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Los engranajes de la ponencia para la mejora de la calidad democrática de Euskadi van a comenzar a girar el próximo mes de enero. Tras la creación de este grupo de trabajo en el Parlamento Vasco con el impulso del lehendakari Pradales, la ponencia empezará a diseñar su hoja de ruta en una reunión que ha sido convocada para el martes 13 de enero a las 12.00 horas. La cita tiene como propósito analizar y decidir el cronograma y los procedimientos de trabajo de la ponencia, y será una oportunidad para comenzar a bajar a tierra el ámbito concreto de reflexión de esta iniciativa. Esta idea la propuso el lehendakari Pradales en marzo, con el propósito de analizar incluso posibles modificaciones del marco legal para mejorar la transparencia, la relación con la ciudadanía o la rendición de cuentas en la prestación de los servicios públicos.
Frenar la desafección ciudadana y defender el sistema democrático son dos de las consignas que ha enarbolado Pradales desde el principio de su legislatura. No es exactamente la misma propuesta, pero ya intentó forjar una especie de código de conducta entre los partidos, un pacto ético, para blindar un clima político de respeto en la comunidad autónoma vasca y evitar el nivel de deterioro en el debate público que se ha alcanzado en el Congreso y el Senado del Estado español. La propuesta la lanzó en su primer Consejo de Gobierno, en agosto de 2024, pero no tuvo mucho más recorrido porque otros partidos, como el PP, querían extender el perímetro de esta reflexión hacia cuestiones como el suelo ético o el señalamiento al diferente tras décadas de violencia de ETA. En realidad, la idea del código de conducta para una política ejemplar no ha perdido vigencia, si se tiene en cuenta que EH Bildu y PP acaban de mantener un sonoro desencuentro después de que Javier de Andrés vaticinara el “exterminio” político de la izquierda abertzale. La Mesa ha terminado lanzando una apelación general a todas las partes para que las relaciones se basen en el respeto. Pero la ponencia del 13 de enero es más amplia y atañe al funcionamiento de las instituciones y su relación con la ciudadanía. La propuesta de Pradales la vehiculizaron después PNV y PSE, y la ponencia quedó constituida con la abstención del PP a mediados de este mes de diciembre. Al mismo tiempo, se está tramitando la Ley de Transparencia por su propio carril, lo que permitió descartar también que esta ponencia se convirtiera en un mero contenedor de las iniciativas ya conocidas que están en fase de tramitación.
Citar a expertos
El jeltzale Xabier Barandiaran será el presidente de la ponencia, que comenzará a trabajar en enero y, por tanto, lo hará en un periodo tradicionalmente inhábil para los plenos ordinarios y de control. En la reunión constitutiva de diciembre, los grupos ya acordaron un marco de trabajo en torno a cuatro ejes: reforzar los valores democráticos en la gestión de las políticas públicas, profundizar en la cultura política y en el fortalecimiento democrático de la opinión pública, estudiar las posibles “mejoras” que se pueden llevar a cabo en la relación entre las instituciones y la ciudadanía, y analizar también las mejoras que se pueden implementar en el sistema de evaluación de las políticas públicas. La ponencia tiene la abstención del PP, que desde el primer momento se dio por aludido con el debate del código de conducta porque cree que el resto de partidos endosan el deterioro del clima político en el Estado español a su líder Alberto Núñez Feijóo. Tampoco ayudó que la génesis de esta ponencia coincidiera en el tiempo con el estallido de las acusaciones de corrupción que afectan a dos exsecretarios de Organización del PSOE de Pedro Sánchez.
La intención de este debate es ampliar la reflexión a otros agentes al margen de los partidos políticos y, en este sentido, se va a perfilar una lista de expertos para que comparezcan en la comisión. Se va a analizar la experiencia en otros países e instituciones y se organizarán dos jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía. El plazo para culminar los trabajos es de dos años. La inspiración que ha tomado el Gobierno vasco es la estrategia sobre el escudo democrático de la Comisión Europea. PNV y PSE quieren contar con expertos, instituciones públicas, agentes sociales y con la ciudadanía para que el resultado suscite una adhesión relevante.