Política

La Fiscalía concluye que Albiol incumplió la orden judicial de desalojo del instituto B9 de Badalona

El desalojo del recinto, considerado el mayor asentamiento de inmigrantes sintecho de Catalunya, dejó a decenas de personas en la calle, muchas de las cuales acabaron instalándose bajo el puente de la C-31
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, comparece ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. / EP

La Fiscalía ha concluido que el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), dirigido por Xavier García Albiol, incumplió la orden judicial de desalojo del instituto B9 al no proporcionar una “ayuda efectiva” a los inmigrantes expulsados, que “se quedaron en la calle a pesar de las inclemencias del tiempo”.

Incumplimiento del mandato judicial

En un escrito remitido al juzgado contencioso, el Ministerio Público considera que no se ha cumplido el auto dictado en diciembre, que autorizaba el desalojo pero incluía el mandato de ofrecer una “atención adecuada” a las personas sin hogar afectadas.

El desalojo del recinto, considerado el mayor asentamiento de inmigrantes sintecho de Catalunya, dejó a decenas de personas en la calle, muchas de las cuales acabaron instalándose bajo el puente de la C-31, mientras el alcalde reiteraba que no movilizaría recursos para ofrecer una alternativa residencial.

Respuesta del Ayuntamiento

A raíz de la situación, la Fiscalía solicitó aclaraciones al juzgado, que a su vez requirió al consistorio su protocolo de atención a personas sin hogar. El Ayuntamiento respondió que no cuenta con un protocolo específico, pero sí con una metodología general estructurada en cuatro fases: detección, valoración social, oferta de apoyo y derivación de recursos, y seguimiento posterior.

Según el consistorio, en función de la disponibilidad se ofrecen medidas como alojamiento temporal, recursos sociales o cobertura de necesidades básicas.

Sin embargo, la Fiscalía considera que esa metodología no se aplicó ni el día del desalojo ni en los posteriores, especialmente en lo relativo a la oferta de apoyo, la derivación a recursos y el seguimiento de las personas en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio Público subraya que la mayoría de los desalojados permanecieron sin asistencia, primero en las inmediaciones del edificio y después bajo la C-31, “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”. Por todo ello, concluye que no puede entenderse cumplido el auto judicial en los términos establecidos, dejando en el aire la correcta ejecución de la orden de desalojo.

25/03/2026