Las listas de espera de Osakidetza han sido en 2025 uno de los principales motivos de queja de la ciudadanía ante el Ararteko. El informe anual constata un incremento significativo de reclamaciones relacionadas con el sistema sanitario vasco, en especial por las demoras en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
Las quejas vinculadas a Osakidetza representan más del 10% del total, siendo los problemas asociados a las listas de espera los que concentran cerca de un tercio de los expedientes. El Ararteko advierte de un malestar creciente por los retrasos tanto en atención primaria como especializada, en un contexto marcado por la presión asistencial y la falta de personal en las distintas organizaciones sanitarias.
Durante 2025, se registraron más de 13.000 actuaciones de atención ciudadana y 3.617 expedientes de queja, con un nivel de eficacia del 93%, lo que constata su capacidad para corregir actuaciones administrativas. Este ha sido el primer informe presentado por el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, por lo que los datos expuestos corresponden a su predecesor, Manu Lezertua, que presentó su renuncia el pasado mes de junio, y a Inés Ibáñez de Maeztu, que fue Ararteko en funciones entre ambos.
Osakidetza: demoras y falta de recursos
El aumento de reclamaciones ha puesto el foco en las dificultades estructurales del sistema sanitario. Las quejas relacionadas con las listas de espera, tanto en atención primaria como en consultas especializadas, han llegado a suponer un 32% del total de los expedientes. Las dificultades para conseguir cita en plazos razonables, así como los retrasos acumulados en pruebas diagnósticas, están generando un creciente malestar entre la ciudadanía. A ello se suma el impacto en intervenciones quirúrgicas, donde las listas de espera continúan aumentando.
Las demoras no solo afectan a consultas, según subraya Mancisidor, sino también a procedimientos administrativos como la resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial. En estos casos, pacientes o familiares solicitan indemnizaciones por posibles errores médicos o deficiencias en la atención, pero los procedimientos pueden prolongarse durante años por la falta de recursos.
La dimensión del problema llevó al Ararteko a trasladar esta preocupación al ámbito institucional. En noviembre de 2025, mantuvo una reunión con el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, con el objetivo de abordar el incremento de las quejas y analizar posibles vías de mejora en la gestión de las listas de espera.
El informe vincula el aumento de las reclamaciones con problemas estructurales del sistema sanitario. Entre ellos, destaca la falta de personal en distintas organizaciones sanitarias integradas, lo que repercute directamente en la capacidad de respuesta del sistema. Las jubilaciones y la dificultad para cubrir determinadas plazas están generando tensiones en la red asistencial, traduciéndose en sobrecarga de los servicios y en mayores tiempos de espera.
Prestaciones, vivienda y servicios públicos
Por encima incluso del ámbito sanitario, el área de inclusión social concentra el mayor volumen de reclamaciones, con un 13,89% del total, lo que sitúa las prestaciones económicas en el centro de las preocupaciones ciudadanas. Las quejas se dirigen principalmente a la gestión de ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte de Lanbide, donde se detectan problemas recurrentes en la tramitación, suspensiones de prestaciones o reclamaciones de devolución de cantidades.
En paralelo, la vivienda se consolida como uno de los grandes problemas estructurales detectados por el Ararteko. El informe insiste en la insuficiencia del parque público de alquiler y en las crecientes dificultades de la población para acceder a una vivienda. Esta problemática afecta cada vez a sectores más amplios de la sociedad, y actúa como un factor que agrava otras situaciones de exclusión social.
La educación aparece como un ámbito clave en el que las reclamaciones están vinculadas tanto al acceso y la planificación educativa, como a la necesidad de garantizar la equidad en un contexto marcado por los cambios demográficos, la diversidad del alumnado y los procesos de digitalización. El Ararteko subraya que el sistema educativo desempeña un papel fundamental en la cohesión social y advierte de la necesidad de reforzarlo para evitar que las desigualdades de origen se consoliden o se amplíen.
El documento advierte de problemas en el funcionamiento de la administración y la justicia, donde detecta una sobrecarga que deriva en tiempos de respuesta prolongados, cercanos a los ocho meses en algunos casos en primera instancia. Asimismo, persisten dificultades en la relación cotidiana con las administraciones públicas, como las derivadas de la digitalización o la obligatoriedad de la cita previa, que en ocasiones se convierten en barreras de acceso en lugar de herramientas de mejora del servicio.
Familias, infancia y nuevas preocupaciones sociales
El informe incorpora además una actualización del estudio sobre políticas de apoyo a las familias en Euskadi, en la que se constata un cambio progresivo en la estructura familiar. Disminuyen los hogares tradicionales con hijos e hijas, mientras aumentan las familias unipersonales y aquellas formadas por personas mayores de 65 años, lo que obliga a replantear las políticas públicas para adaptarlas a nuevas realidades sociales y necesidades específicas.
El Ararteko pone especial énfasis en la situación de las familias monoparentales, donde el riesgo de pobreza y desigualdad es significativamente mayor. En este sentido, considera necesario reforzar las medidas de apoyo mediante políticas específicas que compensen esta vulnerabilidad estructural.
En el ámbito de la infancia y la adolescencia, los expedientes en los que están implicados menores alcanzaron los 660 en 2025, lo que supone más del 18% del total. A pesar de ello, apenas una de las quejas fue presentada directamente por una persona menor de edad. Entre los asuntos emergentes destaca la aplicación del procedimiento de determinación de cuotas de descuento (DEU), que ha incrementado las retenciones por cobros indebidos y ha reducido la capacidad económica de familias para cubrir necesidades básicas.
Por último, el Ararteko mantiene abierta una actuación de oficio en relación con la decisión del Departamento de Seguridad de difundir el origen de las personas detenidas en comunicaciones oficiales de la Ertzaintza. Mancisidor ha señalado que continúa recabando información y en contacto con el departamento competente, en un asunto que sigue sin resolverse y que plantea interrogantes en torno a la protección de derechos fundamentales.