Interior estudia reconocer como profesión de riesgo a Policía Nacional y Guardia Civil

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La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja desde hace tiempo en la mejora de las condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, "incluida la posibilidad de avanzar hacia el reconocimiento de la profesión de riesgo mediante coeficientes correctores que faciliten la jubilación anticipada".

Preguntada sobre este tema tras la decisión del Ministerio de Defensa de iniciar los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, Calvo admitió que también se trata de una reivindicación histórica de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil y subrayó que el Ministerio del Interior "comprende" esta demanda. No obstante, precisó que "no es una decisión que dependa exclusivamente de un departamento", sino que requiere coordinación entre varios ministerios.

Calvo recordó que el reconocimiento de quienes trabajan en situaciones de riesgo ya existe mediante complementos específicos, aunque admitió que la equiparación en materia de jubilación anticipada "sigue siendo una cuestión pendiente". El Ejecutivo mantiene el diálogo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tratará de avanzar "lo más rápido posible", aunque advirtió que "no se trata de una medida inmediata".

GESTIÓN FRONTERIZA Y TECNOLOGÍA

En relación con la gestión fronteriza en Ceuta y Melilla, la secretaria de Estado defendió el desarrollo de la "frontera inteligente", en el contexto de la próxima entrada en vigor del sistema Entry Exit System, prevista para el 10 de abril. "Este modelo incorpora tecnologías avanzadas, como la recogida de datos biométricos, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficacia en el control de accesos", precisó.

Calvo insistió en que todas las actuaciones del Ministerio del Interior en frontera "cumplen con la legalidad vigente y respetan los derechos humanos". Respecto a posibles sesgos en los algoritmos utilizados, advertidos por la Fundación Por Causa, aseguró desconocer la denuncia concreta, aunque garantizó que "cualquier incidencia será analizada". La secretaria afirmó: "No hay ninguna actuación que incumpla la normativa", y reconoció que la implantación progresiva del nuevo sistema ha permitido detectar aspectos de mejora que ya están siendo abordados. El despliegue tecnológico cuenta con una inversión de 10 millones de euros.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Por otro lado, Calvo defendió el proceso de regularización de migrantes que impulsa el Gobierno, actualmente en tramitación, tras críticas de algunos partidos de la oposición. Recalcó que "incluirá controles" y que está dirigido a personas que ya residen en el Estado, muchas de ellas trabajando en situación irregular.

Según la secretaria de Estado, se trata de una medida que permitirá "aflorar" empleo y otorgar derechos, y subrayó que cuenta con el respaldo de organizaciones empresariales como la CEOE y de la Conferencia Episcopal Española. "Es un ejercicio saludable desde el punto de vista social y del mercado laboral", concluyó.