La UPV/EHU blindará las prácticas al asumir finalmente la cotización de los becarios

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) asumirá este curso la cotización de los becarios. En la entrevista publicada por el Grupo Noticias este fin de semana, la rectora Eva Ferreira despeja la incertidumbre que se cernía sobre las cerca de 14.000 prácticas que cada año gestiona la universidad vasca tras la entrada en vigor de la disposición adicional 52ª de la Ley General de Seguridad Social, que establece que el alumnado que lleve a cabo prácticas universitarias –también las obligatorias para obtener del título– debe ser dado de alta en la Seguridad Social. Por tanto, las y los becarios quedarán como asimilados a los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social y comenzarán a cotizar para su jubilación.

No obstante, la UPV/EHU observa esta decisión como un paso transitorio y no descarta revisar los convenios reguladores para priorizar a aquellas empresas, entidades e instituciones públicas que asuman la cotización de sus estudiantes en prácticas. La medida que ayer entró en vigor supone un antes y un después para los universitarios y es independiente del Estatuto del Becario –que se encuentra paralizado– ya que se enmarca en la reforma de las pensiones promovida por el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Cabe recordar que estaba previsto que el decreto entrase en vigor el 1 de octubre de 2023, sin embargo, se ha prorrogado hasta 1 de enero de 2024 para otorgar un margen a las universidades a empresas e instituciones a adaptarse a la norma y no interferir en el desarrollo académico de los alumnos y futuros becarios. Algo que, al parecer, sólo han hecho las universidades ya que la norma se ha topado con el rechazo de las empresas a asumir la parte de cotización que les corresponde. Esta realidad ha llevado a la UPV/EHU a costear estas cuotas y la gestión de altas y bajas para que el estudiantado pueda titularse. Todo ello, sin previsión presupuestaria ni personal experto en gestión laboral a los servicios universitarios de empleo y prácticas, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, con el fin de apoyar la gestión administrativa que supondrá la adaptación al nuevo Real Decreto Ley.

De no haber sido así no habría, por ejemplo, graduados en Medicina, Enfermería o Magisterio en los próximos años. La cotización se aplica también a las prácticas no remuneradas, que forman parte del plan de estudios. Por ello, es obligatorio hacerlas para que el alumnado se gradúe. De ese modo, lo que debería ser una medida excepcional (que las universidades asuman esta cotización y no las empresas e instituciones) se está convirtiendo en la norma general. “Se nos dijo que quizás se iba a aplicar otra moratoria, pero finalmente el decreto entró en vigor el 1 de enero. ¿Cómo se va a hacer? Pues como se ha hecho hasta ahora, solo que nosotros nos encargaremos de hacer las altas, las bajas y pagar la cotización a la Seguridad Social. Este proceso va a ser absolutamente transparente para el estudiante, aunque para nosotros es un follón”, afirma la rectora de la UPV/EHU, muy crítica con cómo se ha aprobado esta norma.

DOBLE RASERO

“En su momento dije, y me reitero, que desde el inicio nos chirrió mucho esta idea porque las prácticas formativas son prácticas formativas. Yo no entiendo que a las prácticas curriculares, que forman parte de un proceso de formación en un grado, se le dé un carácter diferenciado según se hagan dentro o fuera de la universidad. Porque para mí esta medida genera estudiantes de primera y estudiantes de segunda, es decir, quienes tienen prácticas curriculares se van con un año de cotización y otros no”, afirma Ferreira. “Yo nunca he entendido –dice– cuál es el concepto que ampara esta distinción. Dicho esto, evidentemente, acatamos; faltaría más. Y hago este matiz porque esto lo he hablado además con estudiantes que de entrada no entienden por qué la rectora está en contra de algo tan bueno como es cotizar”.

Además de por la filosofía que sustenta la medida, la rectora censura la ausencia de diálogo con las universidades por parte del ministerio y la falta de recursos para gestionar miles de prácticas, trastocando el quehacer de la UPV/EHU. “Una vez que se aprueba la ley, hay que aterrizarla. Una cosa es la política y otra es estar a pie de obra con una distinción entre el alumnado con prácticas curriculares cotizando y otros que no”. Además , añade que el decreto “dice que las empresas, entidades o instituciones que organicen las prácticas deben cotizar por los estudiantes en prácticas y excepcionalmente, bajo convenio, se hará cargo la universidad. Los rectores ya manifestamos nuestra oposición a la redacción de este decreto porque no hay que ser ningún Einstein para darse cuenta que ese excepcionalmente se iba a convertir en la norma”. Que es, precisamente, lo que ha sucedido.

