El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita la nulidad de la entrada y registro practicados el pasado 10 de febrero en la sede vizcaina de la compañía, ubicada en Basauri. La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional en el marco de la investigación judicial abierta por el presunto envío de acero a la empresa armamentística israelí Israel Military Industries (IMI).
El recurso, registrado el pasado martes y compuesto por 34 páginas, reclama al tribunal que anule la resolución del juez instructor Francisco de Jorge, quien autorizó tanto el registro de las instalaciones como la intervención de teléfonos móviles y correos electrónicos -corporativos y personales- de los investigados. La defensa sostiene que la medida vulneró derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
La investigación se remonta a octubre de 2024 cuando el magistrado acordó investigar a Jainaga y a otros dos directivos por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio, a raíz de la venta sin autorización de partidas de acero no aleado a IMI. Sin embargo, en un escrito posterior, la Fiscalía se mostró partidaria de que la causa continuara exclusivamente para determinar si pudo cometerse un delito de contrabando, excluyendo las acusaciones relacionadas con crímenes internacionales.
Asimismo, el Ministerio Público se opuso a la práctica del registro al considerarlo una diligencia “inadecuada y desproporcionada” en relación con los derechos fundamentales de los investigados. El pasado 12 de noviembre, Jainaga y los dos directivos de la compañía -Iñigo Molero, director comercial, y Marco Pineda, director de desarrollo corporativo- declararon como investigados ante el Juzgado Central de Instrucción número 1.
Durante su comparecencia, el presidente de la siderúrgica defendió que la empresa no había cometido “irregularidad alguna” en las exportaciones de acero a Israel, argumentando que el material suministrado no figuraba entre los productos sometidos a control especial por parte de la administración.
El recurso sostiene que la decisión judicial se adoptó en un procedimiento que la propia Fiscalía considera carente de base legal en lo relativo a los delitos de genocidio o lesa humanidad, y critica que la investigación se apoye en una interpretación normativa “discutible” sobre la exportación de acero no aleado, sin que hasta la fecha se haya aportado un indicio razonable de delito.