La decisión de la dirección de Tubos Reunidos de aplicar un ERE para 301 trabajadores en sus plantas de Amurrio y Trapagaran devuelve al primer plano de la esfera laboral vasca un mecanismo traumático de ajuste del empleo. Una medida dolorosa cuya puesta en marcha ha ido retrocediendo en el tejido empresarial en la última década, pero que en realidad nunca se ha ido del todo, sobre todo en el sector industrial.
La empresa ha presentado un plan de viabilidad que incluye un ERE que afectará a 301 trabajadores entre las plantas de Amurrio y Trapagaran, de los cuales 87 son eventuales y 214 personas fijas. Por fábricas, el impacto será mucho mayor en la planta alavesa, con 274 empleos implicados, mientras que en la vizcaina serán 27 los puestos afectados. Además del ERE, que afecta al 21% del total de la plantilla integrada por 1.432 empleados, la compañía ha anunciado la interrupción de la actividad de la acería alavesa, una medida que va a tener un fuerte impacto sobre una comarca, Aiaraldea, que ya se encuentra atravesando una situación de gran inestabilidad por los ajustes laborales similares en Guardian, en Laudio, y en Maderas de Llodio.
El alcance del ERE es dramático y supera al de otros expedientes relativamente recientes en la industria vasca. Así, por ejemplo, el ERE de Bridgestone -en otro sector muy afectado por el estancamiento industrial como es la automoción- fue planteado inicialmente para 335 trabajadores en Basauri el pasado año, pero posteriormente, y tras una negociación, se rebajó a 232 empleados. La pandemia también llevó a activar un ERE de extinción en la empresa PCB del grupo ITP Aero en el año 2020, destinado en origen a 194 trabajadores de sus centros vizcainos de trabajo y que luego quedó establecido en 90. No obstante, en sentencias posteriores, tanto el Tribunal Superior como el Supremo proclamaron la nulidad del ERE, de forma que la empresa se vio obligada a la readmisión de todos los trabajadores afectados por la medida. Por último, en el año 2019 se firmó el ERE de extinción para los 173 trabajadores que componían la plantilla del histórico astillero de La Naval de Sestao. En realidad, ese expediente suponía el último paso de los EREs declarados casi una década antes, después de que la privatización iniciada en 2004 no sirviese para consolidar la actividad del centro.
Según los datos de Eustat, el año pasado se autorizaron 298 EREs en Euskadi, que afectaron a 6.679 personas, de los que 5.136 eran hombres y 1.543 eran mujeres. De ese volumen general de afectados, la gran mayoría -4.451- lo fueron por un ERE de suspensión de empleo, en tanto que 1.030 eran por un ERE de reducción y el resto -1.198- estaban encuadrados en la categoría más perjudicial, el ERE de rescisión laboral. La cifra de 298 expedientes refleja un aumento frente a los 258 del año 2024, si bien el número de afectados era muy superior ese año (9.508 en total, con 927 por un ERE de rescisión). Asimismo, en el año 2023 hubo 276 EREs, con afectación a 7.404 personas, con 828 implicados en un ERE de rescisión. Es decir, que el año pasado creció esta última modalidad, la que implica la salida del puesto de trabajo.
El impacto está lejos, no obstante, del constatado en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, marcados por la crisis de la pandemia y sus consecuencias. Entonces se produjeron muchos más, aunque en su inmensa mayoría fueron de suspensión temporal, ya que la fórmula de los ERTE permitió proteger los empleos mientras persistía el parón en la economía. No obstante, en el conjunto de esos tres años se produjeron 2.664 despidos motivados por un ERE de rescisión.
Sin duda, la oleada previa más dañina para el mercado laboral vasco lo supuso el período entre 2009 y 2014. Con el impacto de la Gran Recesión originada en los mercados financieros, sus efectos en el empleo fueron devastadores, al punto de que constituyeron una lección para agentes empresariales y sociales de cara a no repetirse. La evolución de los datos permite comprobar que, en muchas ocasiones, lo que comienza como un ERE de suspensión acaba convirtiéndose en uno de recesión al no poder levantar la empresa el vuelo. Así, por ejemplo, en el año 2009 se autorizaron 2.565 EREs, que causaron ese año 1.978 rescisiones de empleo. En 2012, con un número total de expedientes prácticamente similar -2.636-, los afectados por un ERE de extinción alcanzaron los 3.336. En total, en ese período hubo 12.550 despidos por un ERE de rescisión de empleo.
Antes de ese período que tantas heridas dejó en términos económicos, con la consolidación de una desigualdad social que persiste, el ERE constituía una herramienta de ajuste mucho más frecuente. Por ejemplo, en el año 2003, con la economía vasca en una senda estable, hubo hasta 3.256 trabajadores implicados en un ERE de rescisión laboral. Las estadísticas de Eustat permiten comprobar la evolución acerca del impacto de los ERE desde el año 1991, que es cuando arrancan las estadísticas. Entonces, entre los años 1991 y 1994, con la industria de la CAV aún renqueante por la crisis de los 80, se produjeron 39.700 salidas asociadas a un expediente de rescisión de empleo.
Y es que ha sido la industria vasca la que históricamente ha aglutinado el impacto más severo de los EREs. De los 6.679 trabajadores afectados por los 298 expedientes en 2025, un total de 5.055 pertenecían al sector industrial, en el que se comunicaron 148 de esos EREs. La gran mayoría fueron expedientes de suspensión temporal de empleo, con el sector de metalurgia en cabeza por el número de casos (62), seguido por el de la fabricación de maquinaria (30). No obstante, también se dieron cifras altas en comercio (33) y hostelería (34). Y en cuanto al tamaño de las empresas, está claro que las pymes sufren más el parón industrial. Más de dos terceras partes de los EREs autorizados el pasado se concentraban en empresas vascas de menos de 25 trabajadores.