La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado que la covid persistente puede costar hasta 115.329 millones de euros al año (135.000 millones de dólares) a los países miembro a lo largo de la próxima década, lo que equivale al presupuesto sanitario anual del Estado.
Así se desprende de un informe publicado este miércoles por la OCDE, que recoge una proyección de pérdidas que pueden oscilar entre el 0,1 y el 0,2 por ciento del PIB (producto interior bruto) en un escenario de transmisión residual baja o moderada del virus que dé lugar a nuevos casos de covid persistente.
La OCDE ha querido analizar "la larga sombra de la pandemia" a partir del estudio del impacto económico previsto para la covid persistente, una infección caracterizada por síntomas duraderos, como fatiga o niebla mental, una vez superada la enfermedad por covid-19.
Escenarios y costes sanitarios
La covid persistente afectó a unos 75 millones de personas, más del cinco por ciento de la población de la OCDE, en el punto álgido de la pandemia, en 2021. En este momento, los costes sanitarios alcanzaron los 45.300 millones de euros (53.000 millones de dólares). Aunque la prevalencia de la covid persistente y, por ello, los gastos asociados han disminuido, siguen siendo significativos.
En este contexto, la OCDE ha desarrollado tres escenarios hipotéticos. El primero, optimista pero improbable, supone que no habrá nuevos casos de covid persistente; el segundo estima una baja transmisión residual del cinco por ciento y una prevalencia del 0,6 por ciento; y el tercero, más pesimista, establece una incidencia anual del 10 por ciento y una prevalencia por encima del uno por ciento.
Si bien se prevé que la prevalencia de la covid persistente se mantenga por debajo del uno por ciento entre 2025 y 2035, lo que implica que afectará a entre el 0,6 y el uno por ciento de la población de la OCDE y la Unión Europea, los costes sanitarios directos para abordar esta enfermedad seguirán siendo "elevados".
En concreto, en un escenario pesimista, puede costar hasta 9.500 millones de euros al año (11.000 millones de dólares) a los sistemas sanitarios de los países miembro, lo que supone alrededor del 0,14 por ciento del gasto sanitario total.
Asimismo, la OCDE ha advertido de que esta infección seguirá causando bajas laborales, absentismo y una reducción de la productividad. Los estudios sugieren que la covid persistente provoca la interrupción del empleo en aproximadamente uno de cada cinco trabajadores afectados, lo que supone una pérdida del cinco al 10 por ciento de la productividad laboral por persona afectada durante el primer año de infección.
El informe precisa que sus estimaciones pueden estar subestimando la verdadera carga de la covid presistente. "Es probable que esta afección tenga consecuencias de gran alcance que aún no se comprenden del todo", detalla.
Medidas
La OCDE ha instado a mejorar la atención y reinserción laboral de los pacientes de covid persistente, para lo que ha propuesto una serie de medidas enfocadas, en primer lugar, a reforzar la concienciación, diagnóstico, tratamiento y organización de la atención sanitaria que se presta a estas personas.
En este sentido, ha advertido de que el reconocimiento, diagnóstico y atención de la enfermedad "siguen siendo desiguales" entre los países de la OCDE y la UE. Por ello, ha llamado a priorizar la formación de los profesionales sanitarios.
Además, ha puesto el foco en la falta de planificación y visión a largo plazo para afrontar la covid persistente y ha demandado que se desarrollen protocolos de atención, con los que solo cuentan de manera formal y a nivel nacional Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos.
En paralelo, ha señalado que la vigilancia, seguimiento e investigación de la covid persistente puede ayudar en la preparación para dar respuesta a la próxima pandemia. Así, ha puesto en valor la inversión continua en investigación, sistemas de datos y modelos de atención multidisciplinarios.
La OCDE ha incidido en que la covid persistente no es solo un problema médico, sino también un desafío social y económico. Sin embargo, ha señalado que la respuesta política hasta ahora se limita en gran medida al sector de la salud, por lo que ha instado a mejorar la coordinación intersectorial e involucrar al ámbito del empleo, la educación y la protección social. Por último, ha destacado el papel clave de la colaboración internacional continua para desarrollar y perfeccionar guías clínicas basadas en la evidencia, definiciones estandarizadas y protocolos de atención nacionales que permitan reducir la carga social y económica de la enfermedad.