“Es necesario actuar sobre quienes cometen delitos violentos y que la Ertzaintza acceda con facilidad a su identidad”

Actualizado hace 9 minutos

El lehendakari Pradales ha solicitado a Pedro Sánchez que la Ertzaintza pueda coparticipar en las labores de extranjería. ¿Se pone sobre la mesa simplemente para que la Ertzaintza, como Policía integral, asuma todas las gestiones relacionadas con la seguridad, o bien hay una intención de cambiar la forma de gestionarlo para ser más expeditivos o más duros con las expulsiones?

Si pensamos que el problema con algunas infracciones penales se va a resolver solo por la vía de la represión policial, no lo estamos abordando en su integridad. Y entiendo la pregunta pero, si empezamos esta entrevista hablando solo de extranjería, estamos dando a entender que esto se resuelve si la Policía consigue expulsar a algunos delincuentes. Y no es ese el asunto. Entre las personas que cometen infracciones, hay extranjeros y hay españoles, vascos y europeos. Entre los extranjeros, hay personas que lo hacen por necesidad, porque viven en la pobreza más absoluta; y hay quienes son delincuentes habituales. Y, entre quienes cometen delitos, hay gente que se dedica a robos y hurtos; y hay gente que usa la violencia y lleva armas blancas, sean nacionales o extranjeros. Si queremos evitar que vaya a más y se convierta en un problema social más gordo, es necesario que toquemos todas las teclas. Porque, si no, no lo vamos a resolver y corremos el riesgo de crear una sensación errónea de que delincuencia es igual a migración. Es necesario que actuemos de forma casi quirúrgica con las personas que mayor sensación de inseguridad provocan: las que recurren a la violencia cuando delinquen. Eso genera miedo. Lo que el lehendakari plantea es que la Ertzaintza, como Policía integral, pueda decir más de lo que dice actualmente. Significa, por ejemplo, que la Ertzaintza tenga facilidad para acceder a la identidad de las personas que investiga o detiene. Cuando se trata de personas vascas o españolas, no hay ningún problema para acceder a las bases de datos policiales y comprobar esa identidad. Cuando se trata de personas extranjeras, la Ertzaintza no tiene acceso directo a esas bases de datos, y tiene que solicitarlas a la Policía Nacional, y eso en muchas ocasiones retrasa las tareas de investigación y acusación, y complica la elaboración de los atestados con precisión. Es un impedimento para que la Ertzaintza pueda hacer mejor su trabajo y pueda aportar su información a los diferentes procesos de investigación o, en su caso, de expulsión.

Le insisto. Junts acordó con el Gobierno español que los Mossos sean quienes gestionen las expulsiones en los casos que sean evidentes: cuando esa persona tenga una orden de expulsión sin ejecutar o se encuentre en el Estado español de manera ilegal. ¿Esa es la competencia que quieren para la Ertzaintza?

Entre las personas que cometen infracciones graves, hay personas de nacionalidad española, europea y extracomunitaria. La expulsión se plantea para las personas que no son ciudadanas de la Unión Europea y han cometido un delito grave. Esa posibilidad está recogida en el Código Penal y corresponde a los jueces imponer la pena de expulsión. Pero, en el desarrollo normativo de la Ley de Extranjería, también existe la expulsión como sanción administrativa de la Policía española. El Gobierno Vasco piensa que la Ertzaintza tiene algo que decir en ese tema. Es la Policía integral de Euskadi. Habrá que ver cómo se puede articular y cómo se puede llegar a un acuerdo que sería positivo. Hay un compromiso de las dos partes de estudiarlo y poder llegar a algún acuerdo.

¿Tienen fecha para la Junta de Seguridad con el Gobierno español?

Dependería de que hubiera un acuerdo político en la comisión bilateral y, alcanzado el acuerdo, debería trasladarse a la Junta de Seguridad.

Pero, ¿han puesto un plazo límite, como sucede con los dos meses para la transferencia de los aeropuertos?

El lehendakari, en ese paquete de propuestas al presidente Sánchez, le propone que esté entre esos acuerdos que deberían ser tratados estos meses.

