La Fiscalía mantiene su petición de 22 años de cárcel para el profesor de un instituto de Irun juzgado en la Audiencia de Gipuzkoa por presuntamente ofrecer dinero a cambio de favores de índole sexual a tres alumnas menores de edad durante el curso 2023-1024, al considerar "proporcionada" la calificación de los delitos de los que se le acusa a la "gravedad de los hechos" que considera "suficientemente probados".
El juicio ha quedado visto para sentencia tras una segunda jornada en la que, además de presentarse los informes finales de las partes, han declarado, a puerta cerrada, dos de las tres víctimas, así como dos profesoras, testigos propuestos por la defensa, y el propio acusado.
La declaración de este ha tenido que ser finalmente a puerta cerrada al decir en varias ocasiones los nombres de las menores de edad, pese advertirle la magistrada y presidenta de la Audiencia María José Barbarin que no lo hiciera.
En las puertas de la sede judicial se han vuelto a concentrar, como ya hicieron en la primera jornada de la vista este pasado martes, exalumnas del acusado en otro centro de Gipuzkoa junto a miembros de la asamblea feminista de Oiartzun.
Las dos profesoras que han declarado como testigos de la defensa han destacado que "llamaba la atención" que alumnas "estaban siempre" esperando al procesado, al que rodeaban "como gaviotas en la playa, que son graciosas pero al final molestan", e "incluso se peleaban y competían entre ellas para ver quién era la novia" de este. Además, una de ellas ha señalado que las menores "eran chicas muy acostumbradas al vocabulario sexual" y hablaban "todo el rato" del término 'sugar daddy', que se había "viralizado".
No obstante, han asegurado que, si hubieran visto algo "raro" en el comportamiento de su compañero, lo habrían trasladado a Dirección. En este sentido, tras manifestar que desconocían la actividad del acusado en redes sociales y enseñarles un pantallazo de una de sus conversaciones con una menor en la que le preguntaba si le podía buscar una 'sugar baby' para él, han reconocido que, si hubieran visto antes ese contenido, sí lo habrían "contado a la Dirección" del centro.
Por su parte, el acusado ha señalado que "en todos los colegios siempre hay una alumna que quiere destacar y hacerlo público. Tiemblo cada vez que una me dice que es la elegida", ha señalado, para añadir que se trata de menores "más lanzaditas, que se ponen encima de la mesa", por ejemplo. "Cada vez que he parado a una elegida, han venido mis problemas, el Departamento de Educación ha venido y me ha sacudido", ha afirmado, en alusión a estas alumnas "elegidas", según ha explicado no por él, sino por ellas mismas.
También ha reconocido que se abrió un perfil en la red social Instagram con un pseudónimo, porque tenía otros perfiles "con miles de seguidores" que borró porque sabía que el Departamento vasco de Educación "quería darme". Según ha relatado, tras facilitarle el perfil a una de sus alumnas, "esa misma semana, de tener tres o cuatro personas elegidas", se multiplicó a 40 seguidores, todos ellos "alumnos o cuentas falsas de perfiles eróticos".
Según ha relatado, a través de estos, le pedían "fotos y vídeos" y le preguntaban cosas como si se iba a "follar a sus hijas". "Como no paraban les dije que sí, que como cualquiera", ha apuntado. Asimismo, ha explicado que los 'sugar daddy' es "algo muy común" y que una menor fue testigo de cómo en el recreo los comentarios al respecto eran "muy habituales".
"Varias alumnas me ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta que luego me enteré que costaba 30 euros", ha apuntado. A ello ha añadido que una joven le ofreció "dejarse besar si le daba dinero", porque "lo necesitaría o algo".
En el ejercicio del derecho a la última palabra, ha insistido en que se encuentra con "situaciones muy especiales" y en que parece "una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes", con los que "a veces se normaliza el trato de amistad", porque "cuando la gente tiene problemas" se dirige a él. "Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso", ha reconocido, para añadir que su situación ha sido "complicada" y su "único apoyo han sido los alumnos".
El Fiscal Jorge Bermúdez, en su informe final, ha considerado los hechos de los que se le acusan de "suficientemente probados", por lo que mantiene su petición de 22 años de cárcel por varios delitos relacionados con la indemnidad sexual de menores. Según ha precisado, las presuntas víctimas aportaron capturas de las conversaciones "antes de que fueran borradas" por el acusado, "profesor de tecnología", que "cambió de terminal y de sistema operativo poco antes de ser detenido".