La Fiscalía Provincial de Álava, en actuación coordinada con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha dado un paso histórico en la capital alavesa al presentar ante los juzgados un escrito para promover un procedimiento de jurisdicción voluntaria de declaración judicial de hechos pasados sobre la denominada Masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976. Mediante esta iniciativa, encuadrada en las facultades concedidas por la Ley de Memoria Democrática de 2022, el órgano fiscal persigue reconocer oficialmente la verdad histórica e iniciar un camino de justicia reparadora para los cinco trabajadores asesinados y el más de un centenar de heridos que dejó la brutal intervención de la Policía Armada contra la huelga general por derechos sociales y laborales convocada en la ciudad hace casi medio siglo.
Objetivo: reparar las víctimas
El procedimiento registrado por la representación del Ministerio Público se encuadra formalmente dentro del cauce de la "jurisdicción voluntaria para la declaración judicial de hechos pasados". Este instrumento, habilitado expresamente a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el año 2022, constituye una valiosa herramienta procesal orientada a la reparación integral y moral de las personas represaliadas durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista.
A diferencia de los procesos ordinarios del orden penal, este expediente no constituye un juicio penal ni busca la imputación de delitos ni el castigo a responsables individuales, sino que está concebido para que la administración de Justicia declare y formalice institucionalmente la realidad de lo acontecido históricamente y el carácter injusto del daño infligido. De este modo, el escrito presentado busca dar satisfacción pública y respuesta a una reivindicación que forma parte indeleble de la memoria histórica de Vitoria-Gasteiz.
La Fiscal Jefa de Álava lidera una investigación
Dada la enorme trascendencia social y el impacto de los acontecimientos, las diligencias de investigación han sido asumidas directamente por la fiscal jefa de Álava, Carmen Cotelo. A lo largo de la fase instructora previa, la Jefatura de la Fiscalía ha desplegado un intenso trabajo de recabación de pruebas que ha permitido consolidar un volumen ingente de información documental procedente de diversos archivos y registros oficiales.
Junto a la labor de recopilación documental, el Ministerio Fiscal ha llevado a cabo una amplia ronda de comparecencias en las que se ha tomado declaración formal a una multitud de víctimas directas y a sus familiares. El objetivo prioritario de este exhaustivo despliegue testifical ha sido garantizar de forma efectiva el derecho a una investigación exhaustiva y rigurosa. La Fiscalía ha puesto de relieve la necesidad de este paso recordando que, si bien en su momento se tramitaron formalmente dos procedimientos judiciales, la matanza del 3 de marzo quedó sumida en la impunidad debido a que en aquellas causas no se realizó la más mínima investigación real sobre las circunstancias de la violencia policial.
Brutalidad policial contra la asamblea de San Francisco
Los hechos cuyo reconocimiento judicial se persigue se remontan a la jornada del 3 de marzo de 1976, en la que la capital alavesa se encontraba paralizada por una huelga general convocada en defensa de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. En el transcurso de aquella jornada de movilización, miles de obreros en huelga se congregaron pacíficamente en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís para celebrar una asamblea informativa.
El recinto religioso fue cercado por efectivos de la Policía Armada, quienes procedieron a la disolución violenta de la concentración mediante el lanzamiento al interior del templo de gases lacrimógenos, botes de humo y pelotas de goma. Cuando la multitud intentó abandonar el edificio asfixiada por el humo y los gases, las fuerzas policiales actuaron con extrema brutalidad empleando disparos de armas de fuego de forma indiscriminada.
Esta desproporcionada represión se saldó con la muerte de cinco personas: Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Asimismo, la actuación policial causó más de un centenar de heridos de diversa consideración, la gran mayoría de ellos alcanzados por impactos directos de bala.
Un hito de justicia reparadora casi medio siglo después
El escrito elevado ante los juzgados representa la primera vez en casi cincuenta años que la Justicia se acerca de manera efectiva a estas víctimas para ofrecerles una vía formal de reparación y satisfacción moral. Aunque los hechos acaecieron hace medio siglo, la Fiscalía recalca que el dolor y el derecho a la verdad continúan plenamente vigentes en la sociedad vasca y en la memoria de la capital alavesa.
Con este paso, el Ministerio Público reafirma el compromiso de las instituciones con los derechos humanos y la memoria histórica, subrayando una máxima que resume el espíritu de esta iniciativa procesal: aunque los hechos delictivos hayan podido prescribir por el paso del tiempo, las víctimas y su derecho a la verdad no prescribirán jamás.