El conflicto que mantiene en vilo a las familias y organizadores de los campamentos de verano de Bernedo ha tomado un rumbo inesperado en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria ha dictado un auto por el cual suspende de forma cautelar la inhabilitación de tres años que la Diputación Foral de Álava había impuesto a la asociación Sarrea Euskal Udalekua. Esta decisión supone que la asociación recupera de forma inmediata el permiso para organizar cualquier actividad recreativa y dar continuidad a sus proyectos de ocio.
Sin embargo, a pesar de este espaldarazo jurídico, este verano la situación en Bernedo no cambiará a corto plazo. La propia asociación Sarrea ha comunicado que, pese a estar legalmente habilitada tras el auto, este año no habrá campamentos en la localidad alavesa. Los organizadores han decidido ser consecuentes con los planes de contingencia diseñados semanas atrás, cuando la prohibición entró en vigor, y mantendrán las alternativas ya preparadas para garantizar la seguridad y estabilidad de las familias inscritas en la edición de 2026.
Una sanción administrativa bajo la lupa judicial
El auto judicial se muestra crítico con la contundencia de la administración foral. El magistrado encargado del caso aprecia una clara "desproporción" en la actuación administrativa, cuestionando tanto la tipificación de la infracción como grave como la dureza de la sanción impuesta. Para el juzgado, existen "razones de buen derecho" que justifican esta suspensión cautelar, destacando entre ellas la ausencia de un riesgo o peligro real para los menores derivado estrictamente de la infracción administrativa cometida en los años 2023 y 2024.
Además, el tribunal ha puesto en valor la trayectoria de la entidad, señalando la ausencia de antecedentes sancionadores previos y lo que denomina un "cumplimiento material durante 50 años de los fines preventivos y organizativos" de la actividad desarrollada en la Montaña Alavesa. Esta resolución se ha emitido con carácter de urgencia, atendiendo a las alegaciones de Sarrea, que advertía de que el mantenimiento del veto impediría ejecutar una programación estival ya comprometida con voluntarios, alquileres de locales y matrículas de familias.
Pulso administrativo con la Diputación
La batalla legal no termina aquí. La Diputación de Álava, tras conocer el auto, ya ha anunciado que presentará alegaciones para intentar mantener el veto a la asociación. La institución foral defenderá su actuación aportando toda la documentación que considere oportuna para ratificar el cierre del expediente que se formalizó a principios de junio,.
Cabe recordar que la sanción original, ahora suspendida, era de una dureza inédita: una multa de 9.000 euros y la inhabilitación por tres años para realizar actividades de tiempo libre infantil o juvenil, así como la prohibición de acceder a ayudas públicas. La diputada de Cultura, Ana del Val, fundamentó esta decisión en que Sarrea había operado de forma "clandestina" durante décadas y había incurrido en un "fraude de ley" al intentar utilizar a una entidad instrumental, la asociación cultural Dorrekoa, para esquivar las restricciones administrativas. Según el ente foral, la asociación no cumplió con la obligación de presentar la notificación preceptiva de sus actividades durante los dos últimos ejercicios.
La sombra de la investigación penal
Pese a que el auto actual se centra en el ámbito administrativo y la inhabilitación foral, el contexto que rodea a Bernedo es mucho más sombrío. De forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria mantiene abierta una investigación penal por presuntos delitos contra la libertad sexual ocurridos durante las colonias del año pasado.
Esta vía judicial se activó tras recibirse 21 denuncias de familias que relatan episodios de extrema gravedad. Los testimonios recogidos en la investigación describen conductas de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual y actos contrarios a la integridad moral y la agresión sexual. Entre los detalles más polémicos que han trascendido figura el relato de participantes que aseguran que chicos y chicas eran obligados a compartir duchas en las que, supuestamente, también se aseaban desnudos los propios monitores en presencia de los menores.