Euskadi y otras seis comunidades autónomas con competencias en la gestión del lobo han enviado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, una certificación del informe sexenal que refleja el estado de conservación favorable de la especie en el Estado.
La consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, fue la encargada de remitir dicha certificación, emitida por el Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, del que forma parte el Gobierno de España.
Reunión de las CCAA
La certificación iba acompañada de una carta enviada en nombre de todas las comunidades autónomas que participaron el pasado 30 de enero de 2026 en un encuentro en Santander para abordar la situación del lobo en sus territorios: Euskadi, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León.
En ese encuentro, las comunidades denunciaron la "rebeldía" del Gobierno central en el cumplimiento de la obligación de comunicar cada seis años a la Comisión Europea el estado de conservación de las especies silvestres protegidas, incluido el lobo, correspondiente al periodo 2019-2024, que debía haberse enviado el 31 de julio de 2025.
"Negativa obstativa y reiterada del Gobierno de España"
El Gobierno de Cantabria recuerda que las comunidades participantes emitieron un comunicado apoyado también por Andalucía, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares, Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que igualmente se ha remitido a la comisaria europea.
Según el Ejecutivo cántabro, esta acción “viene obligada por la negativa obstativa y reiterada del Gobierno de España a cumplir con la obligación de remitir el informe sexenal antes de la fecha indicada”. La posición de las comunidades, según añade el Gobierno de Cantabria, busca impedir que se bloquee la modificación de la directiva europea sobre el régimen de protección del lobo, que flexibiliza su estatus jurídico y permite a las comunidades autónomas gestionar la especie en todo el territorio nacional.