El pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones por una amplia mayoría, tras el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para que salga adelante.
Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ochos años, una amplia mayoría parlamentaria aprobó el pasado mes de junio en el Congreso la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 que aumenta las garantías jurídicas de los trabajadores penitenciarios, tanto de sus funcionarios como del personal laboral, y hoy el Senado ha hecho lo propio.
El texto aprobado por el Congreso ha llegado al Senado sin ninguna enmienda, por lo que la cámara alta ha aprobado con 244 votos a favor y tan solo siete en contra y dos abstenciones la misma modificación legal, que, al reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, se añade protección jurídica a sus actuaciones.
Agentes de la autoridad
El senador del PP José Manuel Hernando ha celebrado que esta ley ponga término "a un periplo parlamentario que alcanza ocho años" y que "por fin asignará a los vigilantes un estatus legal superior y protegido frente a los vigilados".
Pese al acuerdo alcanzado entre los dos principales partidos para que salga adelante esta modificación legal en ambas cámaras, el senador del PP ha arremetido contra la "lamentable gestión penitenciaria achacable al Gobierno" de Pedro Sánchez, a la par que ha criticado el "puro filibusterismo parlamentario" del PSOE "al servicio de la anti-democracia" y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Desde Vox, el senador Javier Valentín Alonso ha subrayado que es un paso "necesario pero insuficiente", ya que "no basta con el reconocimiento legal" si las plantillas no están dimensionadas, mientras que ha acusado al Gobierno de haber "mirado hacia otro lado" y al PSOE de "denigrar" a los funcionarios.
Por su parte, el senador socialista José Manuel Franco ha insistido en que ha sido el Gobierno de su partido el que ha promovido y aprobado esta reforma, que es "un avance absolutamente imprescindible para ese gran trabajo que hacen los funcionarios de prisiones", y ha llamado a "celebrar la aprobación de esta reforma".
Además, ha instado a la bancada popular a "estar en el camino para aprobar leyes", y les ha reprochado que hayan propiciado este debate en el pleno del Senado habiendo podido ser aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Unas críticas a las que se ha sumado la senadora por Izquierda Confederal Carla Delgado, quien ha calificado de "oportunismo trilero" el retraso en la aprobación de esta reforma "con el objetivo de criticar al gobierno socialista".
El único grupo que no ha apoyado esta medida ha sido Izquierdas por la independencia. Así, el senador de ERC Joan Queralt ha expresado su preocupación por "la vulneración de la presunción de inocencia de los presos" ante el principio de veracidad que se le otorga al funcionariado penitenciario.
Desde el Grupo Nacionalista Vasco, la senadora Nerea Ahedo ha apoyado "una ley que mejora la protección jurídica en las prisiones", aunque avisa que la conflictividad en las prisiones "no se va a resolver con esta ley solamente".
Y el senador de Junts Joan Bagué ha criticado las 146 prórrogas de una ley "necesaria".
Por su parte, la senadora de UPN María Mar Caballero ha celebrado que las agresiones contra los funcionarios que desarrollan esta "labor necesaria" tenga una "respuesta penal contundente", mientras que el senador de Vox Javier Alonso ha calificado como "un paso necesario" ante las 529 agresiones producidas en 2025.
Los funcionarios de prisiones, en el Senado
Una veintena de representantes sindicales de los funcionarios de prisiones han seguido desde la tribuna del Senado el debate de esta ley, que previsiblemente se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado, y varias decenas de miembros de ACAIP-UGT han exhibido en el exterior del edificio una pancarta con el lema: "Agentes de la autoridad. No es privilegio, es justicia".
Además, durante la sesión de este miércoles se ha recordado a Nuria López, la funcionaria de prisiones que fue asesinada en la cárcel Mas d'Enric de Tarragona a manos de un interno en marzo de 2024.
En un comunicado, CSIF ha celebrado la aprobación de esta reforma legal tras un "acuerdo transversal y de Estado" entre PP y PSOE, y la consecuencia de "discretas, intensas y complejas negociaciones" encabezadas por el sindicato para "tender puentes" entre ambos partidos.
"Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas", agrega el sindicato en el comunicado.