Los hijos de Pujol alegan incompetencia del tribunal, la prescripción de delitos o su "indefensión" en el primer día de juicio

El juicio al expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol y a su familia por su presunto enriquecimiento ilícito ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional (AN) con las cuestiones previas de las defensas de algunos de sus hijos y de la exmujer del primogénito, en las que han planteado la incompetencia de este tribunal, la prescripción de algunos delitos o la "indefensión brutal" que supuestamente sufren.

La defensa del mayor de los hermanos de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ejercida por el letrado Cristóbal Martell, ha planteado la declaración de incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar al 'clan'. Ha solicitado que sea la Audiencia Provincial de Barcelona la que se encargue del proceso, pues los supuestos delitos han ocurrido en España y no en el extranjero.

Martell ha recordado el caso de Rodrigo Rato, condenado en 2024 por delitos fiscales, como precedente en el que la Audiencia Provincial asumió la competencia. Además, denunció que el tribunal rechazó la testifical de la "policía patriótica" solicitada en su escrito de defensa, e invocó la prescripción de los delitos fiscales de Pujol Ferrusola correspondientes a 2007 y 2008.

La Fiscalía pide una pena de 29 años de prisión para el primogénito y de entre 8 y 17 años para el resto de los hermanos y su exmujer por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

'Striptease' bancario

Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol, ha señalado que la portada de 'El Mundo' del 7 de julio de 2014, con datos fiscales de su representado, llevó a Jordi Pujol a emitir un comunicado admitiendo que tenía dinero en el extranjero. Campaner calificó el proceso como "striptease bancario" y señaló la vinculación de José Manuel Villarejo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la obtención de esos datos. También denunció la vulneración del derecho de defensa de su cliente, ya que inicialmente solo se le imputó blanqueo de capitales y no delitos fiscales.

Encargo de M. Rajoy

Francesc Sánchez, abogado de Oriol Pujol, pidió la nulidad de la testifical de María Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola, por su supuesta conexión con Villarejo. Alegó que parte del aparato del Estado intentó influir en el procedimiento relacionado con el 'procés', mencionando un encargo del entonces presidente M. Rajoy sobre dinero obtenido ilegalmente por la familia Pujol.

Indefensión de la exmujer de Pujol Ferrusola

La defensa de Mercé Gironés Riera denunció que la Fiscalía la menciona solo por ser la exmujer del primogénito, generando una "indefensión brutal". Se pidió la testifical de Jordi Pujol Gironés, hijo de ambos.

El 'patriarca' seguirá encausado

La sesión comenzó a puerta cerrada con la declaración de Jordi Pujol padre sobre su estado de salud. El tribunal decidió que el expresidente siga siendo juzgado y pueda conectarse desde su domicilio cuando sea necesario. El magistrado presidente José Ricardo de Prada indicó que cualquier cambio en su estado de salud determinará si puede participar activamente en el juicio.

Los magistrados de la sección primera de lo Penal han adoptado esta decisión tras una breve deliberación después de escuchar en una vista previa al propio Jordi Pujol, de 95 años, por videoconferencia desde su domicilio y a los médicos forenses que le han examinado, quienes han ratificado que no estaba en condiciones de ser juzgado.

El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha preguntado a Pujol, quien afronta una pena de nueve años de cárcel, si sabía los motivos por los que se encontraba ante la Sala, a lo que el expresidente ha contestado que sí.

"Estoy a disposición del tribunal"

Posteriormente, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha preguntado al expresidente catalán si sería capaz de reconocer su firma en un documento. Pujol ha respondido que no se encuentra bien y que tiene ciertas "dificultades", pero ha afirmado: "Estoy a disposición del tribunal".

A la vuelta de la deliberación, el presidente del tribunal ha comunicado a Pujol que la Sala había decidido que el juicio se celebre "en su presencia", lo que implica que deberá estar presente en las sesiones de la vista oral, aunque se le permite hacerlo desde su domicilio, por videoconferencia.

No obstante, ha puntualizado que si se produce "cualquier modificación" en su estado de salud, el tribunal decidirá lo que proceda en función de esa circunstancia.

Ha añadido además que en el momento en que tenga que tener una "actuación activa" en el juicio, se determinará exactamente si está en condiciones "de estar o no estar".

La defensa de Jordi Pujol ya anunció en un recurso previo que no iba a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional, fuera la que fuera.

La Sala convocó a una comparecencia al expresidente catalán, que la semana pasada estuvo hospitalizado por una neumonía, para resolver si lo exculpa del proceso por demencia sobrevenida, después de que los forenses que lo examinaron por orden de la Audiencia Nacional concluyeran que no está en condiciones de ser juzgado por el deterioro físico y cognitivo que padece.

Declararán 254 testigos hasta el mes de mayo

De acuerdo con el guion inicial del juicio, las cuestiones previas se alargarán durante dos días, a lo que seguirán las primeras declaraciones de testigos: entre el martes y el jueves está previsto que declaren 11 personas, entre ellos una hija de Jordi Pujol Ferrusola y Joan Anton Sánchez Carreté, quien fuera asesor fiscal de la familia.

Hasta el próximo mes de mayo, el juicio se prolongará durante 41 sesiones por las que desfilarán 254 testigos. Los acusados no declararán hasta la fase final del proceso, probablemente el próximo mes de abril.

Además de Jordi Pujol y sus siete hijos -la esposa del expresident Marta Ferrusola, murió el año pasado-, el banquillo de la Audiencia Nacional aguarda a otros 11 acusados, la mayoría empresarios a quienes la Fiscalía acusa de haber pagado las comisiones con las que la familia engordó su patrimonio en Andorra o de colaborar con las operaciones de blanqueo de los fondos.

La Fiscalía pide para los Pujol penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel -9 para el expresident-, a los que acusa, según los casos, de delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración en la ejecución.

Para la acusación pública, los Pujol conformaron una asociación ilícita, con el expresident y su esposa en la cúspide, para repartirse con empresarios afines a CDC los beneficios obtenidos en las adjudicaciones de contratos públicos de administraciones controladas por CDC.

El primogénito de la familia, según las tesis de la Fiscalía, sería el encargado de recabar esas comisiones, gestionar el patrimonio y blanquearlo con operaciones en el extranjero para después distribuirlo entre la madre y los hermanos, que en 2000 se cobraron cada uno 126 millones de las antiguas pesetas (757.300 euros).

Regularización de fondos al amparo de la amnistía fiscal

La mayoría de los hermanos regularizaron sus fondos gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012. No están acusados de fraude fiscal por el tiempo transcurrido desde los ejercicios en que mantuvieron oculto el dinero en bancos andorranos, por lo que el delito ya está prescrito.

No es el caso de Jordi y Josep Pujol Ferrusola: tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado les acusan de delitos de fraude fiscal, que alcanzarían los 7,7 millones para el primogénito.

Durante la investigación se halló también una cuenta de Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol asumía ser el titular de 307 millones de las antiguas pesetas (1,8 millones de euros) ingresadas en 2000, un fraude que Hacienda cifró en 885.651 euros pero que consideró prescrito.