¿Se ha estudiado el procedimiento para encauzar esa competencia? En el caso de Junts, tiene el inconveniente de que hay que pasar por el Congreso, es una delegación de competencias que queda al albur de las mayorías…

Sí, sí, claro, es una competencia exclusiva del Estado. Entonces, hay que estudiar la forma en que es posible la incorporación de la Ertzaintza sin vulnerar el ordenamiento jurídico vigente. Al ser una competencia exclusiva del Estado, una vía sería la que se ha pactado con Junts mediante una delegación que debería ser aprobada en las Cortes españolas con una mayoría y, si no, hay una vía que también se puede explorar: si hay un acuerdo político entre los gobiernos, en el seno de la Junta de Seguridad se pueden estudiar formas de colaboración entre la Ertzaintza y la Policía Nacional que no exijan ninguna delegación competencial. Esto es lo que tenemos entre manos.

¿Por qué dijo el lehendakari que este acuerdo sería importante para abordar la multirreincidencia?

A algunas personas lo que más las asusta, más que ir a la cárcel, es la expulsión. Está planteado en la legislación española que, cuando esas personas sean de origen extranjero, puedan tener ese agravante o esa amenaza. Si queremos abordar de forma integral el problema que crean algunos delitos, sobre todo los más violentos y los que recurren al uso de armas, es bueno que tengamos un marco que contemple esta posibilidad. 

En la entrevista que concedió a Grupo Noticias en julio, usted dijo que, cuando se trata de ejecutar una expulsión, hace falta que el país de origen acepte a esa persona. Por tanto, tampoco sería la panacea…

Sí, tampoco es la garantía. Hay problemas para identificar a algunas personas, y hay países que no quieren recibir de vuelta a quienes se han significado por cometer delitos graves.

Usted decía que son unas 1.500 las personas sin arraigo en la comunidad autónoma. ¿Esas 1.500 son también las que se dedican a delinquir de manera profesional?

En absoluto. Estaremos hablando de 1.500 o 2.000 personas que viven en la pobreza extrema. No tienen dónde dormir, ayudas ni trabajo, y seguramente no tienen acceso a la educación ni permiso de residencia. Hay que atender a este colectivo socialmente para evitar que caigan en la delincuencia. Pero dentro de ese colectivo hay personas que, más que necesitadas, delinquen habitualmente, y con esas personas, sean de origen vasco, español, europeo o extranjero, hay que actuar de forma quirúrgica, identificarlas bien, y el que la hace la tiene que pagar. Sobre todo, cuando estamos hablando de delitos graves, con uso de la fuerza y la violencia, armas e intimidación. Hay que actuar con todos los medios que tengamos. Alguien me ha acusado de mezclar seguridad y migración, y no lo he hecho, porque estoy convencido de que no es lo que pide la sociedad vasca. Lo que pide es que seamos exigentes con quien no tiene voluntad de integrarse y se dedica a delinquir, y nos está pidiendo que actuemos con humanidad con la población que ha venido a vivir entre nosotros. La única forma de integrar a estas personas no pasa por la acción policial, sino por la integración con el trabajo, Formación Profesional o educación dual, poder regularizarlas, vivienda...

Pero hay voces que se preguntan por qué coinciden en el tiempo la publicación del origen de los detenidos y la propuesta de coparticipar en las expulsiones. ¿Por qué ahora?

Con la publicación del origen de los detenidos, la única diferencia que se ha producido es que antes hablaban de ello Vox y el PP con la información que nosotros les dábamos, y ahora el departamento ha decidido que no necesita de Vox y del PP para hablar de algunas cuestiones. Y, por lo tanto, hemos decidido facilitar a los medios de comunicación una información que puede ser relevante. Con la publicación de las tablas estadísticas y las notas de prensa, estamos dejando claramente establecido que aquí, entre la gente que comete delitos graves, hay gente de todos los orígenes, y no podemos cebarnos con algunos. Y, además del PP y Vox, la información la reclamaban bastantes medios de comunicación. Será tarea de esos medios decidir qué hacen con esa información.

¿Usted cree que se está haciendo un buen uso de la información? A la vista de lo que está ocurriendo, ¿se replantea esta medida?

El uso de esta información por parte de algunas fuerzas políticas es peligrosísimo. Ni yo ni el Gobierno ni el PNV estamos en esa pelea. Pero yo no les puedo negar esos datos. Hemos adoptado la decisión de ser transparentes y facilitar la información que no sea reservada. Y lo vamos a hacer. Con eso contribuimos a que haya una transparencia con los periodistas.

