El Congreso de los Diputados abordará este martes, una vez más, una propuesta del PNV para despejar el camino y eliminar un importante obstáculo en las reformas de los estatutos de autonomía. La Cámara va a debatir si toma en consideración la iniciativa para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad, que es un control adicional. ¿Qué quiere decir? Ya se podía recurrir un Estatuto después de que completara toda su tramitación, se sometiera a referéndum y entrara en vigor, y lo que hace el recurso previo es añadir otro escollo e impedir que entre siquiera en vigor y que se pueda someter a referéndum mientras el Tribunal Constitucional decida sobre el fondo del asunto. Este mecanismo permite recurrir una reforma estatutaria tres días después de su votación en las Cortes estatales y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, antes del referéndum y de conocer, por tanto, la opinión directa de la ciudadanía. La reforma queda automáticamente suspendida hasta que haya sentencia. Por tanto, lo que acabaría votando la ciudadanía en referéndum sería el texto revisado y, eventualmente, recortado por el Tribunal Constitucional, como si fuera una tercera cámara legislativa que pudiera añadir enmiendas en el proceso. Este recurso lo recuperaron PP y PSOE para evitar que se produjera un nuevo choque de legitimidades como el que ocurrió con el Estatut catalán, que fue recortado cuando ya había sido votado en referéndum, pero el recurso previo tampoco lo soluciona realmente sino que puede agravar las tensiones: se permite que el poder judicial irrumpa en mitad de un proceso legislativo y sin dar opción a que se conozca la opinión de la ciudadanía sobre el texto original.
Esta es una derogación que el PNV ha planteado en sucesivas legislaturas en el Congreso. Salvo sorpresa mayúscula y teniendo en cuenta el precedente de 2021, se espera que la propuesta se tome en consideración con el voto del PSOE y que pueda iniciar su tramitación. Por tanto, la principal incógnita no es el resultado de la votación, sino los términos del debate y el discurso de los socialistas, que en 2021 tumbaron las enmiendas a la totalidad de PP y Vox y permitieron el debate, pero en el fondo dejaron ver por boca del vasco Odón Elorza que seguían siendo partidarios del recurso previo. La iniciativa del PNV lleva registrada desde el inicio de la legislatura, y fue la semana pasada cuando trascendió que los jeltzales iban a incorporarla al orden del día del pleno de este martes. Unas horas después, el presidente del EBB, Aitor Esteban, admitía que espera despejar esta semana si hay agua en la piscina para seguir adelante con la reforma del Estatuto de Gernika entre PNV, PSE y EH Bildu. Esa es la explicación de los tiempos que se han seguido.
"Tutela inaceptable"
Lo que se vota este martes es solo la toma en consideración y, a partir de ahí, llegarían las enmiendas, el debate y la votación final, si es que da tiempo en un momento en que la duración de la legislatura de Pedro Sánchez está en el aire. Si la reforma del Estatuto de Gernika cuajara entre los partidos vascos, tendría que votarse en el Parlamento de Gasteiz, después en las Cortes estatales y finalmente entre los vascos en referéndum. El recurso previo podría irrumpir en ese momento intermedio después de la votación en las Cortes. Están legitimados para interponerlo, por ejemplo, 50 diputados o senadores, una cifra que desborda el PP y que, al menos en este momento, no tiene Vox, aunque el partido ultra sí puede participar en los recursos por la vía de las asambleas autonómicas. Si hay recurso, el referéndum no podrá convocarse hasta que “haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales”, según establece la Ley Orgánica del Tribunal. El PNV quiere derogarlo porque supone una “obstrucción parlamentaria al convertir al tribunal en una tercera cámara legislativa y, por ello, en un órgano político de control”, como denuncia en su proposición de ley. “Se afecta con ello al procedimiento parlamentario; impidiéndose el debate en condiciones de igualdad y sometiendo a los parlamentos (autonómico y estatal) a una tutela inaceptable, contraria al principio de separación de poderes. El recurso previo supone, como algún autor ha señalado, un derecho de veto sobre la autoridad legislativa del Congreso”, expone.
“En el control previo lo que se busca mediante la reinstauración del recurso previo de inconstitucionalidad es que determinadas voluntades democráticas no se puedan manifestar por los instrumentos democráticos previstos en la Constitución, que no son otros que la culminación de la tramitación parlamentaria de un Estatuto de Autonomía y su ratificación ciudadana por medio del referéndum”, alerta el PNV. Los jeltzales no piden una inmunidad total, porque no están cuestionando el recurso a posteriori, tras el referéndum. En 2021 ya se tomó en consideración y superó el debate de enmiendas a la totalidad (también lo permitió Podemos), pero el adelanto electoral de 2023 dinamitó su tramitación.