Nuevo punto de giro en el contencioso que mantienen el Tribunal Supremo y los hijos de los nacionalizados por la llamada ley de nietos sobre si podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El penúltimo capítulo de este enredo se ha divulgado hoy con la resolución del alto tribunal por el que permitirá a los alrededor de 190.000 afectados ejercer su derecho al sufragio, a diferencia de sus padres.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha denegado las medidas cautelares que pedían Vox y de Iustitia Europea para extender la suspensión del derecho a voto a los nacionalizados por la ley de nietos, que decretó el pasado mes de septiembre a los hijos de éstos. Sin embargo, sí mantiene suspendido el derecho a voto de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española por medio de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática, salvo que hayan acreditado que son descendientes de exiliados.
En concreto son poco más de 189.000 las personas que se han nacionalizado por el supuesto de la Ley de Memoria sobre el que el TS tenía puesto el foco. El alto tribunal ordenó en septiembre excluir del censo electoral a más de 163.000 nuevos españoles que adquirieron la nacionalidad en virtud de una disposición adicional de la Ley de Memoria. Este precepto reconoce el derecho a la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Esa decisión dejó dentro del censo electoral a los hijos de quienes tienen el voto suspendido y que se han nacionalizado.
Consulados
El tribunal considera que adoptar una medida de estas características en plena cuenta atrás electoral comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso. Los magistrados destacan que la solicitud llega cuando ya ha transcurrido más de la mitad del calendario electoral y apenas quedan dos semanas para que comience el voto en los consulados.
La ley de nietos es una disposición legal que abrió la puerta de la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados por razones “políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Una instrucción posterior presumía dicha condición a quienes salieron del país entre 1936 y 1955, sin necesidad de documentar las razones del exilio. Son los nacionalizados a través de esta vía los que mantiene en cuestión el Supremo.
El Supremo deja claro en sus autos que no ha cambiado de criterio y reconoce que “si se cuestiona la inscripción” en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los progenitores (en torno a 163.000), “en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos”, que son incluso más: 189.678. Ahora bien, subraya que tiene “serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva” de la suspensión cautelar de su derecho a voto –si lo acordase– a tres semanas de las elecciones.
Estabilidad electoral
Aunque se reafirma en su decisión de suspender el voto a los nacionalizados, al evaluar la situación de sus hijos, advierte de que ya ha “transcurrido más de la mitad del periodo electoral” y estamos a “dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados”, para aquellos que estén fuera de España.
“Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA”, (el censo electoral de españoles residentes-ausentes) sumado a “los interrogantes” de la posibilidad material de ejecutar la eventual suspensión cautelar “en el breve lapso temporal existente” hasta el 29 de noviembre sería contraria a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral, señala la Sala. Por ello, “la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación” de la medida cautelar, pues estimarla podría derivar en una “perturbación grave de los intereses generales”, concluye el Supremo.
En cualquier caso, la Sala reitera que las decisiones adoptadas hasta ahora sobre los nacionalizados con la ley de nietos buscan “garantizar la seguridad jurídica”, la “pureza o certeza del censo electoral” y de los comicios, y vuelve a criticar al Gobierno por tardar “más de mes y medio” en facilitar el número de afectados.