Navarra

La Audiencia de Navarra reabre el caso de una menor vendida para un matrimonio forzado

El tribunal revoca el archivo de la causa al hallar indicios de trata de seres humanos y ordena investigar a los padres y a la familia receptora
Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. Iñaki Porto

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado un auto por el cual ordena la reapertura de una investigación penal por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. El tribunal ha estimado el recurso presentado por el Ministerio Fiscal, revocando así el archivo provisional que había decretado previamente el Juzgado de Instancia de Tudela, al considerar que el sobreseimiento fue "absolutamente prematuro" dada la gravedad de los hechos y la existencia de indicios de criminalidad.

Indicios de una "venta" y boda infantil 

La investigación se centra en la presunta venta de una menor de 14 años por parte de sus padres, residentes en Corella, a una familia de Lleida por un importe de 5.000 euros en enero de 2025. Según consta en las actuaciones judiciales, existen indicios sólidos que justifican la continuación del proceso, incluyendo un atestado policial donde el propio padre de la niña habría referido el pago de dicha cantidad por parte de una familia residente en Cataluña.

Además del testimonio sobre la transacción económica, la resolución judicial menciona la existencia de fotografías de un festejo de boda. En dichas imágenes, aportadas por un testigo, aparece la menor junto a su "presunto marido", un joven de 21 años, y los padres de este, lo que refuerza la tesis de un enlace concertado para el cual la menor fue entregada a una familia de origen rumano.

Situación de mendicidad y abandono escolar 

La situación de la menor tras su traslado a Lleida ha sido otro de los factores determinantes para la reactivación del caso. La niña fue localizada por los Mossos d'Esquadra en diversas localidades catalanas, como Bellpuig y Borges Blanques, mientras se encontraba ejerciendo la mendicidad y, en ocasiones, enfrentándose a los viandantes. Los investigadores señalan que la menor era recogida en estos lugares por la familia investigada, que alegaba que los padres biológicos, supuestamente residentes en Zaragoza, se la habían dejado a su cargo por motivos laborales.

El tribunal destaca de forma alarmante que la menor se encontraba en una situación de absoluto abandono escolar, ya que no está escolarizada pese a ser un derecho y un deber constitucional. Los magistrados advierten que la falta de escolarización puede acarrear sanciones penales de tres a seis meses de prisión para los progenitores por incumplimiento de los deberes de la patria potestad, además de medidas civiles extremas como la suspensión de dicha potestad o la declaración de desamparo.

Protección frente a la coacción familiar

Un punto clave del auto judicial es la valoración de la declaración de la propia menor. Aunque la niña no se reconoce a sí misma como víctima del delito, la Audiencia de Navarra subraya que esto no puede ser motivo para archivar la causa. El tribunal sostiene que esta actitud es común en contextos de coacción familiar dentro de determinadas comunidades y recuerda que, según el Estatuto de la Víctima, la protección y el apoyo no deben depender exclusivamente de la posición de la persona en el proceso.

Por este motivo, se ha decidido mantener las medidas de alejamiento impuestas a los investigados para garantizar la tutela especial que necesita la menor ante el riesgo evidente para su integridad física y moral.

Nuevas diligencias de investigación 

Para profundizar en la instrucción, el tribunal ha ordenado la práctica de nuevas diligencias fundamentales. Entre ellas destaca la toma de declaración a un testigo clave que facilitó datos de gran relevancia, como el perfil de Facebook del presunto marido y las fotos del enlace, y que actualmente consta como amenazado por la familia de la menor.

Asimismo, se ha solicitado un informe psicológico exhaustivo de la niña y se ha oficiado a los servicios sociales de Corella para conocer a fondo la situación del núcleo familiar original. Finalmente, los Mossos d'Esquadra deberán aportar informes sobre los medios de vida y las posibles actividades delictivas de la familia de Mollerussa que acogió a la menor, con el fin de determinar si existen más implicaciones en esta red de coacciones y trata.

26/01/2026