La Diputación de Bizkaia defiende la solidez de su sistema de control y cuidados en la residencia Tabira Berri de Durango

Actualizado hace 1 hora

La reciente comparecencia de la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi Ziarda, en las Juntas Generales ha puesto de manifiesto un mensaje claro: el sistema público de supervisión de los servicios sociales en Bizkaia funciona, y lo hace con rigor, transparencia y garantías para las familias.

Los datos aportados reflejan una administración activa, vigilante y comprometida con la mejora continua de la atención a las personas mayores. La detección de incidencias y la imposición de sanciones -ocho expedientes desde 2024 en distintos recursos- son la prueba de que los mecanismos de control no solo existen, sino que se aplican con firmeza cuando es necesario.

En el caso concreto de la residencia Tabira Berri de Durango, la Diputación ha actuado con responsabilidad, analizando cada queja y contrastando la información con inspecciones técnicas, personal del centro y familiares. Este enfoque integral evidencia un modelo que prioriza la veracidad y la toma de decisiones fundamentadas, evitando respuestas precipitadas o basadas únicamente en percepciones parciales.

Además, las inspecciones se realizan sin previo aviso y por personal funcionario independiente, lo que refuerza la objetividad del sistema. Tal y como subrayó Antxustegi, "si algo falla, se detecta, se corrige y, si procede, se sanciona". Este principio no solo garantiza la rendición de cuentas, sino que impulsa a los centros a mantener estándares de calidad elevados.

Otro aspecto relevante es la proporcionalidad y el seguimiento de las incidencias. En Tabira Berri, por ejemplo, las quejas registradas en 2025 -aunque numerosas en términos absolutos- se concentran en un número muy reducido de casos, lo que permite una intervención más focalizada y eficaz. Este tipo de análisis detallado demuestra que la Diputación no se limita a contabilizar reclamaciones, sino que profundiza en su origen para dar respuestas ajustadas.

Frente a discursos que plantean visiones catastrofistas del sistema, la actuación del Departamento de Acción Social refleja un modelo sólido, capaz de detectar desviaciones y actuar en consecuencia. Las sanciones económicas, que superan los 100.000 euros en el conjunto de centros gestionados por una misma dirección, no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para corregir prácticas inadecuadas y proteger a las personas usuarias.

Respecto al centro de Durango, que cuenta con 14 plazas para mayores, la diputada ha detallado que, tras un 2023 sin quejas, el año siguiente se recibieron tres quejas, y en 2025 un total de 14, aunque estas se concentraron mayoritariamente en familiares de solo tres residentes. Las quejas incluían cuestiones sobre la calidad de la comida, mantenimiento (como fugas de agua y problemas con el pozo séptico), falta de limpieza, brotes de escabiosis e incumplimiento en las ratios de personal. En cuanto a las medidas disciplinarias en este centro concreto, en 2023, se impuso una sanción de 6.000 euros por deficiencias en la ratio de enfermería, limpieza y seguridad en la medicación, cuestiones que fueron subsanadas.

Bajo este enfoque de control se enmarca en una estrategia más amplia que apuesta por unos servicios sociales basados en la calidad, la supervisión constante y la mejora continua. La transparencia mostrada en la comisión y el compromiso de volver a comparecer una vez finalicen los informes técnicos son también reflejo de una forma de gobernar abierta y responsable.

En un contexto donde el envejecimiento de la población plantea retos cada vez mayores, Bizkaia cuenta con un sistema que combina capacidad sancionadora y voluntad de mejora sitúa al territorio en una posición de referencia en la gestión de los cuidados. Y eso, en un ámbito tan sensible como el de la atención a las personas mayores, es una garantía fundamental para las familias y para la sociedad en su conjunto.