El exdirectivo de Acciona admite reuniones con Cerdán y niega irregularidades con Servinabar

El exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, ha negado ante el Tribunal Supremo cualquier irregularidad en los contratos con Servinabar, asegurando que la empresa prestó “servicios reales” y que los pagos se justificaban mediante facturas válidas. Servinabar está vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, con quien Pelegrini ha explicado haberse reunido por considerarlo un “agente social” navarro.

Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona en España, Portugal y África, ha comparecido como investigado ante el juez Leopoldo Puente en la causa por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública, en la que también están imputados Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, los dos últimos en prisión preventiva.

En su declaración, Pelegrini defendió que los pagos a Servinabar, cuyo 45% de acciones se atribuye a Cerdán y que administra Antxon Alonso, se realizaron por servicios de prevención de riesgos laborales realmente prestados, descartando que fueran ficticios o comisiones ilegales. Aclaró que el 2% citado en algunos informes policiales no era una comisión fija, sino un límite por los servicios prestados, y que cualquier exceso se debía a anomalías en la obra.

Según el último informe policial, la principal fuente de ingresos de Servinabar fueron varias obras con Acciona, de las que percibía un 2% de cada adjudicación, y que la relación entre ambas empresas “estaba articulada personalmente” por Cerdán, Alonso y Pelegrini, tras un acuerdo de colaboración de 2015, calificado por Pelegrini como “dentro de la normalidad”.

Pelegrini admitió reuniones con Cerdán por ser representante político y agente social navarro, especialmente durante el primer proyecto conjunto de Mina Muga en 2015, mientras que Alonso se sumaba como administrador de Servinabar. Las reuniones tenían como objetivo evaluar el impacto de las obras e inversiones en Navarra, donde Cerdán era diputado autonómico, especialmente sobre Mina Muga, que no se cerró hasta mayo de 2019.

También declaró su subordinado Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción, quien reconoció haber firmado contratos con Servinabar sin ofrecer más detalles. Al término de las comparecencias, la Fiscalía y las acusaciones solicitaron al juez la imposición de medidas cautelares, incluyendo comparecencias quincenales, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.