“¿Qué incentivo tiene ninguna empresa o institución para cotizar por los estudiantes en prácticas cuando en última instancia dicen que la responsabilidad es mía? Ninguno y a la puerta a la que van a llamar los estudiantes es, como es lógico, a la de la rectora porque las empresas dicen que ellas no se van a hacer cargo, que o se hace cargo la universidad o que ellas pasan. ¿Qué ha pasado? Que lo que la ley decía excepcional se ha convertido en la norma”. Así describe la rectora la realidad con la que ha tenido que lidiar la universidad vasca los últimos meses.

Fase transitoria

Pese a estos argumentos para explicar por qué la UPV/EHU no veía con buenos ojos esta medida, hace unos meses el equipo rectoral “comunicó que íbamos a tratar de que la situación se arreglase de la mejor forma posible y que, en cualquier caso, había red, que nos íbamos a encargar sí o sí”. Su línea roja, añade Ferreira, es que “nuestros estudiantes acaben sus grados bien. Si no logramos que se encarguen las empresas de asumir las cotizaciones nos encargaremos nosotros, como universidad”. En este sentido, Ferreira explica que han puesto en marcha la maquinaria para “garantizar todas las prácticas este curso” a pesar de no contar con recursos necesarios.

“Todo esto –asegura– también cuesta, en dinero para las prácticas y gastos de gestión cuando no lo tenías previsto, ni en tus presupuestos, ni en tu organigrama. No teníamos a ningún técnico que se encargara de esto. Y esto es una administración pública, no es fácil levantarse una mañana y decir: necesito x plazas para gestionar tal”. Con esta reflexión, la rectora quiere trasladar “un poquito del enfado que sentimos porque es hacer las cosas sin habernos preguntado a las universidades, que creo que somos bastante trasparentes contestando. Habría que habernos sentado con el ministerio competente y haberle trasladado nuestras pegas que, evidentemente, no son políticas. Nosotros no hacemos política de ese calibre, hacemos política universitaria”.

Aun con todo, la rectora adelanta que en el anteproyecto del Presupuesto para este ejercicio se ha reservado una partida “para las cosas que debemos pagar en 2024 y que esperamos que se nos remunere por parte de alguien en concepto de costes de la LOSU. Son cinco millones que estimamos como sobrecoste de la puesta en marcha de la LOSU y los cambios legislativos que estamos obligados a cumplir”, asegura la rectora. La situación de la UPV/EHU contrasta con el hecho de que el Gobierno vasco vaya a asumir los costes de las prácticas del alumnado de FP. Preguntada por esta diferencia, Ferreira dice: “Hemos leído en prensa que el Gobierno vasco se va a hacer cargo del 100% de la cotización, pero como Educación nos van a sufragar el 95% de la remuneración, el coste no es el mayor de los problemas, el mayor de los problemas es la gestión de las altas y bajas”.

Revisión de los convenios

Ferreira reconoce que como universidad podrían haberse hecho cargo solo de las prácticas curriculares –obligatorias– porque son de su competencia. Pero después de darle vueltas, los responsables universitarios han decidido que “de momento también íbamos a ir con las extracurriculares porque si hay algo que tenemos a gala en la Universidad del País Vasco es que todos los grados tienen opción de hacer prácticas curriculares y extracurriculares”. En la Facultad de Economía y Empresa y otras facultades, dice, el número de prácticas extracurriculares “es enorme”.

Por último, la rectora abre la puerta a introducir cambios en el sistema de prácticas. “De momento –apunta– nos queremos hacer cargo de todas las prácticas que ya estaban programadas, aunque luego tenemos que estudiar cómo renovamos los convenios y si priorizamos a las empresas y entidades que se hagan cargo de las cotizaciones”. Pero lo que la rectora tiene claro es que “no se pueden cambiar las reglas a mitad del partido al estudiante que está matriculado hoy con unas condiciones”. Y así, concluye: “Este curso nos vamos a hacer cargo. Al final esto nos ha caído a las universidades, a esas universidades tan lentas y poco ágiles y que parece ser que en esto sí hemos sido rápidas y ágiles”.