Fiscalía solicita 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por agresión sexual

La Fiscalía de Valencia solicita una pena de 10 años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven de 21 años a la que conoció en una discoteca de Valencia la noche del 31 de agosto de 2024 y con la que luego se fue a su casa en Bétera.

Calificación fiscal y medidas adicionales

Según la calificación fiscal adelantada por Las Provincias, el ministerio público atribuye a Rafa Mir un delito de agresión sexual y otro contra la integridad física. Junto a la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se imponga al futbolista la prohibición de aproximación y comunicación por 10 años respecto de la víctima, inhabilitación especial para toda profesión u oficio que implique contacto con menores por tiempo superior a ocho años, y libertad vigilada por siete años posterior a la pena privativa de libertad.

En la causa también figura como acusado un compañero de Mir, Pablo, para el que la Fiscalía pide tres años de prisión y el pago de una multa por agredir sexualmente a una segunda joven de 25 años, a la que presuntamente hizo tocamientos hasta en tres ocasiones en la piscina, pese a la negativa de ella.

Procesamiento y hechos

Tanto Rafa Mir como su compañero, Pablo, fueron procesados en octubre de 2025 por la jueza titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria por sendos delitos de agresión sexual, en el caso de Rafa Mir con acceso carnal y empleo de violencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del ahora jugador del Elche CF, en una urbanización de Bétera, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

Detenciones y defensa

Rafa Mir fue arrestado a principios de septiembre de 2024 tras una denuncia por presunta agresión sexual. Un día después fue detenido su compañero, Pablo, por su supuesta relación con estos hechos.

Tras su puesta en libertad, Rafa Mir negó haber cometido la agresión sexual y solicitó que se respetase la presunción de inocencia. Su defensa indicó que debía respetarse conforme a la Constitución Española y la Directiva europea 2016/343, y señaló que el proceso penal serviría "para esclarecer los hechos", asegurando que "se evidenciará que la imputación no se sostiene".