La plaza nº 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia ha acordado el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas en la Xenpelar Bertso Eskola de Errenteria. El juzgado tomó esta decisión el pasado 10 de junio porque, según confirman fuentes judiciales, "no existe denuncia ni de la Fiscalía ni de ninguna presunta víctima".
Dichas fuentes explican que el artículo 191.1 del Código Penal establece que "para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".
Sin embargo, a día de hoy ninguna de las presuntas víctimas o sus familias han presentado denuncia ante instituciones policiales o judiciales. Según la investigación realizada por el juzgado donostiarra, se había logrado identificar a una de las víctimas, una joven de 17 años de edad. Pero ni ella ni su familia han expresado voluntad de interponer demanda. Las denuncias de las mujeres agredidas habían sido canalizadas por las agrupaciones feministas de Errenteria y Oiartzun, además de la Bertsozale Elkartea, quienes las hicieron públicas a finales del mes de mayo.
Como consecuencia de esas denuncias de varias alumnas de Xenpelar Bertso Eskola, el Ayuntamiento decidió suspender la actividad del centro y cerrarlo. Se reunió con los padres y madres de los alumnos para comunicar esta decisión y les ofreció la posibilidad de participar en un encuentro en el que se les proponían herramientas para tratar el asunto con sus hijos.
Por su parte, la Fiscalía de Gipuzkoa citó a la propia alcaldesa del municipio, Aitzpea Otaegi, para que explicara la información de la que disponía el consistorio sobre este asunto -teniendo en cuenta que Xenpelar Bertso Eskola es una entidad de titularidad municipal- y desde cuándo tenía conocimiento del caso. Tras esta declaración y al no haber detectado novedades, la Fiscalía de Gipuzkoa ha decidido no actuar de oficio.
Todo este proceso, por tanto, no seguirá por vía judicial. Sin embargo, según detallan las fuentes judiciales, "si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado".