La ONU asesta un varapalo al Estado y ‘resucita’ al juez Garzón

donostia – El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de condena del exjuez Baltasar Garzón, cuando en 2012 fue condenado por el Alto Tribunal a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar intervenir los teléfonos de los abogados de los principales acusados de la trama Gürtel.

Este dictamen supone un varapalo para la Justicia española y pone en el punto de mira la imparcialidad del Tribunal Supremo, que el pasado mayo se opuso a los indultos del Gobierno español a los presos del procés, en contra de las palabras de Pedro Sánchez, que expresó que "en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza y sí la concordia".

El comité concluyó que el Supremo incurrió en una falta de independencia judicial, reprocha que Garzón no tuviese segunda instancia a la que recurrir y otorga al Estado español un plazo de seis meses para que borre sus antecedentes penales y le proporcione "una compensación adecuada por el daño sufrido". Además, asegura que la actitud del exmagistrado de la Audiencia Nacional "no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal resultando en la pérdida definitiva de su cargo".

El comité de Derechos Humanos de la ONU concluye seis años después el expediente iniciado después de una denuncia del propio Garzón en la que afirmaba haber sido víctima de "una persecución y de represalias" como respuesta a las investigaciones que dirigía sobre el casoGürtel y los crímenes del franquismo.

En aquel escrito que Garzón remitió a Naciones Unidas en 2016, el exjuez de la Audiencia Nacional alegó que dos de los magistrados que lo condenaron por su instrucción en la Gürtel lo habían enjuiciado también por el caso Franquismo (donde finalmente resultó absuelto) y que los juicios orales por ambas causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia. Según Garzón, ambos procesos fueron tramitados simultáneamente contra él y sus sentencias fueron dictadas con 18 días de intervalo. Además, señaló que el magistrado Luciano Varela, instructor principal del casoFranquismo, habría mostrado su falta de imparcialidad a lo largo del proceso mediante su repetida asistencia a los demandantes, el sindicato Manos Limpias, cuyo líder Miguel Bernard fue condenado el pasado mes de julio.

Ayer, tras conocer el dictamen del comité, Garzón declaró que pedirá su reingreso en la carrera judicial: "La reparación económica es lo menos importante. Si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan. Eso es lo que tendría que ser", manifestó en una entrevista concedida a El País. No obstante, añadió que estudiará el cauce adecuado para solicitar su reingreso, ya que, según apuntó, "de oficio no lo van a hacer". Además, añadió que será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien "tendrá que tomar una posición" al respecto.

'TODO ES ETA' Garzón aseguró que tras la inhabilitación su vida "cambió radicalmente" y que fue "muy duro" ver cómo acababan con la profesión a la que se había dedicado más de 30 años. Conocido como uno de los jueces estrella en el Estado por su proyección mediática, activó la teoría del todo es ETA y lanzó el caso Bateragune. Garzón señaló que había "un interés especial" para propiciar su suspensión y que fue un proceso "estrambótico" en el que le limitaron las pruebas. Describió como "flagrante" la falta de garantías e imparcialidad de los jueces que dirigieron sus procesos: "Fue muy penoso soportar día a día las sesiones del juicio, Naciones Unidas ya ha llamado la atención otras veces sobre el tema de la doble instancia". Por último, pidió "un tribunal superior al que poder recurrir".

'Trama Gürtel'. El Tribunal Supremo condenó el 9 de febrero de 2012 al exjuez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre Franciso Correa y Pablo Crespo con sus abogados en la cárcel de Soto del Real. El Tribunal sostuvo que Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".