Actualizado hace 3 horas
Las Juntas Generales de Álava han manifestado su firme voluntad de poner fin a la excepcionalidad administrativa del enclave de Treviño. Durante el primer pleno ordinario de este 2026, una amplia mayoría de la Cámara ha reclamado que la anexión definitiva del territorio se aborde de manera "inmediata", estableciendo como límite temporal el año 2029, coincidiendo con la finalización de los actuales convenios de colaboración.
Una hoja de ruta con fecha de caducidad
La resolución, que surge de una transaccional pactada por el PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin, subraya que la situación actual no puede prolongarse indefinidamente. Los grupos parlamentarios han sido tajantes al definir el marco jurídico vigente y los convenios entre la Diputación de Álava y su homóloga de Burgos como herramientas de carácter estrictamente "temporal y excepcional".
El objetivo principal es que el proceso de integración se consume a lo largo de la vigencia del actual acuerdo marco, evitando nuevas prórrogas que posterguen una demanda histórica. En este sentido, la Cámara se ha comprometido formalmente a facilitar una resolución definitiva que se enmarque dentro de la legalidad vigente y, sobre todo, que sea plenamente respetuosa con la voluntad de la ciudadanía residente en el enclave.
Frente común contra un "anacronismo" administrativo
El debate ha servido para evidenciar el consenso entre las fuerzas nacionalistas y progresistas, frente a la oposición del PP y Vox. Para los grupos proponentes, mantener a Treviño fuera de la estructura administrativa de Álava es un "anacronismo" que debe ser corregido mediante la colaboración institucional y el apoyo a las iniciativas populares que surjan desde el propio enclave.
Desde las filas del PNV, su portavoz Iñaki Ruiz de Galarreta ha recordado el vínculo emocional y geográfico al definir a Treviño como la "octava cuadrilla" de Álava. Por su parte, EH Bildu ha instado a las instituciones a no dejar pasar la actual "ventana de oportunidad", advirtiendo de que el partidismo excesivo podría conducir a un estancamiento político sin salida.
Tensión institucional y defensa del autogobierno
La resolución no solo mira hacia el futuro, sino que también responde a las recientes fricciones con las autoridades burgalesas. Las Juntas Generales han rechazado de forma contundente las declaraciones de Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, quien calificó los derechos históricos y el autogobierno vasco como "fueros medievales" fuera de lugar.
La Cámara alavesa considera que tales manifestaciones son "ofensivas" y contrarias a los derechos del territorio, rebatiendo la idea de Suárez de que el conflicto de Treviño es un "tema zanjado". Al contrario, el legislativo foral insiste en que la colaboración con la Diputación es esencial para buscar una salida pactada a una anomalía territorial que, según el texto aprobado, debe resolverse con celeridad y ambición institucional.