Hay dos ayuntamientos muy poblados, el de Bilbao y el de Barakaldo, que además están gestionados por el PNV, y que no comparten esta medida y no la van a aplicar. ¿Qué nivel de respaldo tiene ahora mismo este criterio dentro del PNV?

Yo respeto absolutamente los diferentes pronunciamientos. Cuando adoptamos esta decisión, éramos conscientes de que es un tema polémico e iba a generar debate. Alguien me puede decir por qué no buscamos un acuerdo. Porque era imposible. En Euskadi existe la Ertzaintza y existen 81 policías municipales. Y los ayuntamientos de los que dependen son de todos los colores: PNV, EH Bildu, PSE y PP. Y en la gobernación de algunos ayuntamientos están Elkarrekin Podemos y plataformas independientes. Nosotros no hemos pedido a nadie que se sume a esta decisión. Es una decisión del Gobierno Vasco para la Ertzaintza. Y la Ertzaintza no va a solicitar esta información a ningún ayuntamiento ni Policía municipal que no quiera darla. Y desde la aceptación de que es un tema polémico, yo respeto las decisiones que cada ayuntamiento vaya tomando. Ahora, yo asumo la responsabilidad de la decisión que hemos adoptado en el Gobierno.

El nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, ha anunciado que la semana que viene mantendrán un encuentro para hablar sobre esta cuestión. ¿Lo ha notado especialmente preocupado por esta medida?

Yo lo que he entendido es que, después de reunirse con el lehendakari, el nuevo Ararteko tiene intención de reunirse con representantes de todas las instituciones del país y con los departamentos del Gobierno. Después de la reunión con el lehendakari, vamos a tener un encuentro él y yo, donde hablaremos de todas las cuestiones que a él le parezca interesante plantear. Y creo que en su discurso de presentación ha dicho cosas muy interesantes sobre la importancia de preservar la democracia, los riesgos que tiene todo lo que sucede alrededor en la convivencia y, dentro de ese contexto, sí me ha manifestado su interés en hablar de esta cuestión.

Estaba pendiente desde el anterior mandato del Ararteko (Ibáñez de Maeztu en funciones) la petición de información que le hizo a su departamento. ¿Esta reunión es la continuación de ese proceso?

Yo llevo casi diez años como consejero del Gobierno, he mantenido una actitud de total respeto y colaboración con la institución del Ararteko, y no voy a polemizar a través de los medios de comunicación. Si el Ararteko de forma personal me plantea alguna cuestión, responderé de forma personal. No voy a hablar con el Ararteko a través de los medios de comunicación, y tampoco me gusta que la institución del Ararteko se dirija a mí a través de los medios de comunicación.

El Basque Segurtasun Foroa arrojará sus conclusiones a partir de julio. ¿Entre ellas puede haber una petición al Congreso de los Diputados para que endurezca la ley contra el porte de armas blancas? 

Esta es una cuestión que está saliendo en las reuniones del foro de seguridad y, por lo tanto, debe aparecer en las conclusiones y traducirse en propuestas concretas que llevaremos a un Plan de Seguridad. Es importante que se endurezca la legislación tanto en lo que respecta al porte y uso de armas peligrosas, como en los daños que se pueden causar a otra persona mediante el uso de la violencia, la intimidación u objetos peligrosos.

En la proposición de ley de la multirreincidencia que se va a aprobar en el Congreso, los jueces de refuerzo pasan de ser 10 a 20 en la comunidad autónoma. Y el Ministerio de Justicia ha anunciado 17 plazas de nuevas creación en la CAV. ¿Es suficiente para tener juicios rápidos?

