La incesante acumulación de causas judiciales que, de uno y otro modo, salpican a Pedro Sánchez está llevando al límite la proverbial capacidad de resistencia que quedó reflejada en Manual de Resiliencia, la biografía del presidente del Gobierno publicada en 2019. En dicha obra se reflejaba su lucha denodada por acceder al liderazgo del PSOE para acabar siendo el inquilino de la Moncloa. Pero, por entonces, Sánchez no sabía que lo más duro estaba por llegar. Cuando el libro salió a la luz, aún no se había destapado ninguna de las presuntas tramas de corrupción que le tienen a día de hoy acorralado, con una gran parte del arco parlamentario, desde sus exsocios de Podemos a Vox pasando por PP, Junts y PNV, exigiéndole que convoque de una vez elecciones. Son casos que le afectan en el ámbito estrictamente político, como líder del PSOE y del Ejecutivo español, o en lo más íntimo, al implicar a personas de su entorno familiar. Y salvo el del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, resuelto con una sentencia condenatoria pendiente del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, todos se encuentran en fase de instrucción o con el juicio ya iniciado, por lo que queda aún mucha tela que cortar y, probablemente, más escándalos por estallar, para desgracia de Sánchez y desafío a su resiliencia.
David Sánchez, al llegar a la Audiencia de Badajoz, donde se celebra el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno.
Caso David Sánchez
Esta semana arrancó el juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez, investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por su contratación como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la provincia de Badajoz. La investigación se abrió en mayo de 2024 a raíz de una denuncia de una organización ultraderechista -un origen común en varios de los procesos- como es Manos Limpias. En ella se incluye también como imputado al exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por haber firmado en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz el contrato de Sánchez. El juicio no ha empezado mal para ambos, ya que el tribunal de la Audiencia Provincial pacense ha declarado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal que también pesaba sobre el hermano del presidente español, puesto que se realizó en 2017. Cabe recordar que, por entonces, Pedro Sánchez justo acababa de recuperar el cargo de secretario general del PSOE y no era aún jefe del Ejecutivo. La Sala también ha decidido retirar del objeto del juicio otro delito atribuido a Gallardo por la contratación de Luis Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, del que el acusado no fue informado en el auto de procesamiento. Entre las testificales, cal y arena para el hermano del líder socialista. Aunque algunos testimonios han tumbado las acusaciones de absentismo laboral dirigidas al encausado, otros hablan de que no hubo “igualdad de oportunidades” en el proceso de selección y que corrían rumores de que el “hermanísimo” se iba a presentar a la plaza y de que era para él.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, investigada por el juez Peinado.
Caso Begoña Gómez
También una denuncia de Manos Limpias fue la génesis del caso Begoña Gómez, en el que la esposa de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. En el proceso se indaga si Gómez ha favorecido la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés y si hay irregularidades en su actividad en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. El caso, además, ha llevado a la popularidad a su juez, Juan Carlos Peinado. Este se ha caracterizado por su particular empeño en seguir adelante con el proceso y en sumar imputaciones por otros delitos, frente al criterio de la fiscalía que desde el primer momento solicitó el archivo de la denuncia al no apreciar indicios que la sustentaran y a la existencia de varios informes exculpatorios de la Guardia Civil. También ha sido corregido en más de una docena de veces por instancias superiores debido a faltas de indicios o de motivación en algunas de sus diligencias. Peinado se jubila en septiembre, cuando cumplirá los 72 años, y quiere llegar lo antes posible al juicio oral, que pretende que se desarrolle con jurado popular. Gómez se opone a ello y su defensa ha denunciado la “velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático” que quiere imponer el magistrado, quien ha citado a la esposa de Sánchez a declarar el 15 de junio en una audiencia preliminar bajo la amenaza de recurrir a la Policía si no acude voluntariamente.
José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin del PSOE en la reciente campaña electoral de Andalucía.
Caso Plus Ultra
Uno de los sobresaltos más recientes y quizás el mazazo anímico más duro de todos para la militancia socialista fue la imputación, hace tres de semanas, de José Luis Rodríguez Zapatero. Al expresidente español se le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental ligados al cobro de comisiones ilegales en el marco del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra en 2021, aún bajo los efectos de la pandemia. José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, señala en su auto que existen indicios de que Zapatero es el “líder” de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias mediante la intermediación ante instancias públicas. Además, cifra los beneficios que ha obtenido él y su entorno, incluyendo la empresa de marketing de sus hijas, Whathefav. Pese a estas acusaciones de peso, tanto Sánchez como sus principales colaboradores en el PSOE mantienen su apoyo al exmandatario socialista, todo un referente político y ético para el partido, que está llamado a declarar en sede judicial los días 17 y 18 de junio.
Aldama, Ábalos y Koldo, en el Tribunal Supremo durante el juicio contra ellos por el 'caso mascarillas'.
Caso Koldo
El llamado caso Koldo, por la multitud de sus ramificaciones y lo aberrante de algunos comportamientos de sus protagonistas, es el buque insignia de los sumarios que asedian al PSOE y a su líder. Es una amalgama de causas, divididas en piezas diferentes, que abarcan diversas formas de presunta corrupción. Y además, implica a personas que fueron de la máxima confianza de Pedro Sánchez como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que ocuparon en diferentes etapas la secretaría de Organización del partido y apoyaron a Sánchez en su pugna con Susana Díaz por liderarlo.
