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José Luis Ábalos renunció este miércoles a su acta de diputado en el Grupo Mixto en el Congreso y su movimiento altera decisivamente la correlación de fuerzas en la Cámara baja en la que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una mayoría muy ajustada para aprobar sus medidas y mantener la gobernabilidad. El exministro de Transportes abandona definitivamente la Cámara baja y será sustituido por la siguiente en la lista del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, actual alcaldesa de Llaurí. En abril de 2021 dio positivo en un control de alcoholemia y aceptó pagar una multa de 960 euros y la retirada del carnet de conducir durante 8 meses.
La renuncia del exnúmero tres del PSOE tiene una consecuencia no menor en el resultado de las votaciones en el Congreso. ya que el PSOE recupera un escaño que estaba en suspenso tras la entrada en prisión de Ábalos y que se sumará al bloque de investidura que apoya a Pedro Sánchez en el Congreso. Es un voto muy relevante ya que la abstención de Junts le valdría al Gobierno español para sacar adelante sus medidas, mientras que hasta ahora necesitaba el apoyo expreso de los de Carles Puigdemont. En paralelo, Podemos, que esta semana ha pactado con el Gobierno español la regularización exprés de medio millón de migrantes, sale aritméticamente fortalecido porque sus cuatro votos se convierten en imprescindibles para permitir o no la gobernabilidad de Sánchez.
El movimiento del exministro también tiene una derivada judicial de calado. Con la pérdida del escaño, el encausado deja de ser aforado aunque continuará siendo juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas, previsiblemente en el mes de abril. Como consecuencia, este tribunal perderá la competencia para instruir la pieza separada por los presuntos amaños en obra pública que implica también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ahora afrontará un largo proceso en la Audiencia Nacional, menos ágil a la hora de instruir que el Tribunal Supremo por la acumulación de causas que manejan los juzgados centrales de instrucción.
No ocurrirá lo mismo con el juicio por las presuntas comisiones por los contratos de mascarillas en pandemia, previsiblemente en el mes de abril. La competencia para el enjuiciamiento la fija el auto de apertura del juicio oral, que el magistrado del TS Leopoldo Puente dictó el pasado 11 de diciembre, por lo que a partir de ese momento, el Supremo se aseguraba ya la competencia del procedimiento de cara al juicio, independientemente de los pasos que diera Ábalos, como renunciar al acta de parlamentario.
Sin embargo, tras la renuncia del escaño, el Supremo se queda sin aforado que arrastre la competencia para investigar la pieza de las mordidas por adjudicación de obra pública, en la que también se encuentra investigado Santos Cerdán y en consecuencia, esta otra pieza se derivará a la Audiencia Nacional.
Un proceso más largo
Las defensas de Ábalos, Cerdán y de Koldo García no descartan plantear también la pérdida de competencia de la pieza principal en la audiencia preliminar que celebrará el Supremo el próximo 12 de febrero. Dicha vista está prevista para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio Ábalos y su exasesor Koldo por los contratos de mascarillas, cuyo inicio se baraja para abril.
Ábalos no solo afrontaba la petición de una pena de cárcel de 24 años por parte del fiscal en el juicio por los contratos de mascarillas en la pandemia, sino que Anticorrupción también solicitaba inhabilitarle por delitos, como el de cohecho o tráfico de influencias.
La decisión de Ábalos se produce meses después de que su primer abogado le recomendase dejar el acta en el Congreso para ganar tiempo y trasladar toda la causa a la Audiencia Nacional, donde los tiempos se dilatan. En un mensaje en X, el exministro afirma que, en su actual situación procesal considera que no puede continuar en el escaño y se centrará en ejercitar su “derecho de defensa y el amparo” de su inocencia.