Pedro Sánchez no ha dejado de reiterar por activa y por pasiva que las elecciones generales llegarán cuando toque, que es en 2027. La última vez que lo ha hecho ha sido este mismo sábado, en el marco del Comité Federal del PSOE. Allí, delante de todos sus barones y baronesas territoriales, se vino arriba e incluso auguró dejar una España mejor en 2031 "con cuatro años más de gobierno progresista". Las peticiones de adelanto electoral, de dimisión y de someterse a una cuestión de confianza que se le acumulan procedentes no ya solo del tándem opositor formado por PP y Vox, sino también de algunos socios de investidura, no le arredran lo más mínimo a un Sánchez dispuesto a seguir al frente del Ejecutivo hasta el final. Un final que tiene fecha en el calendario. El 23 de julio del año que viene expirará una legislatura que arrancó ese mismo día en 2023, cuando se celebraron las últimas elecciones generales. Y como el plazo máximo que establece la ley para expedir el decreto de convocatoria de elecciones es de al menos 25 días antes de que expire el mandato, esa llamada a las urnas debería realizarla el presidente español antes del día de San Pedro. Porque, curiosamente, el 28 de junio, la víspera de su onomástica, es la fecha límite para que Sánchez rubrique la orden de convocar nuevos comicios.
Estamos, por tanto, a justo un año vista de que se emita ese decreto electoral si es que el líder socialista opta por apurar al máximo los plazos legales establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Aunque parece poco probable que eso ocurra, puesto que ello conllevaría que las elecciones deberían celebrarse el 22 de agosto. El motivo es que esa misma norma, en su artículo 42, determina que "los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria". Es decir, que deben transcurrir obligatoriamente 54 días entre la fecha en la que entra en vigor dicho decreto, que es la de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al día siguiente de su expedición, y los comicios. En este caso extremo, la orden de convocatoria se publicaría en el BOE la misma festividad de San Pedro -29 de junio- y las elecciones se irían a esa segunda quincena de agosto, al día 22 concretamente, que además en 2027 caería en domingo.
Y, si bien no existe ningún impedimento legal para la celebración de comicios en ese mes, se antoja más que improbable que Sánchez fuerce la situación hasta tal punto de que los ciudadanos deban acudir a las urnas en pleno período vacacional de verano.
Por lo tanto, lo más previsible es que no vayamos a unas elecciones estivales, sino que el presidente del Gobierno realice la convocatoria antes de ese plazo máximo marcado por su onomástica. De hecho, el propio Sánchez se mostró abierto, hace unos días, a la posibilidad de un adelanto de algunos meses en caso de que no consiguiera sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año.
"Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, efectivamente, cuando se produzcan esas hipótesis", respondió en Bruselas al plantearle si mantenía su idea de agotar la legislatura aunque no se aprobaran los presupuestos o se abría al adelanto que le han pedido el PNV y Coalición Canaria si no lo conseguía.
Por tanto, podría volver a fijar una cita con las urnas como máximo en julio, si es que no se ha votado ya en torno a febrero o marzo como consecuencia de un adelanto condicionado por una hipotética -y muy factible- ausencia de presupuestos.
Esas son, en caso de llegar la legislatura viva a 2027, las dos opciones más plausibles para fijar la fecha de las elecciones generales. Porque lo que ya ha dejado claro Sánchez es que no se celebrarán el 23 de mayo, de forma conjunta con las municipales, forales y autonómicas en un buen número de comunidades. El presidente del Gobierno español descartó recientemente el llamado superdomingo electoral, rechazado de plano por el PNV y también por algunos sectores territoriales del PSOE.
Tampoco parece que tengan demasiado fundamentos las elucubraciones que llevan hasta septiembre u octubre la posibilidad de estirar la legislatura, lo que obligaría a interpretar, en contra de la práctica habitual de toda la etapa democrática, que el inicio de la legislatura no es el día de las elecciones, sino el de la constitución de las Cortes o el de la investidura del presidente del Gobierno.
El único precedente que ha habido hasta ahora de llevar hasta el limite la legislatura lo protagonizó Mariano Rajoy al convocar las elecciones de 2015 para el día 20 de diciembre, en víspera de las fiestas navideñas, y después de que los comicios anteriores se celebrasen el 20 de noviembre de 2011.