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Los ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca tienen un serio problema. Deberían contar con 400 interventores, tesoreros y secretarios municipales, que son los encargados de fiscalizar y controlar la labor económica. Pero solo está cubierto el 30% de las plazas, lo que amenaza con retrasar los expedientes, contrataciones, los pagos y la concesión de subvenciones. Las principales instituciones vascas comparecieron este lunes de manera conjunta para anunciar una especie de plan de choque y dar a entender que están poniendo soluciones de manera coordinada.
Según denunciaron, se ha llegado a esta situación por la "excesiva judicialización” de las ofertas públicas de empleo y las bolsas de trabajo por dos vías, por intereses “corporativistas” de colectivos profesionales como el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, Cosital; y por intereses “partidistas” del PP, que ha recurrido sucesivamente al Tribunal Constitucional todos los intentos de blindar la competencia vasca en la normativa del Gobierno español. La consejera de Gobernanza, Maria Ubarretxena, recordó que el TC anuló la competencia porque se había vehiculizado a través de los Presupuestos estatales y no era la norma adecuada para ello. Una vez identificada la situación, Ubarretxena compareció este lunes con los responsables forales del área y con la presidenta de Eudel, la jeltzale Esther Apraiz, para anunciar medidas con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y evitar las interpretaciones judiciales que se están realizando. Según denunciaron , el choque comenzó en 2008 con el primer recurso a la OPE convocada, que finalmente vio la luz tras “años de litigio”. A partir de ahí, han sido recurridas las bolsas temporales, el proceso de estabilización de los interinos de 2022, y la OPE de 2024, que está suspendida de manera cautelar. Lo único que sigue vivo es el proceso de estabilización de 2022, que está recurrido pero no suspendido y ha permitido nombrar a 50 funcionarios y asignarles un destino. También queda en pie una parte de las bolsas de 2025.
El Gobierno Vasco está “ultimando nuevas bases” para dotar de mayor seguridad jurídica a las bolsas temporales, una orden que se publicará en los próximos días con la intención de realizar el examen antes del verano y cubrir plazas a partir de septiembre. A medio plazo, se va a elaborar un nuevo decreto para que el sistema sea más estable y claro, para que el reparto de atribuciones entre las instituciones sea más nítido y para “reforzar jurídicamente la competencia que ya tenemos”.
Situación más crítica en Gipuzkoa
Según datos del departamento facilitados a este medio de comunicación, por territorios, en Araba está cubierto el 45% de las plazas, el 31% en Bizkaia, y el 20% en Gipuzkoa, pero son datos previos al proceso de estabilización que mejorarán en las próximas semanas. Estos funcionarios, “de habilitación nacional”, son de tres clases en los ayuntamientos medianos y grandes (secretarios para garantizar la legalidad de los acuerdos municipales, interventores para controlar el uso del dinero público, y tesoreros para hacer los pagos y asegurar la liquidez). En los pequeños, solo existe la figura del secretario-interventor, que lo asume todo. En la comparecencia participaron también los diputados forales del área (Ager Izagirre, por Bizkaia; Irune Berasaluze, Gipuzkoa; y Laura Pérez, Araba).