El Gobierno de Navarra no podrá personarse como acusación particular en el proceso abierto contra Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazo la petición que el Ejecutivo foral cursó el pasado viernes después de aprobar en una sesión extraordinaria la medida argumentando que al menos parte de las empresas citadas en el informe de la UCO han resultado adjudicatarias de obra pública y, por lo tanto, el Ejecutivo foral "ha podido ser víctima de los hechos que se están enjuiciando". En su petición el Gobierno que dirige María Chivite alega que "se han podido producir daños para la hacienda foral por la comisión de actuaciones ilegales en licitaciones públicas".
Sin embargo, el juez del Supremo no es de la misma opinión. En una providencia dictada este lunes, Leopoldo Puente, justifica su rechazo a la petición en que el escrito del Gobierno de Navarra no incluye los hechos concretos que convertirían al Gobierno de Navarra en víctima de la trama. El juez instructor señala que el escrito del Ejecutivo foral es "en extremo lacónico, omite efectuar referencia alguna a qué concretos hechos (y/o eventuales figuras delictivas), de entre los que conforman el objeto de la presente causa especial, determinarían la condición de víctima o perjudicado".
Trama con origen en Navarra
El informe realizado por la Guardia Civil apunta que la presunta trama conformada por Ábalos, Koldo y Cerdán actuó también en Navarra. Los agentes de la UCO sitúan a Cerdán como el origen de las mordidas a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra --su área de influencia-- y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.
El informe se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación de este trío fue fluctuando: en un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos --ya defenestrados-- le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.
Servinabar, en el centro
Los agentes encontraron en el registro realizado el pasado 10 de junio en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola un documento que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública. Los investigadores precisan que se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
El pasado miércoles, Ramón Alzórriz presentó su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra tras las investigaciones de la UCO. Alzórriz informó en una rueda de prensa de que su pareja ha trabajado en la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de las obras de los túneles de Belate y de la que, según ha trascendido, la UCO apunta que Cerdán era propietario del 45%.
Comisión de investigación
Además, este lunes la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han acordado dar trámite a la iniciativa para crear una comisión de investigación acordada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para revisar las adjudicaciones que ha realizado el Gobierno de Navarra desde 2011 a las empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil.
La creación de esta comisión se debatirá y votará en el pleno del próximo jueves en el Parlamento de Navarra.