La defensa de un menor acusado de alentar disturbios en las protestas de Blocus en Barcelona ha recurrido su internamiento, alegando que el juez lo acordó contra el criterio de educadores y psicólogos, mientras pide investigar el papel de las redes sociales y el "verdadero origen" de la convocatoria.
Martí Cànaves, abogado del joven de 17 años detenido el pasado 29 de octubre en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su supuesta vinculación con Blocus, ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona en el que pide que revoque la medida de internamiento cerrado que el juez decretó para él, tal y como solicitó la Fiscalía, que lo considera responsable de los delitos de desórdenes y pertenencia a grupo criminal.
En concreto, los Mossos d'Esquadra atribuyen al adolescente una "posición activa y relevante" dentro de los grupos de WhatsApp que alentaron los disturbios que el pasado 24 de octubre sembraron el caos en el centro de Barcelona, así como en la selección de "objetivos comerciales" y la difusión de "instrucciones operativas".
Petición de libertad vigilada
Cànaves reclama en su recurso a la Audiencia que anule la resolución del juez e imponga al menor una medida de libertad vigilada -en la que sea objeto de seguimiento por un equipo de educadores, en contacto con la familia y el juzgado-, orientado principalmente a la "formación y sensibilización sobre el uso responsable de las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y entornos digitales".
El letrado, director del bufete DMT Advocats, argumenta en su recurso que el juez no ha motivado suficientemente por qué acordó el internamiento del menor, en contra del criterio del equipo técnico que lo examinó, que recomendó para él una "intervención educativa en su entorno habitual".
Los equipos técnicos ejercen un papel clave en la jurisdicción de menores: llevan a cabo un estudio exhaustivo de la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor y asesoran a la Fiscalía sobre las medidas más adecuadas a adoptar en cada caso; el internamiento en régimen cerrado es la más gravosa.
En este caso, el equipo técnico defendió que había "posibilidades concretas de intervención educativa en medio abierto", al considerar que el menor cuenta con un núcleo familiar estable, una capacidad de supervisión adecuada por parte de los padres y la hermana, habilidades sociales y capacidad de reflexión, sin actitudes de rebeldía ni adicción a sustancias tóxicas.
Según Cànaves, la resolución del juez de menores "no ofrece una justificación suficientemente individualizada ni motivada de por qué tales circunstancias resultarían insuficientes" ni por qué la libertad vigilada, acompañada de un programa educativo, no supone una "alternativa eficaz".
Cuestionamiento de la imputación por grupo criminal
El recurso arremete además contra la imputación de grupo criminal al menor detenido, cuando según el abogado se limitó a incorporarse a un chat mediante un enlace "públicamente accesible" a través de códigos QR incluidos en publicaciones de TikTok: "La mera recepción de una publicación difundida en una plataforma digital y el posterior acceso a un grupo de mensaje no constituyen, por sí mismo, indicios suficientes".
En ese sentido, el recurso critica la "falta de diferenciación entre los promotores de la convocatoria, los administradores de los espacios digitales y quienes accedieron a ellos a través de enlaces" y reclama que la investigación se extienda al "origen y a los mecanismos de difusión de las publicaciones realizadas en TikTok".
Para Martí Cànaves, la justicia debe esclarecer el alcance de las publicaciones, si su difusión se vio favorecida por el algoritmo o campañas de promoción y si hubo una "actuación coordinada de distintos perfiles", con el fin de "reconstruir el verdadero origen de la convocatoria digital" y aclarar posibles "actuaciones coordinadas de captación de participantes". El recurso pide poner el foco en la capacidad de "atracción y manipulación de los menores" por parte de las redes sociales, gobernadas por grandes compañías tecnológicas que "burlan la normativa existente y difunden de forma incontrolada contenidos que deberían filtrar".