El TJUE obliga a computar para la pensión trabajos penosos realizados en otro Estado miembro

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que los Estados miembros deben tener en cuenta, para el cálculo de una pensión de jubilación, las ventajas específicas ligadas a trabajos especialmente penosos realizados en otro país de la Unión.

La sentencia, que sienta jurisprudencia en el conjunto de la UE, se refiere al caso de un ciudadano eslovaco que trabajó entre 1976 y 1995 como minero en Karviná, actualmente en República Checa, antes y después de la disolución de Checoslovaquia.

La legislación checoslovaca reconocía condiciones especiales para los mineros, que podían acceder a la jubilación anticipada a partir de los 55 años si acumulaban al menos quince años de trabajo en minas subterráneas.

Eslovaquia rechazó la pensión

Sin embargo, Eslovaquia rechazó en 2013 concederle esa pensión porque no computó parte del período trabajado en territorio checo tras 1992, cuando ambos países se separaron y la República Checa eliminó progresivamente ese sistema de clasificación laboral.

El TJUE recordó en un comunicado que las normas europeas de coordinación de la seguridad social buscan garantizar que los trabajadores "no pierdan el beneficio" de esas ventajas específicas "simplemente porque hayan hecho uso de su libertad de circulación trasladando dicha actividad a otro Estado miembro".

El trabajo en República checa cuenta

Por ello, consideró que los períodos trabajados en la actual República Checa debían tenerse en cuenta para calcular la pensión en Eslovaquia, ya que "corresponden al ejercicio" de la actividad de minero en estructuras subterráneas.

La corte europea precisó además que esa protección se aplica incluso aunque no exista un régimen especial de seguridad social separado del sistema general y aunque los períodos de cotización sean anteriores a la adhesión de ambos países a la Unión Europea.

La decisión final sobre el litigio corresponderá ahora al Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Eslovaquia, que planteó la consulta ante la justicia europea y tendrá que emitir un fallo en base a la respuesta de la corte con sede en Luxemburgo.