El Ministerio Fiscal pide 8 años de cárcel para un varón acusado de agresión sexual (violación) a una compañera de trabajo en el interior de un turismo en Sarriguren (Valle de Egüés) a comienzos de 2023. La acusación particular eleva la petición de cárcel a 10 años de prisión al apreciar, además de un delito de agresión sexual, la comisión de un delito de abuso sexual.
Los hechos que será enjuiciados próximamente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ocurrieron en la madrugada del 18 de febrero de 2023, según consta en el escrito calificación provisional del Ministerio Público. Fue a la salida de su centro de trabajo en el día anterior, cuando la denunciante estuvo con un compañero y otras dos personas tomando algunas cervezas en, al menos, dos establecimientos situados en la Comarca de Pamplona.
Con posterioridad, ya en la madrugada del 18 de febrero, la Fiscalía sostiene que el acusado agredió sexualmente a la mujer en el interior de su vehículo cuando se encontraba estacionado en Sarriguren. El hombre cometió los hechos aprovechándose del estado de intoxicación por la ingesta de bebidas alcohólicas que presentaba la víctima.
Sumisión química no acreditada
Aunque la mujer denunció que podría haber sido agredida sexualmente mediante una posible sumisión química, este extremo no se ha podido acreditar durante la instrucción. De hecho, al día siguiente de los hechos la mujer acudió a dependencias de la Policía Municipal de Pamplona a interponer una denuncia y se activó el protocolo previsto en el caso de agresiones sexuales en los que concurre una posible sumisión química, que incluye la recogida de muestras de orina y de cabello para su posterior análisis en laboratorio, en busca de sustancias susceptibles de ser suministradas con el fin de lograr una sumisión química.
Tras la formalización de la denuncia, agentes de la Policía Foral y de la Policía Municipal practicaron la detención del supuesto autor de los hechos, quien posterioremnte fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona. La magistrada decretó su puesta en libertad provisional, investigado por un delito de agresión sexual, y le impuso una orden de alejamiento de 150 metros y prohibición de comunicación con la denunciante.