La Corte Suprema de Brasil volvió a negar la prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por tramar un golpe de Estado, porque en la cárcel ya recibe toda la atención necesaria para tratar sus problemas de salud, según el fallo divulgado este lunes.
El magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso en el Supremo, denegó así "la concesión de prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro", solicitada por sus abogados por motivos "humanitarios".
La defensa alegaba que el líder ultraderechista sufre múltiples dolencias crónicas, entre ellas crisis de hipo y apnea grave del sueño, por lo que, a su juicio, reúne las condiciones para cumplir en casa la pena de 27 años de cárcel dictada en su contra.
Sin embargo, De Moraes defendió que Bolsonaro recibe "atención médica continua y permanente", realiza "sesiones de fisioterapia y actividades físicas" y tiene "asistencia religiosa integral y visitas permanentes de su esposa, hijos, abogados y terceros".
En este contexto, no observó, al igual que la Fiscalía, "la concurrencia de los requisitos excepcionales para la concesión de prisión domiciliaria humanitaria".
Además, recordó los reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas a lo largo de la causa, como "los actos concretos de tentativa de fuga, incluido el rompimiento del monitoreo electrónico".
Y citó el resultado de la pericia médica oficial, que concluyó que el centro penitenciario donde está recluido, en Brasilia, está plenamente adecuado a las necesidades médicas de Bolsonaro, de 70 años, "con absoluto respeto a su salud y a la dignidad de la persona humana".
En este sentido, señaló que en las últimas semanas, Bolsonaro recibió atención médica en "144 ocasiones", además de "13 sesiones de fisioterapia", "33 de actividades físicas" y una "amplia asistencia religiosa", entre otros derechos.
Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por "liderar" una trama golpista integrada por militares y antiguos ministros, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El capitán retirado del Ejército empezó a cumplir la condena a finales de noviembre, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, después, en un complejo penitenciario de la capital brasileña.