La Diputación Foral de Álava ha dado inicio a un expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, que organiza los campamentos de Bernedo, sobre el que, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellas.
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado ante las Juntas Generales del territorio que la institución de la que está al frente ha incoado expediente sancionador a la asociación, tras evidenciarse "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa.
Dos infracciones graves
Las sanciones se abren por el incumplimiento de la asociación de su obligación de comunicar de forma previa su actividad a la diputación, y por no respetar la obligación de facilitar las funciones de inspección de la administración competente consistente a facilitar la documentación que le fue requerida y a la que "no respondió". Este expediente tendrá su tramitación administrativa correspondiente.
Ramiro González ha repasado de forma cronológica lo sucedido desde el pasado 15 de septiembre cuando la diputación tuvo conocimiento de los udalekus a raíz de la información de una madre. "La actividad no ha estado nunca inscrita en la Diputación foral de Álava ni fue comunicada al Departamento de Juventud", por lo que su actividad "era desconocida" para la diputación.
La prioridad: las familias
González ha indicado que la prioridad de la institución fue "atender a las familias, conocer de primera mano la situación generada en el 'udaleku' de Bernedo y dar respuesta con responsabilidad institucional", así como "dar traslado a la Fiscalía de toda la documentación administrativa recopilada sobre el caso".
"Ha habido preocupación, implicación y actuación, y se ha hecho con la mayor celeridad posible, y teniendo siempre en cuenta el interés superior de los y las menores", ha defendido.
Posibles delitos
González ha lamentado que durante muchos años hayan existido unas colonias con unas prácticas absolutamente inadmisibles que en incluso "podrían ser constitutivas de delito". "Estos campamentos no se tenían que haber producido de esta manera, a tenor de la cantidad de las denuncias que se han producido por parte de las familias", ha añadido.
Además, ha denunciado que se trata de "actuaciones absolutamente inadmisibles que se han repetido durante años sin que nadie lo haya conocido y, por lo tanto, lo haya podido impedir".
Por ello, González ha abogado por "investigar hasta el fondo" y "actuar con la máxima transparencia, para trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública" y "poner en conocimiento de los juzgados cualquier situación en la que se pueda apreciar cualquier indicio de delito", tal y como ha secundado, "ha hecho la Diputación".
Mejorar los mecanismos de agresión
El diputado general de Álava ha resaltado la creación de la mesa entre las tres diputaciones forales, Eudel y el Gobierno Vasco para "mejorar los mecanismos de coordinación y control" en el ámbito de las actividades privadas de tiempo libre, marchas volantes, campamentos y albergues.
En este sentido, ha informado que se ha identificado "la necesidad prioritaria de desarrollar reglamentariamente varios puntos de la Ley Vasca de Juventud", incluyendo comunicaciones previas, declaraciones responsables, servicios e instalaciones y régimen disciplinario.
También y, en paralelo al trabajo normativo, se ha acordado impulsar medidas inmediatas para "cuidar la calidad de la oferta de tiempo libre", por lo que de cara al periodo navideño se lanzará una campaña de sensibilización conjunta para la ciudadanía, poniendo en valor el voluntariado y el ocio educativo.
En tercer lugar, se ha establecido que las reuniones de estas mesas sean cada 15 días, para "garantizar una coordinación efectiva y una oferta de tiempo libre más segura, cohesionada y de calidad para la juventud".
"Sin responsabilidad de las administraciones"
Por su lado, el portavoz del PSE, Josu López Ubierna, ha defendido que "la responsabilidad es de aquellas personas que han podido cometer un delito" y "no de las administraciones", porque su papel, "cuando tienen conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de delitos, es saber cuál es la situación en que están las familias, sobre todo, los menores de esas familias", para darles "apoyo y asesoramiento", como ha hecho el Departamento Foral de Cultura y Deporte.
El PP reclama la comisión de investigación
Mientras tanto, la juntera del PP Ana Salazar ha demandado la creación de una comisión de investigación, ya que "nadie asume la responsabilidad de unos errores muy graves" en un campamento que "no ha sido puntual de este año", puesto que "lleva años haciendo esa actividad".
"Lo lógico sería una comisión de investigación, porque lo que están haciendo es taparlo todo y meterlo debajo de una alfombra. Me gustaría saber quién asume la responsabilidad de estos errores, usted o la diputada de Cultura, porque aquí hay responsables de unos errores muy graves y no se está cumpliendo con la Ley de Juventud del Parlamento Vasco", ha reprobado.
También ha pedido explicaciones de "todos los errores que se han ido acaeciendo", porque las explicaciones de la diputada de Cultura "fueron todavía casi peor", ya que "no sabía nada". "Nadie tiene ninguna responsabilidad aquí. Ha sido un verdadero desastre y nos gustaría que nos aclarara algo, para poner un poquito de luz y transparencia", ha reiterado.
Responsabilidad judicial
Por su parte, el juntero de EH Bildu Xabier Valdor ha cuestionado la "falta de transparencia" de los juzgados, ya que "no es aceptable ni comprensible que denuncias que afectan a menores se extravíen en los juzgados", y ha demandado "alejarnos del morbo, amarillismo y carroñerismo de la derecha extrema que utiliza este tema para su bien e interés".
Por último, el portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha apelado a que las instituciones "trabajen mucho para que su coordinación y sus protocolos, tanto en el tiempo libre como en el ámbito educativo de familia, no falle", para que "haya realmente sistemas que nos alerten en momentos en que se pueda producir abuso sobre los derechos de los menores".