El largo y complejo proceso judicial del preso de origen vasco Pablo Ibar afronta un nuevo y determinante obstáculo en los tribunales estadounidenses. La Fiscalía del Condado de Broward County, en el Estado de Florida, se ha opuesto formalmente a la revisión del caso y, en consecuencia, ha mostrado su rechazo frontal a la celebración de una vista probatoria. La defensa pretendía que declarara un nuevo testigo cuya versión exculparía a Ibar de los tres asesinatos por los que actualmente cumple cadena perpetua.
Según ha informado la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, el equipo legal del vascol acaba de recibir un voluminoso documento de más de 900 folios aportado por la acusación. En este extenso escrito, el Ministerio Público concluye que todos los motivos alegados por la defensa deben desestimarse. El fiscal argumenta que ninguna de las supuestas nuevas pruebas es "legalmente admisible" y considera que, "probablemente", ninguna de ellas daría lugar a una absolución, añadiendo además que la gran mayoría de las cuestiones planteadas ya fueron tramitadas y resueltas durante el transcurso de la pasada apelación.
Un "doble rumor" frente a un giro radical del caso
El proceso contra el preso vasco experimentó un giro radical en el verano del año pasado. Su abogado, Daniel Tibbitt, presentó ante los tribunales una moción acompañada de una declaración jurada de un testigo. Este informante asevera que la persona que intervino en los crímenes perpetrados hace tres décadas en un chalet de la localidad de Miramar (Florida) no fue Pablo Ibar, sino otro individuo del cual facilitó su identidad detallada.
Tras tres sonados incumplimientos de plazos para pronunciarse, el representante del Estado ha pedido al juez que desestime de plano esta moción. La Fiscalía califica la nueva declaración jurada como un "rumor inadmisible" o un "doble rumor", argumentando que la persona no fue testigo ocular directo de los hechos, sino que se limita a relatar lo que, supuestamente, le contó otro individuo meses después de los asesinatos.
El Estado cuestiona la credibilidad de la confesión al haberse producido años después de los hechos, destacando que no existe ninguna grabación, que no hay informes policiales de 1996 al respecto y que no hay otros testigos que la corroboren. Para la acusación, el testimonio está basado en "especulaciones" y no puede considerarse una prueba recién descubierta bajo la legislación de Florida.
El debate sobre las pruebas de ADN y la identidad de los asesinos
En su escrito, la acusación insiste en que el nuevo testimonio no puede prevalecer sobre las pruebas periciales forenses. El Estado subraya que se encontró ADN de Pablo Ibar en una camiseta azul de trabajo recuperada en la escena del crimen, calificando estas pruebas científicas como "abrumadoras". Por su parte, la defensa ha mantenido históricamente, y de manera firme, que los restos del perfil genético encontrados en dicha prenda fueron producto de una contaminación en los laboratorios donde se analizaron las muestras.
El testigo propuesto por la defensa aporta un contexto completamente distinto a la versión oficial. Según se recoge en la declaración jurada, este confidente conoce a los perpetradores porque, durante una etapa de su vida, frecuentó los mismos ambientes delincuenciales. Tras ser juzgado por otros delitos, colaboró con las autoridades y hoy es una persona rehabilitada. Su testimonio vincula los conocidos como "crímenes de Miramar" a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas dirigido contra el propietario del chalet, Casimir Sucharski, dueño de un conocido club de la zona.
"Pablo lucha contra personas que han mentido"
La respuesta de la Fiscalía no ha cogido por sorpresa al entorno del preso. Michael Ibar, hermano de Pablo, ha asegurado de forma contundente: "Pablo lucha contra personas que han mentido en cuatro juicios, destruido pruebas y comprado testimonios". A pesar de este varapalo, la familia confía en que Ibar se mantenga fuerte y que el juez termine dándoles la razón para que el testigo declare.
La estrategia procesal se mantiene intacta. El abogado de Ibar se verá obligado a interponer un recurso en un plazo de treinta días. Será el magistrado quien decida en última instancia si se celebra la audiencia pública.
Afrontar esta nueva fase judicial, calificada como una "diligencia primordial", supone un enorme coste. Por ello, la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo ha reactivado su campaña de crowdfunding. La ONG, que ya logró reunir casi un millón de dólares para anular en 2019 la pena de muerte tras dieciséis años de Ibar en el corredor, pide de nuevo la solidaridad ciudadana.