El nombre se lo da a la trama el vizcaino Koldo García. Él fue uno de los primeros detenidos por servirse de sus contactos en el Gobierno para ayudar a la empresa Soluciones de Gestión a conseguir contratos públicos de venta de material sanitario en plena pandemia a cambio de comisiones. Había ejercido de chófer, escolta y asesor del exministro de Transportes Ábalos, al que más tarde se le atribuye un papel en la trama, al igual que al comisionista Víctor de Aldama, que ejerció como intermediario entre empresarios y representantes de la administración. Estos tres últimos están a la espera de una sentencia tras el juicio por la pieza separada del caso mascarillas, por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama.
Pero, según la UCO, las adjudicaciones millonarias no se quedaron en el material sanitario, sino que también saltaron a infraestructuras viarias dependientes del Ministerio de Transportes. Ello también salpicó a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y a Santos Cerdán como presunto gestor de mordidas que en total superarían los 620.000 euros. Ligados a este entramado están los enchufes de una expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, y de otra “amiga” del exministro, Claudia Montes, Miss Asturias en 2017, en empresas públicas vinculadas al sector ferroviario. Esta pieza separada está en fase de instrucción, al igual que otra en la que se investiga si los pagos en metálico realizados por Ferraz a Ábalos y Koldo García en concepto de gastos podrían suponer un intento de blanqueo de dinero obtenido de forma ilícita.
Víctor de Aldama, acusado en el 'caso hidrocarburos' de un fraude millonario a Hacienda.
Caso hidrocarburos
La causa de los pagos en metálicos del PSOE tiene conexiones con otro caso, el de los hidrocarburos, en el que el principal acusado es el ya citado Víctor de Aldama. Según la UCO, este habría utilizado su influencia política para facilitar operaciones fraudulentas en el sector de los hidrocarburos, defraudando a la Hacienda Pública más de 182 millones de euros por impago de IVA a través de la empresa Villafuel SL.
Entre los políticos que presuntamente colaboraron en el fraude está José Luis Ábalos, que habría disfrutado gratis en calidad de arrendatario de un chalet en Cádiz en “agradecimiento” a su mediación para la concesión de una licencia para la venta de combustible a dicha operadora, del que fue desahuciado tras ser cesado como ministro. También Koldo García se habría visto beneficiado con un contrato de trabajo en una empresa vinculada al dueño de Villafuel.
Caso Leire Díez
Pero todos estos escándalos están siendo totalmente eclipsados por la enorme gravedad del cariz que, día tras día, adquiere el redimensionado caso Leire Diez. Las actuaciones por las que la exmilitante del PSOE empezó a ser investigada en julio de 2025, dirigidas presuntamente a obstaculizar procedimientos judiciales que pudiera afectar a este partido y al entorno de Pedro Sánchez, inicialmente parecían encapsuladas en entornos de escasa repercusión para la formación. Sin embargo, tienen un nivel de penetración en su estructura mucho mayor de lo esperado, a juzgar por las investigaciones de la UCO incluidas en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
No en vano, el propio Pedro Sánchez tuvo que salir este viernes a la palestra para negar que tuviera conocimiento alguno de lo que calificó como “andanzas” de Díez y rechazar ser el “one” al que esta aludía para alardear de su influencia en el partido diciendo que tenía acceso a él y que le felicitaba por su “trabajo enorme” a través de Santos Cerdán. A este se le menciona en el sumario como el encargado de pagar a Díez 4.000 euros al mes por socavar los procesos abiertos contra el partido. En este sentido, el magistrado Pedraz ha aceptado la petición de la UCO de reclamar al PSOE y al PSC sus movimientos bancarios de los años 2024 y 2025 para comprobar si pudiera haber pagos no justificados para financiar a Crónica Libre, medio digital fundado por Díez, quien en una libreta anotaba que “Marlaska y el SE -el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez- están pillados por la UCO”.
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en 2025 a dos años de inhabilitación para el cargo.
Caso fiscal general
Al menos, Sánchez ya no tiene que preocuparse más por otro de los casos que la oposición ha utilizado como ariete en su larga operación de asedio al presidente de Gobierno: el del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este ya fue condenado por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a finales del pasado año por el Tribunal Supremo, que le impuso una inhabilitación para el cargo por dos años. Lo hizo pese a que los periodistas que intervinieron como testigos declararon que García Ortiz no había sido el autor de la filtración de la información relativa al fraude fiscal cometido por González Amador que estaba en la base de la causa. A la espera, que será larga, de ver lo qué decide el Constitucional en torno al recurso de amparo presentado por el exfiscal general contra su condena, la única alegría para Sánchez reside en ver qué ocurre con Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de Gabinete de Ayuso filtró a un grupo de periodistas el bulo de que Hacienda le había ofrecido al novio de la presidenta madrileña un pacto de conformidad por sus delitos fiscales. La réplica de Fiscalía para desmentirlo desencadenó la causa contra García Ortiz. Ahora, Rodríguez está imputado por revelación de secretos de dos periodistas de El País que investigaban unas posibles obras ilegales en el domicilio de Ayuso.