García Ortiz defiende su continuidad al sentir el respaldo de la cúpula fiscal

La mayoría de la Junta de Fiscales de Sala lanzó esta tarde un balón de oxígeno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respaldando su decisión de no dimitir después de que el Tribunal Supremo le haya abierto una causa por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido al Ministerio Público por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. La reunión, de dos horas y media, en la que explicó a la cúpula fiscal las razones que le han llevado a descartar su renuncia, sirvió para reforzarle en su postura después de que solo ocho de los fiscales de los 30 que participaron le pidieran expresamente su dimisión, un sector encabezado por los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal–; los fiscales del Supremo Antonio Narváez y José Miguel de la Rosa; uno de los fiscales jefe de las secciones de lo Penal del Supremo José Javier Huete; y la fiscal de Sala de criminalidad informática Elvira Tejada.

Otros cinco fiscales –Alejandro Luzón, Rosa Ana Morán, María del Pilar Martín Nájera, María José Segarra y Fernando Rodríguez Rey– se pronunciaron para manifestar su preocupación por el impacto que supone para la institución que haya una investigación penal abierta contra el jefe del Ministerio Público. Entre los intervinientes se cuenta también el jefe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Crespo, que plasmó una posición ambigua. A todos ellos hay que añadir el tercio que permaneció en silencio –bien por decisión propia, bien por estar conectado telemáticamente–, lo que desde la Fiscalía General del Estado se interpretó como un respaldo a García Ortiz en un día donde precisamente se debía discutir sobre la pertinencia de que continuara en el cargo.

García Ortiz defendió sus argumentos durante un cuarto de hora, recalcando que no ha cometido ningún delito porque él no filtró ningún correo electrónico y que la nota de prensa, de la que se hace responsable, fue para reivindicar el papel del Ministerio Público frente a la difusión de una “falsedad, un bulo”. Después de él hablaron los que así lo consideraron por orden de antigüedad en la Junta de Fiscales de Sala, empezando por los más nuevos. No se produjo votación alguna, por lo que cada sector sacó una conclusión diferente del encuentro, si bien todos coinciden en la preocupación por la coyuntura actual.

Ya por la tarde, el fiscal general comunicó su decisión al Consejo Fiscal en un encuentro de elevado voltaje en el órgano consultivo, integrado actualmente por 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF), 2 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), más las dos vocales natas –la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite–. Y es que los vocales conservadores de la AF y el de la APIF, que conforman la mayoría del Consejo Fiscal, se opusieron a que García Ortiz continúe. “Está claro que la depuración es la dimisión inmediata”, dicen. Por su parte, los de la UPF emitieron un comunicado donde expresan su “firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión”. “Razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial sustentan este apoyo”, alegaron.

Tensión política

Una dimisión que reclamó desde Bruselas el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez “ampare” al fiscal general del Estado en vez de utilizar las “prerrogativas” del Estatuto del Ministerio Fiscal para cesarle “por incumplimientos graves”. “En consecuencia, estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo. Eso va contra el Estado de Derecho en España y debemos de denunciarlo con absoluta contundencia”, manifestó. Feijóo subrayó que la pregunta que se hacen “todos los ciudadanos en este momento es cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela”, catalogando a García Ortiz como “el ministro número 23” del Ejecutivo de Sánchez.

Desde Moncloa hacen una defensa cerrada y sin fisuras del fiscal general, lamentando que se le investigue por defender la “honorabilidad” de la Fiscalía y “desenmascarar” la verdad frente a un “bulo” lanzado por el gabinete de Ayuso, en concreto por su jefe, Miguel Ángel Rodríguez. Así se pronunció la ministra portavoz, Pilar Alegría, ahondando en que el Gobierno siente una “profunda preocupación” porque ciertas decisiones judiciales puedan “socavar” la imagen de la Justicia, apuntando que debería investigarse a la pareja de la lideresa madrileña, un “delincuente confeso”. En la nota de prensa de la que se hizo responsable García Ortiz no había “ninguna revelación de ningún dato personal”, y lo único que hizo la Fiscalía fue “aclarar la verdad”, algo que “está obligado por ley”.

Pero el PP no ha perdido ripio en emplear este asunto como parte de su estrategia de desgaste hacia Sánchez. Sin ir más lejos, la propia Ayuso aprovechó para cargar contra García Ortiz al estar “imputado por obedecer las obsesiones del presidente del Gobierno” contra ella. La presidenta madrileña, desatada en sus apreciaciones, censuró que “todos los poderes del Estado” hayan actuado “contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año”, en alusión a su pareja sentimental. “Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario”, lanzó.