La decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prohibir el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes tras la polémica por las cargas policiales durante la huelga general del 11N ha provocado el enfado de los sindicatos de la Policía Nacional por poner "bajo sospecha" a los agentes de las fuerzas de seguridad. "Es dejar a los agentes vendidos e indefensos", ha expuesto el sindicato mayoritario entre los mandos.
"Ya está bien de presentar como abuso policial cualquier uso de la fuerza. Los agentes están obligados a actuar ante situaciones de violencia y no pueden hacerlo cada vez con menos herramientas y menos respaldo institucional", ha señalado el SUP en declaraciones remitidas a Europa Press, matizando que ellos no cuestionan que se investiguen posibles irregularidades.
Las cargas policiales con uso de gas lacrimógeno llevó a sindicatos y partidos de izquierda a pedir ayer la dimisión de Marlaska. Fuentes de este Ministerio han confirmado este jueves que se había ordenado abrir una investigación y de que había dado instrucciones para que, "en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestantes".
Las organizaciones policiales han señalado que es "especialmente doloroso" que la decisión se adopte unos días después de la muerte de un agente y de su perro en acto de servicio en Oviedo tras un tiroteo y la explosión de una mochila. Por este motivo, habían vuelto a reclamar el reconocimiento de profesión de riesgo.
En este sentido, los sindicatos han recordado que las protestas durante la huelga del 11N dejaron policías heridos y 47 personas detenidos por disturbios en intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil, a los que se suman otros tantos por parte de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, elevando a más de un centenar los arrestados.
VEN INADMISIBLE LA POSICIÓN DE MARLASKA
"Consideramos inadmisible que la respuesta del ministro del Interior, tras una jornada marcada por graves alteraciones del orden público y decenas de policías heridos, sea poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención", ha señalado el SUP.
"Los policías no pueden ser siempre los primeros en asumir los riesgos y los primeros en ser cuestionados por su propio Ministerio. Exigimos protección, respeto y respaldo institucional", ha continuado.
El SPP, mayoritario entre los mandos de la Policía, se ha sumado a las críticas. "Estamos profundamente indignados, cansados y hartos de ver cómo, una vez más, se utiliza a la Policía Nacional como moneda de cambio política", han señalado.
"Retirar herramientas operativas como el gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios no es modernizar, ni es progresista: es dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz", ha indicado.
El SPP ha pedido que el Gobierno y el Ministerio del Interior dejen de señalarles cuando son los policías los que "se juegan la vida". "Exigimos respeto institucional, respaldo jurídico y un cese inmediato de la desautorización pública", ha enfatizado.
DIMISIÓN
Jupol ha reaccionado a la prohibición del gas lacrimógeno y la investigación interna exigiendo la dimisión inmediata de Marlaska por investigar a los policías "mientras es incapaz de dar el pésame por el asesinato de un compañero en Oviedo".
"Marlaska vuelve a demostrar que está más preocupado por fiscalizar las actuaciones policiales que por respaldar a los profesionales que se juegan la vida cada día para garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha indicado Jupol.
Este sindicato ha recordado que los medios coercitivos de los que dispone la Policía Nacional son herramientas reglamentarias de trabajo, proporcionadas por la propia Administración, y que su utilización debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y congruencia. "El gas lacrimógeno constituye un medio coercitivo de intervención que permite, en determinadas circunstancias, actuar manteniendo la distancia y evitando el contacto físico directo con los individuos violentos", ha sostenido Jupol, que como otros sindicatos ha reprochado que se investigue a los agentes pero sin que conste por parte de Interior una "condena de la violencia contra los policías".