La teniente fiscal del Supremo no ve margen para reabrir la causa de Miguel Ángel Blanco

La teniente fiscal del Tribunal Supremo considera que no hay margen para reabrir la investigación a varios exdirigentes de ETA por su presunta responsabilidad en el atentado contra el concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, que estaría prescrito para ellos.

La también número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que se opone a los recursos que presentaron el Partido Popular, la Asociación Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros contra el archivo del procedimiento, dictado por la Audiencia Nacional. Al examinar este asunto, una mayoría de la junta de fiscales del Supremo sí apoyó reabrir el procedimiento, si bien los dos fiscales jefes discreparon, razón por la que, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debía entrar a analizar el caso la teniente fiscal para resolver la discrepancia.

Causa prescrita

El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional, en línea con el criterio de la Fiscalía, determinó que la presunta responsabilidad de Soledad Iparraguirre, Anboto; Mikel Albisu, Mikel Antza; e Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, está prescrita.

Argumentó que se procedió contra estos exdirigentes en 2022, casi 25 años después de que ocurriera el atentado, y el plazo de prescripción es de dos décadas. En este sentido, en su escrito, Sánchez Conde explica que no se ha dirigido ninguna actuación contra los tres exdirigentes antes del plazo de prescripción hasta que presentó su querella la Asociación Dignidad y Justicia, cuando el plazo ya estaba prescrito. No obstante, todavía queda un exjefe de ETA procesado, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, ya que el juez acordó sentarlo en el banquillo en 2016, años antes de que comenzase el procedimiento judicial de los otros tres exdirigentes a raíz de una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.