La jornada de huelga general convocada este miércoles en defensa del derecho a la vivienda, la mejora salarial y los servicios públicos se ha saldado con disparidad de valoraciones entre la patronal y los sindicatos. Mientras las organizaciones sindicales han calificado la convocatoria de "éxito", superando sus expectativas iniciales, desde la CEOE y Cepyme han reportado una situación de "normalidad" en la mayoría de los sectores, situando el seguimiento como "desigual" y de baja incidencia fuera de las áreas con mayor representación sindical. La movilización, que ha afectado a puntos estratégicos de transporte y grandes mercados de abastecimiento, deja además un balance provisional de 40 arrestados a nivel nacional y denuncias de "violencia policial" debido al uso de gas pimienta contra manifestantes en la Gran Vía de Madrid.
Uno de los elementos clave para valorar el seguimiento del paro es el consumo eléctrico. Este ha sido un punto de confrontación entre los distintos agentes. Según cifras aportadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y las centrales sindicales CCOO y UGT, el consumo de energía en el Estado español registró un descenso superior al 10% durante las primeras horas, cifra que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha comparado con los niveles de "un domingo" en contraposición al miércoles anterior. Las cifras oficiales de Red Eléctrica indican que la demanda cayó un 7,54% a las 10.00 horas, tras haber apuntado a un retroceso del 9% al inicio de la mañana. La CEOE, según la información disponible pasadas las 8:00 horas, situó el descenso de la demanda eléctrica en el entorno del 10%, matizando que esta caída se encuentra por debajo de los registros de huelgas generales anteriores, cuando se superó el 14% de contracción. Con datos hasta las 12:00 horas, CEOE y Cepyme rebajaron la reducción del consumo al 5%, apuntando hacia una progresiva "normalización de la demanda respecto a la de un día laborable normal".
Respecto al seguimiento por sectores, las cifras de los sindicatos mostraban un impacto desigual en la producción. Así, según CCOO y UGT, el paro alcanzaba en las primeras horas de la convocatoria niveles del 90% en la automoción, del 85% en la industria cárnica, del 82% en el sector de recogida de basuras y del 75% en el ámbito energético. En contraposición, los servicios sociosanitarios, condicionados por los servicios mínimos, registraban una participación del 38%, seguidos por el sector postal con un 35%.
La incidencia territorial de la jornada también revelaba un seguimiento desigual. En la Comunidad de Madrid, las estimaciones de CCOO situaban el seguimiento en un 25,4% dentro del sector financiero; un 50,9% en servicios técnicos; un 60,8% en el comercio, y un 61,9% en hostelería, turismo y juego. En comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura, el seguimiento se estimaba en un 41%, cifra que en Extremadura y las Castillas el movimiento por la vivienda acotaba en una horquilla de entre el 41% y el 45%. De forma paralela, el Sindicato de Inquilinas cifró el seguimiento global de la huelga en 4 millones de personas a media mañana, anticipando que se superarían los 5 millones al finalizar el día basándose en el 25% de seguimiento voluntario (3,6 millones de personas) de la huelga de 2012. El bloque sindical habló de incidencia "aplastante" en Andalucía y Catalunya, con un seguimiento superior al 80%.
En contraposición, la CEOE ha insistido en que la actividad de las empresas se ha desarrollado bajo condiciones de "normalidad" en la mayoría de los sectores y territorios, admitiendo únicamente una "mayor incidencia" o niveles "algo más elevados" de paro en aquellas zonas geográficas y actividades industriales caracterizadas por una alta representación sindical.
Políticas más ambiciosas
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha remarcado la legitimidad de un paro enfocado en "el derecho a la vivienda, a los servicios públicos y a unos salarios dignos", advirtiendo a los partidos políticos de que deberán atender la opinión ciudadana: "el que no escuche a la gente el 29 de noviembre va a tener poco que hacer". Unai Sordo ha coincidido en que el 11-N marcará un punto de inflexión tras el cual las políticas de vivienda deberán ser "mucho más ambiciosas". Sordo ha propuesto la edificación de un parque de vivienda permanentemente protegida de 1,5 millones de inmuebles en la próxima década mediante inversión pública anual del 1% del PIB, el freno de desahucios sin alternativa habitacional, y la limitación de pisos turísticos y compras de fondos especulativos.
Sordo ha hecho hincapié en que el problema real deviene de la especulación inmobiliaria y de operaciones donde "el 60% se paga a tocateja". Y en respuesta a la patronal, ha descartado que los salarios de la construcción expliquen las subidas del mercado, indicando que hay trabajadores del sector con nóminas que apenas superan los 20.000 o 21.000 euros anuales.
De su lado, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, afeó que miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez hayan animado a una huelga "atípica" y "preventiva". "Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz) ha estado instando a la huelga y ayer mismo (por el lunes), en la Moncloa, dos ministros estaban animando a la huelga. ¿A la huelga contra quién? Esa es la pregunta", señaló Garamendi, quien consideró que "alguna responsabilidad tendrá el Gobierno" en cuestiones como la vivienda o los servicios públicos cuando "lleva ocho años gobernando". El líder de la patronal criticó además que "se vaya a la calle" cuando los resultados electorales no acompañan, en referencia a las encuestas que apuntan a un Gobierno PP-Vox. "Oye, las urnas son las que mandan, y si no me gustan las urnas voy a la calle... Hombre, esto yo creo que no es muy democrático".
Detenciones y cargas
La huelga no ha estado exenta de incidentes. Según datos del Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad, 40 personas fueros detenidas y se tramitaron 476 incidencias relacionadas con la actividad de los piquetes desde las 22:00 horas del martes hasta las 11:00 horas del miércoles.
Los focos de mayor tensión se registraron a primera hora de la mañana en Mercamadrid, en las cocheras de transporte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y, durante el mediodía, en la Gran Vía madrileña, donde agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional establecieron un cordón de seguridad con furgones y, tras instar sin éxito a los manifestantes a despejar la calzada, intervinieron empujando a los congregados hacia las aceras empleando porras y gas pimienta, lo que desencadenó incidentes y protestas de los participantes con cánticos de "Vergüenza, vergüenza" y "No se pega".
Esta actuación ha sido calificada de "macarreo" policial por los sindicatos, que han anunciado que acudirán a los tribunales para exigir "responsabilidades penales y de todo tipo" ante unos episodios que, a su juicio, carecen de precedentes en la historia democrática.