Es un paso muy importante. Sin que eso se haya producido, gracias a la colaboración entre la Ertzaintza, las policías locales, la Fiscalía y la judicatura, hemos conseguido que se hayan celebrado más juicios rápidos el año pasado. No solo a la Ertzaintza, sino también a los jueces vascos y a la Fiscalía, les parece que la vía de los juicios rápidos es la forma más eficaz para hacer frente a la sensación de impunidad que puedan tener algunos por las personas que cometen delitos de forma reiterada.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria Jorge Muñoz

“Si en algún momento se produce un uso ilegítimo de la fuerza, voy a ser el primero en denunciarlo”

Después de ver el vídeo en el que se aprecia cómo Iker Arana recibe de manera directa un proyectil de la Ertzaintza en el desalojo del gaztetxe de Rekalde, usted dijo que las actuaciones de violencia ilegítima no tienen cabida en la Ertzaintza. ¿Era una reflexión general, o estaba diciendo que este caso tiene pinta de ser violencia ilegítima?

Yo no soy un juez ni soy el jefe de asuntos internos de la Ertzaintza. Por tanto, puedo tener mi opinión, pero yo no me voy a pronunciar sobre lo que se ve o no se ve en esas imágenes u otras que hemos visto de otros casos. No lo puedo hacer. Está en sede judicial. Yo lo que aseguro es que el departamento va a colaborar con la justicia aportando todos los datos que tiene en sus manos. Cuando hablé del uso de la violencia, en parte me estaba refiriendo a los acontecimientos de Rekalde, pero también a otros. Esta sociedad, porque el sistema democrático así lo plantea, ha dado a la Ertzaintza la legitimidad para el uso de la fuerza. Lo tiene que hacer solo en caso de necesidad, de forma progresiva cuando no tenga otro remedio, y de forma proporcional al hecho al que se vaya a enfrentar. Yo no voy a cuestionar en ningún caso el uso legítimo de la fuerza que la Ertzaintza hace y debe hacer ni en el caso del desalojo del gaztetxe de Rekalde, ni en los acontecimientos del 12 de octubre. Ahora, si en algún momento se produce un uso ilegítimo de la fuerza, voy a ser el primero en denunciarlo. Tenemos que ser muy exigentes con ese uso de la violencia como sociedad democrática que somos. Esa legitimidad que le hemos dado no le permite a ningún ertzaina hacer lo que no debe hacer.

¿Qué consecuencias pueden tener vídeos como ese en la imagen de la Ertzaintza?

Si se concluye que ha habido un uso ilegítimo de la violencia, la imagen que eso transmite no es buena y me preocupa. Por eso digo que debemos ser muy exigentes con el control del uso de la violencia.

¿Cuál es la situación laboral de ese ertzaina?

A los servicios de información de la Ertzaintza les ha correspondido identificar a ese ertzaina que presuntamente ha cometido ese disparo. No se pueden adoptar medidas disciplinarias hasta que no haya una sentencia judicial. A la espera de lo que dictamine el juez, a esta persona se le han aplicado medidas de carácter organizativo.

Tras las pintadas en contra de la Ertzaintza, en ámbitos sindicales han planteado una mayor colaboración con el departamento de Educación para que haya más visitas de las escuelas a la academia de Arkaute. ¿En qué punto está esta reflexión?

La Ertzaintza lleva años visitando los centros escolares que demandan ese servicio. Es un servicio muy requerido y muy reconocido. También es verdad que hay centros educativos que nunca lo piden, y probablemente habrá claustros a los que no les guste esta idea. Pero es una acción positiva que ayuda a entender cuál es la actividad de la Ertzaintza de forma global, y para que los agentes hablen a los alumnos del bullying, la violencia contra la mujer, o el consumo de drogas. Deberíamos llegar a más sitios, si es posible. 

Tienen pendiente la transferencia de la seguridad privada, y usted ya ha hablado de las cuestiones de extranjería pero, ¿hay alguna otra petición para ampliar las capacidades de la Ertzaintza?

La presencia internacional de la Ertzaintza y su acceso a bases de datos europeas. Son cuestiones que están comprometidas pero no cumplidas, y será un tema que plantearemos en la Junta de Seguridad.

Han activado un Plan de Empleo para alcanzar los 8.000 ertzainas. El primer paso es la OPE que acaba de empezar con 150 plazas ampliables a 473 , y han activado la promoción para seis intendentes. ¿Qué otros hitos contemplan?

El hito más importante que hemos alcanzado es el acuerdo con el 83% de la representación sindical para trabajar juntos. Todos los años habrá procesos de ascenso en todas las categorías para liberar puestos de agentes de base y, paralelamente, convocatorias con nuevas incorporaciones que ocupen esos puestos de base vacantes.