmigrantes que aún siguen en Ceuta sin derecho a permanecer en la UE deben ser retornados a Marruecos "con celeridad".
Será la primera ocasión en que los ministros de Interior de la UE aborden de manera conjunta lo sucedido en Ceuta desde la videoconferencia extraordinaria que mantuvieron el 4 de agosto, en los primeros días tras la entrada masiva y en la que las capitales en bloque --22 de los 27 líderes de la UE-- firmaron una carta reprochando a España políticas como la regularización extraordinaria de inmigrantes, que definieron como un "factor de atracción" para desencadenar la crisis.
España lamentó entonces la solidaridad tibia de sus socios ante la crisis de Ceuta, porque pudo poner el foco en la fragilidad de la capacidad de la Unión Europea a la hora de enfrentar amenazas híbridas y porque chocó con el apoyo firme que si se vio en crisis anteriores, como la de Lampedusa (Italia) o en la frontera oriental presionada por Rusia y Bielorrusia.