Los plazos que existen en la actualidad para acceder a una vivienda no van acorde, por lo general, con las necesidades de los demandantes. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, hablaba hoy en Gasteiz de los “ocho o diez años” para “desarrollar un suelo y entregar una vivienda”, unos plazos “claramente inasumibles”. Para acortar esos períodos de espera Itxaso defendió la reciente Ley de Medidas Urgentes, que durante este año asistirá a su “despliegue efectivo” con, entre otras medidas, la movilización de mil viviendas protegidas mediante diversos proyectos piloto.
El consejero de Vivienda tomó parte en una jornada junto con la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, para dar a conocer a un centenar de cargos municipales las líneas maestras del texto, aprobado en los últimos compases del año pasado en el Parlamento Vasco con el apoyo de PNV y PSE, y la oposición del resto de grupos. Uno de los objetivos de la norma es la agilización de licencias, autorizaciones y plazos, y en este sentido la colaboración de los municipios se antoja esencial para acelerar la planificación urbanística y maximizar la producción de vivienda, sobre todo la protegida, “en un contexto de tensionamiento residencial”.
En este sentido, Itxaso fue crítico con la ley vasca de 2006 de Suelo y Urbanismo, que “dificulta extraordinariamente la adopción de respuestas ágiles y eficaces, que es lo que las personas con necesidad de vivienda nos demandan. Plazos de ocho o diez años para desarrollar un suelo, y entregar una vivienda, habituales en el marco de la citada ley, resultan claramente inasumibles”, indicó. Aquella ley, en su disposición de motivos, ya aludía a circunstancias que siguen existiendo veinte años después, como los “altos precios de la vivienda” y la “escasez crónica de suelo”, que “hacen más necesario que nunca el fomento de un importante volumen de vivienda protegida”.
Aquel texto se aprobó, no obstante, en un contexto de burbuja inmobiliaria, con una oferta mucho más abundante que ahora y con un mercado de entidades financieras que era mucho más proclive a la concesión de hipotecas que el de ahora. En todo caso, persiste lo que Itxaso calificó como “urgencia habitacional” y ante esa situación, y con el fin de “remover obstáculos” que han “ralentizado” durante años la movilización de suelos calificados para albergar vivienda de carácter protegido, la Ley de Medidas Urgentes aprobada de manera reciente ejercerá un “impacto clave en los procedimientos y plazos urbanísticos para los consistorios”. Una de las novedades de la ley, con la que se espera atraer un mayor interés de constructoras y promotoras inmobiliarias, es que reduce del 75% actual al 60% el porcentaje de vivienda protegida requerido en cada nueva obra, una decisión que, no obstante, deberá ser aprobada por el pleno de cada ayuntamiento.
Itxaso destacó, asimismo, que la regulación permitirá “desbloquear” bienes y activar suelos ya calificados para hasta 75.000 viviendas protegidas. Además, indicó Denis Itxaso, “incorpora un régimen sancionador ante infracciones y fraude, así como la prohibición de nuevas viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, apelando a la necesidad de la colaboración de todas las instituciones de Euskadi”. En esta materia, el Departamento ha anunciado que en 2026 surgirán distintos proyectos piloto que “permitirán aplicar de manera práctica las medidas de la Ley de Medidas Urgentes (LMU) y servir de referencia a los municipios”.
En conjunto, estos proyectos prevén movilizar en torno a 1.000 viviendas protegidas a través del “potencial inmediato” de la ley para desbloquear suelos y activar operaciones que estaban paralizadas, expuso el Departamento. Por otra parte, Denis Itxaso informó de que el Departamento ya ha recibido el diseño de seis proyectos de “levantes” sobre edificios residenciales del propio Departamento o de sus sociedades públicas, ubicados en Gasteiz, Bilbao, Leioa, Arrasate y Mutriku, con una primera previsión de 250 nuevos alojamientos dotacionales. Esta línea se apoya en fórmulas urbanísticas contempladas expresamente en la LMU para facilitar la tramitación municipal y consisten, básicamente, en construir dos nuevas alturas en bloques de edificios de viviendas públicas ya existentes.
Por su parte, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, subrayó el compromiso del municipalismo con el incremento de vivienda pública y la necesidad de aprovechar la nueva ley para acelerar operaciones y responder al tensionamiento residencial en municipios de diferentes tamaños y necesidades. No obstante, Apraiz señaló que la nueva norma “no va a solucionar de la noche a la mañana todas las necesidades de vivienda, pero sí puede contribuir a mejorar la situación en nuestras ciudades y pueblos”. Apraiz puso en valor la experiencia de “municipios pioneros”, como las declaraciones de zonas tensionadas o la movilización de viviendas vacías, que contribuyen al reto de la vivienda en el conjunto del territorio. l