El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el material intervenido en los registros efectuados en diciembre en casa de la exmilitante socialista Leire Díez para realizar un expurgo del mismo, en el marco de la causa secreta que investiga presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Pedraz ha reclamado a la UCO que entregue todos los efectos originales intervenidos en el registro a Díez, así como una copia de trabajo de los mismos, según ha avanzado 'eldiario.es' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Y pide a los agentes que no utilicen el contenido de los dispositivos incautados hasta que no se haya realizado el mencionado expurgo.
Además, procede a la apertura de una pieza separada y reservada de expurgo en la que se sustanciarán las medidas solicitadas.
Todo ello después de que la defensa de Díez haya remitido al juez un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, solicitando la devolución de los dispositivos electrónicos de los que se incautaron los agentes, el expurgo de "cualquier actuación procesal, documentación o información" que no tenga que ver con el periodo de los hechos investigados y levantar el bloqueo de ocho cuentas bancarias.
La abogada de la exmilitante socialista arguye la necesidad de mantener el "respeto al principio acusatorio" y el derecho de su representada a un "proceso con todas las garantías", todo ello para evitar "una indagación o causa general" que pueda desembocar en la imputación de "unos hechos concretos".
"DELIMITAR" LA INVESTIGACIÓN
"La investigación penal comienza por unos hechos concretos imputados, indiciariamente, a una persona concreta, debiendo quedar fuera de esa investigación cualesquiera actuaciones de dicha persona que no se enmarquen en el seno de los hechos por los que da comienzo la causa penal", justifica.
Remarca, asimismo, que el hecho investigado debe estar "delimitado" y "no es posible" iniciar procesos penales para investigar "en general a una persona" o un ámbito "entero" profesional, empresarial o social "por atroces o lamentables que puedan parecer".
La defensa de Díez acusa a la UCO de cambiar las contraseñas de los dispositivos electrónicos después del registro y la incautación, una medida que considera "desproporcionada", puesto que, según su relato, tanto el tribunal de la Audiencia Nacional como los agentes "han podido acceder sin problema" al contenido de los dispositivos electrónicos de la exmilitante y su marido, así como hacer copias, "porque ellos mismos facilitaron todas sus claves y contraseñas".
En ese mismo documento, la defensa de Díez reitera la solicitud del "inmediato levantamiento del bloqueo" de ocho cuentas bancarias relacionadas con la exmilitante socialista, algunas de ellas a nombre de familiares, alegando que no tienen "vinculación" con el proceso judicial ni se deduce de ellas una actividad "sospechosa de ser delictiva".
SIN PODER ATENDER GASTOS
"Desde que se acordara el bloqueo, no se les ha permitido atender ni los gastos más elementales para su propia subsistencia, habiéndose devuelto la totalidad de los recibos, pese al perjuicio que de ello se deriva, y no permitiendo el cargo ni siquiera de los recibos de agua, luz, gas, las hipotecas, seguros médicos, ni la retirada de una cantidad, por mínima que sea, para comprar alimentos", aduce.
Leire Díez fue detenida el pasado diciembre junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, empresario cercano al exdirigente socialista Santos Cerdán. En aquellos días también se procedió a la entrada y registro de varios inmuebles, algunos de ellos vinculados a Díez.
Díez, Fernández y Alonso quedaron en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial. En aquel momento, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó para todos la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecer cada quince días en sede judicial.
PRESUNTAS COMISIONES
A finales de enero, Díez pidió levantar el secreto de sumario de la causa a través de un escrito presentado al juez, en el que su defensa manifestó que la exmilitante socialista facilitó "inmediatamente" a la UCO el acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas.
La AN ordenó la detención al sospechar que los tres se hicieron presuntamente con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.
Según la UCO, los tres investigados habrían formado un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".